EL REVES DE LA TRAMA

Los españoles que no quieran pagar impuestos en protesta por el trato desigual del Gobierno a las autonomías, según la despensa de votos que Zapatero presume que hay en ellas, están de enhorabuena. También están de enhorabuena los padres que no quieren que sus hijos sean adoctrinados y objetan la asignatura Educación para la Ciudadanía. Están de enhorabuena igualmente los fumadores que decidan no respetar los lugares libres de humo, y en mala hora los no fumadores. Si la vicepresidenta del Gobierno impone su solución para enfrentarse al incumplimiento de la ley, se acabará con la obligación y las sanciones, que serán sustituidas por la más vistosa y más progre política del convencimiento.

Lo dijo Fernández de la Vega nada menos que en el Parlamento, así que su frase ha quedado impresa en el Diario de Sesiones que verán los siglos a modo de lema esculpido en el frontal marmóreo de este Gobierno, que tan bien va a tratar a los disidentes. «No se es más patriota por imponer, se es más patriota por convencer». Es verdad que antes la vicepresidenta también había dicho que «el Gobierno cumple y hace cumplir la ley siempre, con todos los medios del Estado de Derecho», pero todos sabemos que esto no es así, y en primer lugar lo sabe la propia vicepresidenta, pues eludió precisar al diputado de la oposición Angel Acebes si va a obligar a los alcaldes socialistas a izar la bandera de España en sus ayuntamientos y si va a denunciar ante el juez el incumplimiento de la ley.

Como es habitual en las respuestas parlamentarias del Gobierno, la culpa de lo que pasa es del Partido Popular, que además lo hizo todo peor, dónde va a parar, cuando gobernó. Los miembros del Gobierno y aledaños cumplen a rajatabla una consigna, y ay de quien se salga del carril, que consiste en incriminar a los populares con el fin de convertirlos en los culpables y réprobos de nómina. La consigna la obedece ya sumisamente hasta Pedro Solbes, que no desmiente con ello el título de mejor ministro del Gobierno que yo le aplicaba, porque era un término comparativo, pero que deja en muy mal lugar su memoria, pues afirmar que en 2004 se encontró vacía la despensa del Estado es tan falso -los datos económicos son incontestables- como lo de que aquí se obliga a todos a cumplir la ley.

Esa pueril pero aviesa táctica coreada del tú más provoca ya reacciones de hilaridad, porque hasta un niño sabe qué va a decir el Gobierno del próximo problema con el que se tope. Y además no oculta las graves dejaciones de los obligados a velar por la fuerza de la ley. Ante la ley justa (otro asunto es la objeción ante la ley injusta), un gobernante sólo tiene una respuesta posible: que se cumpla. Eso es precisamente el Estado de Derecho, tres palabras que algunos pronuncian engoladamente segundos antes de olvidar su significado. No hay Estado de Derecho ni sistema justo si el Gobierno se muestra muy celoso y rígido con algunos -como con los padres que defienden la libertad de educación y el derecho de sus hijos a no ser manipulados, a quienes niega la objeción que a otros se regala- pero permisivo y tierno con otros -como con quienes esconden la bandera española con intención o por acobardamiento y con quienes queman la foto del Rey ante la inhibi-ción decretada de la Policía-. El Estado de Derecho es una cosa muy seria aunque muy frágil. Se debilita cuando los gobernantes pasan de cumplir la ley, aunque disfracen su talante abandonista de progresismo cheli (que diría Umbral). Y en esas estamos.

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