Reggio

Publicado originalmente por la FSE

Conferencia de Rodolfo Benito, presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO., pronunciada en Valencia el 27 de septiembre.

El actual escenario socioeconómico está presidido por dos cuestiones centrales: de un lado, las fuertes turbulencias financieras que desde mediados del mes de agosto recorren las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea, fundamentalmente por sus posibles consecuencias en la economía real; de otra, por el debate abierto en España en torno a las políticas sociales. Pero, sin duda, a estas dos importantes cuestiones también hay que añadir un elemento, en mi opinión central por su carácter estructural, que tiene que ver con las relaciones sociolaborales. Una cuestión que no está al margen ni de lo económico-financiero, ni de lo social; que afecta al mundo del trabajo, por tanto, también a lo más real de la economía, y que está influyendo, y no precisamente de manera positiva, en el modelo laboral tradicional.

Precisamente en el terreno económico, la Confederación Sindical Internacional, en un reciente informe, alerta sobre el cada vez mayor grado de financiarización de la economía y de sus efectos. La financiarización denota el creciente dominio de la actividad financiera sobre el total de la economía, una situación en la que los mercados financieros acaban por determinar el estado de la economía en general y en la que las demandas financieras dictan el comportamiento de las empresas. Esto significa que es lo que sucede con los tipos de interés -de ahí la importancia de los Bancos Centrales y las dudas más que razonadas con su nivel de autonomía- y con los precios de las acciones, lo que determina cada vez más los ciclos económicos, y que las cuestiones financieras y quienes las difunden, influyen cada vez más en las estrategias empresariales. En síntesis, es el predominio de las actividades financieras por encima de la producción de bienes y servicios.

La financiarización es el rostro actual del capitalismo y en el plano empresarial está vinculada al enfoque del "valor de las acciones" en la gobernanza empresarial. El objetivo no es otro que el de que las acciones valgan el máximo en el menor tiempo posible, y no el de conseguir beneficios sostenidos en el medio y largo plazo. Por tanto, para acrecentar el precio de las acciones, se emplean lógicas exclusivamente financieras.

El nivel de financiarización que está alcanzando la economía, las estrategias que se vienen desarrollando, no es algo que pueda estar al margen del análisis del movimiento sindical, ya que incorpora riesgos más que evidentes para el empleo y las relaciones laborales sólidas.

Me remito a lo sostenido en este informe, precisamente cuando asistimos a importantes incertidumbres sobre los efectos en la economía real de las turbulencias financieras generadas por las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.

Habrá que esperar a los primeros días de octubre para, disponiendo de un mayor nivel de información, poder estimar esos efectos, conociendo cuál va a ser la evolución del mercado de trabajo en septiembre, y para conocer también, una vez que los bancos europeos presenten las cuentas del tercer trimestre de este año, el grado de implicación de éstos en esos productos financieros de baja calidad y, por tanto, los efectos que esto puede tener en el encarecimiento del crédito, lo que afectaría negativamente a la inversión y al consumo.

En todo caso, estamos hablando de una ralentización del fuerte ritmo de crecimiento de la economía española, que ya se inició en el segundo trimestre de este año por el menor ritmo de la construcción, que ciertamente podría verse afectado por un menor crecimiento de la zona euro, aunque las previsiones de la OCDE tan sólo han reducido una décima la previsión de crecimiento de la misma -del 2,7 por ciento al 2,6 por ciento. En el caso de España todos los análisis coinciden que en 2007 se llegará a un crecimiento del PIB del 4 por ciento, y se espera que para 2008 se sitúe en torno al 3 por ciento.

Pero para hablar de recesión en economía tiene que producirse durante tres trimestres consecutivos un crecimiento negativo del PIB. Nada, por tanto, que ver con la realidad actual. Si siguiéramos el "criterio Zaplana" de que España ahora está en recesión, llegaríamos a concluir que en el período 2000-2004 nuestro país se vio inmerso en una profunda recesión económica, ya que el PIB creció entre un 2,7 en 2002 y un 3,6 en 2001; es decir, por debajo del 4 por ciento. Y es que el catastrofismo para todos los órdenes de la vida es un mal compañero de viaje.

Pero sin caer en el otro extremo, sí conviene señalar que el actual escenario se da en el mejor momento de las finanzas públicas desde la transición democrática, con un superávit del 1,8 por ciento del PIB. Es decir, a priori, capacidad de respuesta parece que existe.

Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y, a partir de éstos, los de las Comunidades Autónomas, que gestionan una parte muy importante de los recursos del Estado, deben incidir en cuestiones de carácter muy estructural, prioritarias para la economía española, que tienen que ver con el modelo de crecimiento económico, cuestión ésta sobre la que se viene alertando desde hace tiempo, haciendo una apuesta por la economía productiva e industrial tecnológicamente avanzada; sobre el empleo, desde una concepción integral del mismo, partiendo además de que una parte muy importante de los niveles insoportables de temporalidad que padecemos están precisamente vinculados a un modelo excesivamente dependiente de la construcción y de los servicios, aunque también de una cultura empresarial que tiene asumida la temporalidad como un elemento que determina una presión a la baja sobre el factor trabajo, a lo que hay que añadir el hecho de que en nuestro país existe una estructura empresarial dominada por la muy pequeña empresa.

Pero, con el mismo énfasis, los Presupuestos Generales del Estado deben contemplar políticas de avance y consolidación en el terreno de los derechos sociales, que garanticen, además del mantenimiento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, la no pérdida de poder adquisitivo por la vía de las transferencias públicas.

Modelos de crecimiento

Uno de los elementos básicos para el modelo de crecimiento, determinante para el cambio de patrón, radica en la intensidad de la investigación. En España se invierte poco, a pesar de los avances que ciertamente se han producido, y se invierte mucho menos por parte de las empresas. Se invierte la mitad que en Europa, proporción que, en el caso de las empresas, es cuatro veces menor. Las empresas con un alto nivel de inversión en Europa invierten seis veces más de lo que lo hacen las empresas españolas.

La experiencia dice además que aquellas empresas que son capaces de innovar, luego tienen una ventaja importante a la hora de desarrollar nuevos proyectos que afectan no sólo a los productos, sino también a los modos de producir, orientando las políticas, no hacia la presión a la baja de los costes laborales, sino a la generación de un mayor valor añadido.

Al igual que hay una evidencia cada vez más constatada: que crecimiento y desarrollo están cada vez más vinculados a la inversión en educación y formación, y ésta, sostenida durante al menos toda la vida laboral. Los países con más dificultades en el mundo son los que invierten poco en estas materias, y los más vulnerables dentro de cada país, son aquellos que no tiene acceso a la educación.

Estas reflexiones, evidentemente no cuelgan del vacío. Cuando abordamos el necesario cambio en el modelo de crecimiento, se plantea la necesidad de convertir la inversión en desarrollo tecnológico, y éste en crecimiento, arrinconando las tesis del beneficio rápido y a cualquier precio.

Por el contrario, lo mejor para tener una economía altamente vulnerable a las crisis financieras, es tener un mercado de trabajo precario y una distribución de la renta muy desigual. De forma que, ante situaciones de incertidumbre como la actual, las ligeras desaceleraciones del consumo y la inversión puedan suponer un incremento muy relevante del desempleo y una significativa contracción del consumo, que incremente la sensación de inseguridad económica y, por tanto, genere una bola de nieve recesiva. Éste es el claro nexo de unión entre ambas cuestiones que monopolizan el debate público.

Yo soy de los que cree que en esta legislatura se han impulsado medidas de amplio calado social. Citaré dos de éstas: la ley de igualdad, que requiere de un importante desarrollo en las empresas y de una especial implicación sindical, y la Ley de Dependencias, que cubre un espacio en el que nuestro país presentaba un enorme déficit, y cuya materialización, sin duda más lenta en su ejecución de lo que inicialmente se preveía, va a tener un positivo impacto, además, en el empleo. Precisamente en un campo en el que presentamos también un serio déficit con relación a los países centrales de la Unión Europea, como es el de los servicios a las personas.

Hemos asistido desde el mes de julio a tres importantes iniciativas sociales en la atención a las familias con hijos; en la sanidad y en la vivienda: una ayuda por hijo de 2.500 euros, que se estima que beneficiará a casi medio millón de familias; la atención buco-dental, gratuita para niños/as entre 7 y 15 años, que afectaría a unos 800.000 menores; y ayudas al alquiler de 210 euros mensuales y desgravaciones fiscales para los inquilinos, que llegarían a afectar a un millón de personas, fundamentalmente jóvenes.

Medidas sociales que, en mi opinión, sí tienen una carencia, al margen de si son o no limitadas, ésta es, la de no plantearlas de manera integrada en el diseño de un modelo social, el español, que, todavía y a pesar de los avances, presenta importantes déficit, realizando otro tipo de propuestas también de carácter social, que se deben materializar en el tiempo.

Ahora, esta reflexión, de donde se aleja es de esas voces que tildan estas propuestas de electoralistas. ¿Porque? ¿qué tiene de negativo que las fuerzas políticas planteen abiertamente en el debate político previo a una elecciones, medidas que permitan avanzar en la consolidación del incompleto estado del bienestar de nuestro país?, ¿qué tiene de negativo que estas medidas se planteen por un gobierno en el marco de la legislatura, aunque en el horizonte inmediato estemos ante una convocatoria de Elecciones Generales, cuando la distribución primaria de la renta entre capital y trabajo en España, en los últimos años ha sido claramente beneficiosa para el primero, que ha pasado de representar el 45 por ciento del PIB al 47,3 en el período 2000-05?

Un debate que, sin embargo, no se da cuando se trata de acometer recortes, estos sí, bajo el eufemismo de "ajustes necesarios para la economía", o el más rebuscado todavía de "optimización de recursos".

Hay que subrayar que España es un país con un sistema de negociación colectiva muy descentralizada, cuya reforma inmediata es compleja por falta de acuerdo entre sindicatos y organizaciones empresariales. Esta fuerte descentralización supone que aquellos trabajadores con menor poder de negociación -trabajadores/as de pymes, precarios, de menor cualificación, jóvenes, mujeres, inmigrantes- han visto como sus salarios, posteriormente me detendré más en ello, perdían poder adquisitivo.

Por tanto, parece normal que en un escenario de crecimiento del PIB del 4 por ciento -una de las mayores tasas en los últimos años- y con un superávit público del 1,8 del PIB -algo nunca visto en la economía española- un Gobierno como el actual quiera aumentar la función del Estado como redistribuidor de la renta, incrementando las transferencias sociales. Es que, de no realizarse, sería una exigencia.

Sobre todo teniendo en cuenta que España es el tercer país en desigualdad en el reparto de la renta de la UE-15, y que nuestro Estado del Bienestar es mucho menos eficaz, porque tiene menos recursos para reducirla. Las transferencias sociales de España reducen la desigualdad en un 20 por ciento, mientras que en otros países europeos como Suecia, Bélgica, Alemania, Noruega, Dinamarca, sus políticas sociales son capaces de reducirla entre un 35 y un 42 por ciento.

Por ello, cuando se produce un debate de estas características, pone en evidencia que las legislaturas 1995-2003 no pasan en balde, y si, además, está acompañado de expresiones como "regalos a los contribuyentes" o "políticas del gratis total", cuando menos, producen estupor, por no utilizar otro adjetivo. Al menos que yo sepa, una parte fundamental de los ingresos del Estado vienen de las rentas del trabajo, por tanto, haríamos bien en desterrar esas expresiones que no esconden sino descalificación. Me quedo para este debate con las palabras del primer Ministro de un país nórdico, que se extrañaba del debate sobre los impuestos en España y que decía: "en mi país el debate político no se plantea en términos de cuál es el volumen de impuestos que estamos dispuestos a pagar, sino de qué prestaciones sociales queremos recibir".

Unas adecuadas políticas públicas de vivienda, educación, sanidad, I+D+i y de fomento del empleo de calidad, así como de regulación adecuada de los mercados financieros, permitirán que España afronte su imprescindible modernización tecnológica, social y medioambiental de forma que se situé entre los países más avanzados del siglo XXI. Además, éste es el mejor antídoto contra las crisis financieras que son propias de países donde los especuladores campan a sus anchas.

Precisamente en esa dirección es en la que radica la importancia estratégica del modelo de crecimiento económico, que presenta carencias que se pueden apreciar en dos indicadores muy relevantes: Empleo y salarios.

En nuestro país nadie duda, incluso los más catastrofistas, de la fuerte creación de empleo habida, pero, a la vez, también hay que subrayar que se ha producido una pérdida de los salarios en el reparto de la renta nacional, éstos pasaron de pesar un 55 por ciento en 2001 a un 52,3 en 2005; mientras, en coherencia con estos datos, los beneficios han pasado del 45 al 47,7 por ciento en este mismo período.

Es conveniente señalar que es la primera vez que se da este fenómeno contradictorio, y que ello no es debido a la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sino a que la creación de empleo ha tenido lugar, principalmente, en sectores de bajos salarios.

Así, el empleo en sectores de menos de 11 euros la hora ha pasado de representar el 55,4 por ciento del total en 2001, al 59 por ciento en 2006. Al igual que hay también que subrayar que de cada seis empleos creados entre 2001-2006, dos se crearon en el sector de la construcción y actividades inmobiliarias, y algo más de dos también en los sectores del comercio, la hostelería, los servicios domésticos y otras actividades sociales.

La Comunidad de Madrid, que es en mi opinión el paradigma de este modelo de crecimiento insostenible socialmente, tiene ya en la actualidad más trabajadores en el servicio domestico que en el sector industrial.

Por tanto, hemos de convenir que los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo -jóvenes, mujeres e inmigrantes principalmente- lo hacen con salarios más bajos en la medida en que se incorporan a sectores con baja tasa de cobertura de la negociación colectiva, con muy altos índices de temporalidad y precariedad laboral, y en un marco de individualización de las relaciones laborales cada vez más preocupante.

Estas cuestiones, junto a reforzar los ejes que en mi opinión deben priorizar las políticas económicas en nuestro país y que antes se han descrito, exigen también de una reflexión sindical a fondo. Los sindicatos no debemos hacer un discurso autocomplaciente, y menos de repliegue, en el sentido de que la negociación colectiva no está suponiendo una merma del poder adquisitivo de los salarios, ya que, siendo eso verdad, sólo lo es para los trabajadores que ya están dentro del mercado de trabajo, no para los que se incorporan.

Como tampoco podemos quedarnos exclusivamente en un discurso macroeconómico sobre la necesidad de cambiar el modelo productivo basado en bajos salarios, con ser eso cierto, ya que si nos limitamos a ese discurso nos situaríamos al margen del proceso por el cual se acuerdan los salarios, la disputa entre capital y trabajo.

De estos apuntes saco tres primeras conclusiones para el debate: la primera, que aunque parezca una obviedad voy a plantear: los sindicatos son un agente fundamental en el proceso de determinación de los salarios. En segundo lugar, en los sectores de bajos salarios los bajos niveles de cobertura de la negociación colectiva, y muchas veces los reducidos niveles de afiliación sindical, sólo pueden ser un acicate para reforzar la función principal de los sindicatos, organizar a los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y, en tercer lugar, en caso contrario hay riesgos más que evidentes de un desencuentro entre los nuevos trabajadores y las estructuras sindicales.

Pero estas reflexiones no están al margen del proceso de transformación en la empresa de los espacios de regulación de las Relaciones Laborales al que venimos asistiendo.

Ciertamente hay riesgos de mercantilización de las Relaciones Laborales, de debilitamiento del derecho laboral; riesgos que se sustentan sobre la tesis que tiene perfectamente acuñada el neoliberalismo, y que supone la culpabilización del derecho del trabajo, en definitiva, de un sistema de derechos y garantías frente a las evoluciones negativas del empleo.

Efectivamente asistimos a un profundo cambio en materia sociolaboral, que va de la mano de un proceso de extensión y consolidación de la descentralización productiva como forma organizativa empresarial, que, como bien sostiene el Profesor Baylos, se está convirtiendo en una cultura muy arraigada empresarialmente.

Un proceso de descentralización productiva vertical y muy jerarquizada a través de procesos de subcontratación, y horizontal a través de lo que venimos denominando empresas en red.

Descentralización productiva que se produce también a través de las empresas de trabajo temporal y de las empresas de servicios, realidades éstas ante las que el movimiento sindical tiene que repensar nuevas estrategias sindicales muy vinculadas a la empresa y al sector receptor de estos trabajadores, así como nuevas fórmulas organizativas, que tienen que ser flexibles para que sean útiles, para que se ajusten a la realidad laboral y productiva de cientos de miles de trabajadores, y que no pueden quedar encorsetadas en fórmulas organizativas clásicas y muy poco útiles .

Descentralización que también tiene que ver con el teletrabajo y el trabajo a domicilio, y que tiene como último eslabón de la cadena al trabajador autónomo económicamente dependiente, lo que, de no establecerse criterios correctores, supondrá un proceso de deslaboralización de colectivos crecientes de trabajadores.

Por tanto, estamos ante nuevos diseños organizativos -en algunos casos y en sectores ya no tan nuevos-, que afectan a la organización del trabajo, que, como consecuencia, están afectando al modelo laboral tradicional. Y es la fragmentación del mercado de trabajo una de sus primeras consecuencias, creándose dos grandes colectivos: trabajadores con derechos y trabajadores precarios. Con el riesgo añadido de que los precarios queden suspendidos en el vacío.

Precariedad laboral que no sólo afecta a quienes tienen un contrato temporal, sino también a quienes tienen un contrato de carácter estable, aunque, sin duda, más a los primeros. Precariedad que no es sino la falta de derechos consustanciales al contrato de trabajo.

Precariedad laboral que es un factor determinante en la individualización de las relaciones laborales y que está influyendo negativamente en la negociación colectiva y en su grado de cobertura; en las condiciones de trabajo; en el conflicto propiamente dicho y en el derecho de huelga, es decir, en todos aquellos elementos que configuran el núcleo central de la libertad sindical.

La individualización de las relaciones laborales, que no tiene por qué ser concebida como algo imparable, pero que sí incorpora amplias zonas de riesgo, que van desde ese cierto debilitamiento de la negociación colectiva, tanto en cobertura como en los contenidos de los propios convenios colectivos, hasta la existencia de un cierto riesgo también de exclusión de la acción sindical de amplias zonas de trabajadores, precisamente los más precarizados, los que más requieren de la acción y tutelaje del propio sindicato.

Pero lo que en ningún caso podemos obviar, porque tiene que ver y mucho con este proceso, es la presión brutal que viene ejerciendo el mercado global, la propia irrupción de la empresa global, así como esa cierta pérdida de poder contractual del movimiento sindical, y una reducción también del poder del Estado-Nación, por tanto, el incremento del poder de las empresas sobre los países, sobre los propios sindicatos, y que afecta directamente a los ciudadanos.

Y me detengo, por su cada vez mayor trascendencia, ante el desafío que supone para los sindicatos la empresa global, que implica la necesidad de que la defensa de los derechos de los trabajadores trascienda también y adquiera una dimensión global. El establecimiento de nuevos espacios de actuación e intervención sindical, así como el establecimiento de estrategias sindicales comunes entre las distintas organizaciones sindicales presentes en esta nueva configuración de la realidad empresarial, son las principales herramientas para hacer frente a este desafío.

Porque, aunque es cierto que uno de los mayores problemas que aquejan a nuestro mercado de trabajo es el modelo de crecimiento, cierto es también que el actual proceso de globalización, tal y como está concebido, está derivando hacia un proceso de pérdida de derechos de los trabajadores, y de capacidad contractual de los propios sindicatos, cuestión ésta en la que vengo insistiendo, y que se convierte en uno de los retos prioritarios que los sindicatos tienen que abordar. Y ello exige definir con claridad una dimensión transnacional de los objetivos sindicales y, como consecuencia, de la propia acción sindical.

Modelos de globalización

En esta dirección, creo que el reciente Congreso fundador de la Confederación Sindical Internacional puede contribuir de manera relevante a ello.

Al igual que es importante señalar que la Confederación Europea de Sindicatos aprobó en su reciente Congreso celebrado en Sevilla pasar a la ofensiva para derrotar a los defensores del neoliberalismo y, simultáneamente, defender el modelo social europeo, que no sólo esté configurado por lo que se viene denominando Estado de Bienestar, sino también por las normas laborales y la negociación colectiva.

Por tanto, la acción sindical internacional debe perder todo carácter residual para ganar en protagonismo sindical, en capacidad de intervención, haciendo de dicha acción sindical internacional una parte más de la vida sindical nacional, abriendo así la vía a una globalización distinta.

El sindicato europeo, reforzando su capacidad de iniciativa, de propuesta y de movilización también, debe ser concebido en la Unión Europea como una pieza fundamental en su propia gobernanza. El dialogo social y la negociación colectiva de carácter transnacional han de ser concebidos como parte del derecho comunitario.

Es en esta dirección en la que hay que abordar las respuestas al Libro Verde de la Comisión Europea, "Libro Verde: modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI", que lejos de ser el embrión que armonice un derecho laboral comunitario sobre la base de los derechos existentes en la Unión Europea, se queda en criterios y orientaciones que, pudiendo formularse a través de directivas, afectarían exclusivamente al derecho del trabajo en los ámbitos nacionales.

El Derecho laboral del que habla el Libro Verde está delimitado por la relación contractual configurada a nivel individual. No se concibe, según se contempla en la citada propuesta de la Comisión Europea, el derecho laboral en su dimensión colectiva sin que, desde luego, se atienda a la acción sindical y al conflicto social como elementos consustanciales de las relaciones laborales y de la regulación jurídica de la misma. Estamos, por tanto, ante una idea que se basa en un derecho laboral individualista de los trabajadores, aisladamente considerados en su relación contractual con el empresario.

La única figura de la dimensión colectiva del derecho laboral que es tenida en cuenta en el esquema propuesto es la negociación colectiva. La negociación colectiva se presenta tan sólo en su rol de mediación reguladora entre el mercado de trabajo y la situación nacional del empleo, como vehiculo de la "flexiseguridad", definida, no obstante, en el plano de las relaciones contractuales individuales.

"Flexiseguridad", nuevo concepto político de síntesis, que incorpora no pocos riesgos sustentados en los fuertes desequilibrios que entre flexibilidad y seguridad contempla, pero que como otro tipo de términos al uso, nada neutros en su expresión, puede terminar por anidar en determinados sectores sindicales.

La propuesta de modelo que se está realizando consiste en debilitar la protección que se brinda en el interior de la relación laboral, y muy en especial las tutelas frente al despido o la contratación temporal a cambio de una adecuada protección frente al desempleo. De forma que el binomio flexibilidad-seguridad, la "flexiseguridad" se concretaría concentrando la flexibilidad, que en estos términos no sería otra cosa que desregulación en la relación laboral, y dejando la seguridad, ya no incorporada a la relación de trabajo, sino que se alcance únicamente en el sistema de protección por desempleo. Protección por desempleo contributiva y asistencial, ya existente, por cierto, en la mayoría de los países de la UE.

Estamos, en definitiva, ante propuestas que no harían sino debilitar el Estado social, el concepto que de modelo social tenemos, y que es algo más que Estado de Bienestar tal y como anteriormente subrayaba, ya que incorpora también normas laborales y negociación colectiva.

Desregular las relaciones laborales, retroceder en materia de derechos, ni ha sido ni es la vía para una mejor competencia. La Unión Europea, y desde luego el sindicalismo europeo e internacional, tiene que hacer frente al actual modelo de globalización, sabiendo, además, que no en el largo plazo, sino en el corto y medio, las presiones de la mundialización económica van a ser enormes, además de que la presión que se viene ejerciendo desde países como China e India, entre otros, que están teniendo unos muy elevados niveles de crecimiento económico, tiende a deteriorar la fuerza tradicional de determinados mercados de trabajo, favoreciendo también determinados procesos de deslocalización.

El sindicato, en este escenario, debe tener discurso sindical, en lo político y también en lo cultural, quebrando las tesis neoliberales que efectivamente sostienen que un sistema dotado de derechos y garantías es incompatible con un crecimiento económico competitivo, poniendo freno a estas tesis que favorecen no ya la flexibilidad de los mercados, sino la desregulación, además de reforzar el individualismo social y una tendencia cada vez más fuerte hacia la remercantilización de los derechos sociales. Son estas tesis las que de manera sistemática vienen presionando a los sistemas de protección social, buscando nuevos espacios de negocio, que no de otra cosa, para el sector privado, mejor dicho, para determinadas empresas de este sector, y con ello favoreciendo esa tendencia también de reducción de la acción protectora del Estado, el endurecimiento de los requisitos de acceso a determinadas prestaciones sociales, y el desplazamiento hacia lo individual de la responsabilidad de riesgos que tiene o debería tener en su mano el Estado.

Pero, de otra parte, también la existencia de un entorno internacional cada vez más competitivo exige de una estricta vigilancia de los aspectos laborales del comercio. La expansión de éste no puede basarse en la presión a la baja sobre el factor trabajo, y en la desregulación de las relaciones sociolaborales, porque ello, y conviene subrayarlo, no afectará sólo al país donde la explotación laboral ocurre, sino también a sus socios comerciales.

El objetivo del sindicalismo, que no es otro que el de proteger a la mayoría de los trabajadores, debe adecuarse para dar cabida, y con fuerza, a los cambios que se vienen produciendo, partiendo además de la idea de que no hay posibilidad de transformar nada si no comprendemos previamente los cambios que vienen operando, y ello exige de un sindicalismo activo, con mucha capacidad de análisis, de iniciativa y de propuesta, que se aleje del cortoplacismo y de la rutina, que es el peor de los lastres en el que podría quedar sumido.

La negociación colectiva juega en esta línea un papel central que hay que impulsar con fuerza, para modificar con ello su actual tendencia. Una modificación necesaria para dar respuesta a los cambios, que tiene que mirar más hacia fuera, hacia la empresa global, pero que, simultáneamente, tiene que hacer frente a los fenómenos de descentralización, individualización y desprotección de un número nada desdeñable de trabajadores.

Tiene que dar respuesta a los trabajadores que como consecuencia de la descentralización se han quedado al margen de ella. Tiene que dar respuesta a quienes, como consecuencia de la descentralización, tienen peores condiciones de trabajo, más precarias que los de la empresa principal. Tiene que dar respuesta a quienes siendo de la empresa principal, y como consecuencia del adelgazamiento de la empresa en los procesos de descentralización de la misma y la merma en el número de trabajadores, ven afectadas sus estructuras sindicales y representativas, y limitada su capacidad de intervención sindical. Tiene también que impulsar estrategias y políticas que permitan reinstaurar el principio de igualdad, del que el sindicalismo es portador, para ganar en cobertura y contenidos, por tanto, en estabilidad y derechos.

Son tiempos para un sindicalismo a la ofensiva, inteligente, alejado del radicalismo de titular, que fortalezca el discurso sindical en su doble vertiente: en la empresa y en la sociedad, su capacidad de iniciativa, en los ámbitos nacional e internacional, que haga del internacionalismo sindical una estrategia en el marco de los Estados-Nación, que redoble los esfuerzos en el camino de la unidad.