El escenario que vivirá Perú desde el momento en que Fujimori se siente en el banquillo de los acusados, será sin duda uno de los más insólitos y absurdos que se hayan presentado en el mundo ante el juicio de un ex mandatario.

Si un personaje sin tradición política como Fujimori pudo llegar al poder en 1990 con el 60% de votos, fue precisamente porque los peruanos ya no creían en la clase política y se sentían traicionados y robados por el último Gobierno del APRA [partido de tradición socialdemócrata nacido en los años 20 inspirándose en la Revolución mexicana].

¿Quién era ese presidente? Pues nada menos que Alan García, quien, vueltas de la vida, en 2006, 16 años después de salir huyendo de su país para eludir juicios por cobro de comisiones ilegales, enriquecimiento ilícito, cohecho y un largo etcétera, volvió en 2001 de su exilio en Colombia y Francia, y ganó las elecciones de 2006. Es, paradójicamente, el Gobierno de García el que ha tramitado el pedido de extradición de Fujimori desde Chile reclamado por los tribunales peruanos por delitos similares a aquellos por los que el actual presidente fue acusado.

Los peruanos habían confiado en el programa reformista con el que se presentó García a las elecciones en 1985, pero en sólo cinco años sus escándalos de corrupción y el colapso de la economía, que llegó a provocar un 7.000% de inflación, lo convirtieron en uno de los más desprestigiados del continente.

García, al igual que Fujimori, fue acusado de graves violaciones de los derechos humanos. En 1986 tuvo lugar la Matanza de los Penales, en la que murieron más de 300 presos políticos al ser reprimidos motines en cuatro prisiones. A ésta le seguirían la Matanza de Cayara, de 1988, con cerca de 60 civiles asesinados por el Ejército y muchas otras ejecuciones extrajudiciales, como la de los estudiantes de la Universidad Católica en 1989, o la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1990. El Gobierno usó siempre su mayoría parlamentaria para frenar comisiones de investigación.

García volvió a su país tras la amnistía de 1995 y la prescripción de sus causas. En 2006, Fujimori, huido a su vez de Perú, le dio su apoyo electoral, seguro de comprar así su blindaje legal, pero ante las denuncias contra García por ese apoyo [el presidente Toledo lo tachó de «marioneta de Fujimori»], decidió limpiar su imagen y apoyó la extradición.

Fujimori no desaprovechará durante su juicio la oportunidad de airear los trapos sucios del actual presidente y de denunciar el doble rasero de la Justicia de su país.

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