EEUU pide dos cadenas perpetuas para el traficante sirio por vender armas a las FARC colombianas La vista sobre su extradición se celebrará la segunda semana de octubre en la Audiencia Nacional

Monzer al Kassar, colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía, traficante de armas y que en la actualidad está recluido en la cárcel de Soto del Real (Madrid), no está dispuesto a ser extraditado a Estados Unidos por una presunta venta de armas a las FARC colombianas. Al Kassar ha conseguido reunir toda una serie de pruebas para demostrar, según su defensa, que «la DEA [agencia antidroga] norteamericana le organizó una trampa en territorio español y, además, utilizó medios ilegales como grabaciones y escuchas para dar apariencia de realidad».

El súbdito sirio, que reside en Marbella desde 1983 y cuya esposa e hijos están nacionalizados españoles, ha aportado a la Audiencia Nacional los nombres de los policías españoles de la Comisaría General de Información que estaban al corriente de la operación de venta de armas entre Rumanía y Nicaragua, el certificado de destino final de esa compra del Ministerio de la Gobernación de Nicaragua y los pasaportes de los dos colaboradores de la DEA que hicieron de gancho.

La identidad de los colaboradores de la DEA ha sido reclamada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo a las autoridades judiciales norteamericanas, pero hasta el momento no ha sido aportada a la instrucción. EL MUNDO ha conseguido fotocopia de los pasaportes con los que los colaboradores de la DEA se hospedaron en Marbella durante el tiempo que estuvieron en tratos con Monzer al Kassar y se hicieron pasar por representantes del Gobierno de Nicaragua.

Los dos colaboradores de la DEA, según los pasaportes que presentaron en el hotel marbellí donde se registraron, son de nacionalidad guatemalteca y sus identidades son las de Carlos Enrique Godoy Sagastume y Luis Antonio Batres de la Rosa. William Brown, uno de los agentes de la agencia antidroga norteamericana que ha llevado a cabo la investigación contra Al Kassar, ha reconocido judicialmente que los ciudadanos guatemaltecos «están colaborando actualmente con la DEA a cambio de compensación económica».

Hay que recordar que Al Kassar fue detenido en el aeropuerto de Madrid el pasado 9 de junio por agentes españoles que estaban acompañados por otros de la DEA norteamericana. El traficante fue acusado por las autoridades judiciales estadounidenses de vender armas a la guerrilla colombiana de las FARC para presuntamente atentar contra súbditos estadounidenses.

El colaborador del CNI y de la Policía tendrá su vista de extradición en la Audiencia Nacional durante la segunda semana de octubre. Su abogado, José Luis Sanz Arribas, está convencido de que podrá «demostrar que todo es un delito provocado y organizado por la DEA en España sin autorización judicial ni policial de nuestras autoridades».

Al Kassar y su letrado mantienen, en el escrito que presentaron el pasado día 19 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la Policía española estaba al tanto de la compraventa de armas entre el Gobierno de Nicaragua y la fábrica oficial de armas de Rumanía (CN. Romarn). El letrado de Al Kassar también ha aportado los certificados de destino final de la venta de armas, documento por el que el país receptor del armamento se compromete a no venderlo a una tercera nación.

Tras la detención de Al Kassar en Madrid, el diario La Prensa de Nicaragua reveló el pasado 11 de junio que «la operación secreta que permitió la captura del traficante de armas sirio Monzer al Kassar contó con la participación de oficiales nicaragüenses que entraron en contacto directo con agentes de la DEA en una trama que implicó la fabricación de documentos en Nicaragua, que sirvieron para hacer creíble la aparente compra de armas». El abogado José Luis Sanz Arribas mantiene en su escrito a la Sala de lo Penal que «se trata de un delito provocado» y que no se da la «doble incriminación» (que el delito sea punible en ambos países).

Según Al Kassar, el inspector y el comisario de la Comisaría General de Información que estaban al tanto de la operación de compraventa de armas en la que él estaba intermediando se llaman J. M. V. y E. G. C, más conocidos en los ambientes policiales por los sobrenombres de El Técnico y El Grande. El segundo de ellos declaró como testigo en la vista oral del 11-M.

Las autoridades judiciales norteamericanas acusan a Al Kassar de vender armas a las FARC para matar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses y solicitan dos penas de cadena perpetua. El abogado de Al Kassar considera que «la petición de dos penas de cadena perpetua en Estados Unidos se puede transformar, según su legislación, en una pena de muerte».

El enfrentamiento entre la DEA norteamericana y Monzer al Kassar viene de lejos. Los miembros de la agencia antidroga elaboraron hace muchos años un dossier que enviaron a España donde vinculaban al traficante de armas con grupos terroristas. Desde que Al Kassar se instaló en Marbella en 1983, se convirtió en uno de los principales representantes a nivel mundial de la fábrica de armas española Astra, de Cinzin de Polonía y de Defex de Portugal.

Tras el secuestro, en octubre de 1985, del transatlántico Achille Lauro por un grupo de hombres del Frente de Liberación de Palestina y que se saldó con la muerte de un ciudadano norteamericano, las autoridades estadounidenses pusieron precio a la cabeza de Al Kassar. El juez Baltasar Garzón lo detuvo en 1992 por actividades de terrorismo internacional y tres años más tarde, en 1995, fue juzgado en la Audiencia Nacional y salió absuelto de todos los cargos.

Durante el tiempo que Al Kassar permaneció en la cárcel nunca fue reclamado por las autoridades norteamericanas. El sirio comenzó el pasado día 19 una huelga de hambre para denunciar las presiones que estaba recibiendo de los agentes de la DEA. Su abogado y su familia acaban de convencer al traficante de armas para que desista de esa actitud.

Los otros trabajos de Monzer

Desde que Monzer al Kassar se instaló en 1983 en Marbella no ha dejado de colaborar con los servicios secretos españoles y con el Ministerio del Interior. Al Kassar llegó a mantener unas excelentes relaciones con Rafael Vera, ex secretario de Estado de Interior, y actuó de intermediario en la liberación de varios funcionarios españoles y periodistas franceses en Oriente Próximo.

Según han revelado a EL MUNDO policías que trabajaron con el traficante de armas, tuvo una actuación destacada en octubre de 1984, cuando fue secuestrado el embajador de España en Beirut, Pedro de Arístegui. Al parecer, el traficante de armas sirio logró que Arístegui fuera liberado en horas.

Al Kassar, siempre según las mismas fuentes, volvió a actuar de intermediario en 1986. El canciller y el vicecanciller de la embajada española en Beirut y un miembro de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) que estaba destinado allí fueron secuestrados. Los tres permanecieron en esa situación durante un mes, hasta que el 19 de febrero de 1986 fueron liberados. Poco después, en marzo de 1986, fueron secuestrados en Beirut cuatro periodistas franceses de Antenne 2, y parece que Al Kassar también logró su liberación.

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