Hacia un pacto político pro-nuclear, de Antonio Sánchez Andrés en Expansión
Se están adoptando diversas medidas sobre energía, pero que afectan a ámbitos parciales, y sus efectos sólo pueden ser significativos a bastante largo plazo. Sin embargo, a medio y largo plazo, dos grandes retos quedan sin respuesta: el elevado volumen de emisiones atmosféricas y la fuerte dependencia en el abastecimiento de energía.
El primer ámbito se encuentra relacionado con el cumplimiento del Protocolo de Kioto por España. Las fuentes de energía que pueden dar respuesta a tal interrogante son las renovables y la nuclear. Sin embargo, las primeras cubren el 5,3 por ciento del consumo de energía (un 0,04% la energía solar). Es decir, que aunque se superasen los problemas tecnológicos que tales fuentes de energía presentan en la actualidad para su desarrollo, así como los económicos (son muy caras), a medio plazo no es posible que tengan una incidencia importante sobre la estructura de fuentes energéticas en España.
Esta situación es más grave si se contempla nuestro grado de incumplimiento del Protocolo de Kioto. Desde 1990, España ha aumentado sus emisiones de CO2 en un 48%, es decir, tres veces más que el aumento permitido a nuestro país por ese acuerdo internacional. En caso de no adoptar medidas especiales, España seguirá manteniéndose como país líder en incumplimiento del Protocolo de Kioto.
El segundo escollo apuntado inicialmente se refiere a que el 70% de nuestra energía procede del gas y del petróleo, que tenemos que importar en su práctica totalidad. Un ejemplo de los problemas que puede acarrearnos esta dependencia es el que se suscitó hace poco tiempo con Argelia, desde donde importamos un tercio del gas que consumimos.
Recientemente, este país decidió aumentarnos de manera unilateral el precio del gas en un 20%. Por añadidura, Argelia pretende aumentar su peso en la propiedad del nuevo gasoducto, Medgaz, que unirá ambos países y, en cuya negociación, su posición privilegiada de suministrador de gas constituye un recurso de presión nada desdeñable. Es decir, la dependencia energética exterior deja a España en una situación de vulnerabilidad energética considerable.
En definitiva, las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno no dan respuesta ni al problema de nuestra aportación al cambio climático ni a la garantía del suministro energético. La energía nuclear, dada la situación, constituye una pieza esencial en este puzle. Uno de los principales obstáculos para activar la solución nuclear es el político, vinculado a la supuesta animadversión de la sociedad civil respecto a la energía nuclear.
Sin embargo, aunque esta percepción fue extendiéndose en mayor o menor grado en el pasado y de una manera más o menos racional en la sociedad española, las condiciones actuales están cambiando. De hecho, parte de los agentes sociales más relevantes han ido manifestando reciente y discretamente su apoyo al uso de la energía nuclear.
Desde el ámbito de los partidos políticos, el panorama está cambiando visiblemente. En el caso del PSOE, el propio Felipe González ha cuestionado la moratoria nuclear. El carácter imprescindible del uso de la energía nuclear ha sido subrayado repetidamente por otros líderes socialistas, como el anterior ministro de Industria, José Montilla, o el comisario económico de la UE, Joaquín Almunia.
También Javier Solana manifestó que dentro de la diversificación energética tenía que estar la energía nuclear. Por su parte, el PP no se ha quedado detrás en este estado de opinión. De hecho, a mediados de diciembre del año pasado, en su Conferencia sobre Economía se defendió expresamente el mantenimiento de la potencia nuclear existente en la actualidad.
Partidos políticos
Las perspectivas de estos partidos políticos están siendo apoyadas con los debates y conclusiones establecidos por los centros de estudios vinculados a esas organizaciones. Por un lado, a mediados del año pasado, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, apostó abiertamente por el uso de la energía nuclear y, por otro lado, la Fundación Alternativas, ligada al PSOE, ha presentado un creciente interés por extender la discusión sobre el uso de la energía nuclear, al tiempo que su presidente, Juan Manuel Eguiagaray, ha subrayado insistentemente la necesidad de desprejuiciar el debate nuclear.
Los sindicatos también se encuentran en sintonía con esta visión de la energía nuclear.
A este respecto, José María Fidalgo, líder de CCOO, ha manifestado repetidamente que España no puede prescindir de la energía nuclear, y Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha apostado por sustituir las centrales nucleares que se cierren por otras de nueva generación. En la misma dirección, varias asociaciones empresariales han manifestado su apuesta política. Quizá uno de los casos más explícitos corresponde a la Asociación Valenciana de Empresarios, que defiende no sólo mantener las centrales nucleares existentes, sino ampliar su número.
Con este escenario que se ha dibujado y dadas las restricciones reales de la economía española, cabría dar un paso político importante: concluir la moratoria nuclear existente en España. En la actualidad, existen las condiciones en la sociedad para alcanzar un acuerdo político de gran envergadura para apoyar la energía nuclear. Quizá el mayor problema actual es el de la instrumentalización electoralista de este problema.
Por este motivo, las fuerzas políticas deberían llegar a un acuerdo para mantener y extender el uso de la energía nuclear. Este acuerdo podía ser similar al que a veces se ha conseguido y ahora se trata de alcanzar sobre terrorismo. La respuesta política en la dirección apuntada puede constituir la clave para evitar que la cuestión nuclear se transforme en una mercancía electoral en la que todos los españoles salgan perjudicados a largo plazo.
Antonio Sánchez Andrés. Profesor del Departamento de Economía Aplicada Universidad de Valencia.
