La hora social: lo que nos cuesta el voto, de José Ignacio Wert en Expansión
Ha sonado la hora “social”, la hora de las “políticas sociales”, que quiere decir, en román paladino, la hora de aflojar las cuerdas de la bolsa del Estado (o de las comunidades y ayuntamientos) para generar adhesiones electorales. Que Dios nos ampare.
El primer trompeteo de esta epifanía social que se nos viene encima fue la ocurrencia del cheque-bebé, sobre el que me he explayado ya en dos artículos anteriores. Tuvimos después el lapsus de Zapatero en Rodiezmo, que padeció el momentáneo olvido de su promesa de no hacer anuncios de subida de pensiones en las cercanías de un proceso electoral. Pero la memoria es flaca y, con seguridad, el presidente no advirtió que las elecciones acechaban a la vuelta de la esquina, así que se permitió anunciar el que las pensiones mínimas subirían el doble que la media también el año próximo.
Esta sostenida largueza con las pensiones más bajas (aplicada esta subida habrán crecido un 60% en la legislatura) no puede en rigor ser objeto de severa crítica, dadas las cuantías de las que hablamos, pero lo que sí es criticable es la confusión entre el ámbito político partidario y el del Gobierno, la mixtificación que supone que sea el secretario general del PSOE en un acto partidario y no el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Consejo de Ministros o el de Hacienda en la presentación de los Presupuestos quienes anuncien y justifiquen este incremento, que no es una dádiva de Zapatero o del PSOE sino una opción del Gobierno sobre la distribución de los recursos que vienen de los impuestos o de las exacciones sociales obligatorias que pagan los ciudadanos y las empresas.
A esto vino a unirse, a los pocos días, el anuncio por parte de Bernat Soria de extensión de la cobertura gratuita de la asistencia buco-dental a los niños y adolescentes entre 7 y 15 años, también en este caso con algún olvido de por medio, que Pedro Solbes, que pese a su mayor edad parece disfrutar de memoria mucho mejor que la de sus compañeros de Gabinete (incluido su jefe), se encargó de refrescar: falta cobertura presupuestaria y, además, la competencia está residenciada en las comunidades autónomas.
Nobel de la Paz a ZP
De poco parece haber servido tan sensato recordatorio: hasta la vicepresidenta del Gobierno ha salido en defensa del plan de Soria, quien ya tiene otro hito histórico que añadir a su trayectoria ministerial, junto a su contribución como primer postulante de la concesión del Nobel de la Paz a ZP. Suma y sigue.
Pero, con todo, la ocurrencia más feliz de las últimas fechas no es otra que la celebrada iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar a todo hogar con ingresos inferiores a 3.100 euros por mes (a ojo de buen cubero, no menos del 80% de los hogares que se forman en Andalucía) una vivienda cuyo coste para el beneficiario no podrá superar el 25% de los ingresos en alquiler o el 33% en propiedad. Ésa es la forma, dicen sus promotores, de convertir en un derecho efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que establece el artículo 47 de la Carta Magna.
En ese artículo se establece que los poderes públicos promoverán la efectividad del derecho a la vivienda y establecerán las normas pertinentes. Pero claro está, no cualquier norma. En lo que el constituyente claramente está pensando es en la regulación del mercado de suelo evitando la especulación. No en una intervención masiva en la que el Estado (la comunidad autónoma es Estado) tenga que ver con la vivienda del 80% de los ciudadanos que forman un hogar. Que en la práctica convierte a los poderes públicos en una especie de caseros universales con cargo a los Presupuestos.
Lo más chocante, empero, es la justificación con la que el presidente de la Junta de Andalucía ha salido a defender esta iniciativa. Dice Chaves que “cuando se está inmerso en una dinámica de crecimiento económico, incluso con superávit, es lógico que una parte vaya dirigida a resolver los problemas de la ciudadanía”, añadiendo que el coste económico se ha analizado y “lo podemos sufragar y cubrir a lo largo de los próximos años”.
Vaya por Dios. Resulta que una comunidad autónoma que ocupa el penúltimo lugar en renta per cápita en España, que es objetivo 1 en la Unión Europea, que –pese a tener una tasa de actividad inferior en el 5% a la media nacional– registra una tasa de paro un 50% superior a esa media, y que, en función de todo ello, es receptora neta de subsidios y aportaciones tanto del Estado como de la Unión Europea, va sobrada y se lo puede permitir.
He aquí un doble disparate. El primero, conceptual. El segundo, político. El conceptual, a su vez, tiene dos dimensiones. Una, la idea de que por el hecho de disponer de recursos se puede decidir ampliar las áreas de intervención, al margen de un análisis de la equidad, la justicia y la eficiencia de esa intervención. Otra, pensar que la momentánea suficiencia económica –sin atender al origen de los fondos– autoriza a subir la base de coste de forma permanente, sin reparar en que, en cuanto las condiciones se tornen menos benignas, esa incorporación de coste permanente se convierte automáticamente en déficit.
Además, esta norma crearía dos tipos de situaciones: la de las unidades familiares que ya disponen de un hogar, que estarían pagando –directamente o indirectamente– una parte de los hogares de nueva creación que se acogerían a los subsidios, y las de estos últimos hogares que se beneficiarían de estas transferencias de rentas, pese a no estar en peor condición económica que los que no se benefician.
Disparate político
El disparate político es aún más evidente. En pleno debate sobre la solidaridad, la lógica del reparto territorial de los recursos, la igualdad esencial de los ciudadanos residan donde residan, se descuelga Chaves con un plan de vivienda subsidiada para (casi) todos los andaluces, que no puede por menos que verse como argumento de autoridad para quienes sostienen que son víctimas de un agravio fiscal cuando no de un expolio fiscal.
¿Cómo se les explica a los catalanes que es preciso que una parte de sus impuestos se destine a aliviar la situación de desprivilegio económico y social de los andaluces, cuando ve a lo que se dedican esos recursos? ¿Con qué lógica se le explica al contribuyente madrileño –que soporta precios de la vivienda muy superiores a los de Andalucía– que una parte de los recursos que satisface se destinan a que andaluces de mejor condición económica que él mismo se beneficien de una vivienda subsidiada?
Esta propuesta lleva a sus extremos la filosofía asistencialista que ha sido en la práctica la principal pilastra de sustentación del edificio de hegemonía política que el socialismo ha construido en Andalucía desde hace ya veinticinco años. Al edificio le salen grietas (ver las elecciones municipales recientes y cómo buena parte del voto urbano ha desertado del PSOE) y surge esta propuesta para reforzar sus cimientos. Veremos en unos meses qué rendimiento da. No sé si los andaluces valorarán o no esta iniciativa a la hora de votar, pero, desde luego, sus efectos negativos se van a notar mucho más arriba de Despeñaperros.
José Ignacio Wert. Presidente de Inspire Consultores.
