El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, no dudó en calificar de “trascendental” el acuerdo alcanzado ayer con el Gobierno sobre la metodología de cálculo para fijar el esfuerzo inversor del Estado en las infraestructuras catalanas.

No es para menos, teniendo en cuenta que dicha cuestión ha generado un conflicto político de amplias dimensiones desde la aprobación del Estatut, en mayo del pasado año, entre el Ejecutivo y la Generalitat. Sobre todo, desde que el presente verano se pusieran de manifiesto los graves déficits que acumula esta región en materia de ferrocarriles e instalaciones eléctricas.

Tras la cesión de Economía, Castells reconoció que ello supone “el cumplimiento de lo que prevé el Estatut”, cuya disposición adicional tercera establece una inversión extra por parte del Estado, durante los próximos siete años, para paliar el supuesto déficit en infraestructuras que sufre esta región. El Estatut determina que dicho esfuerzo ha de ser equivalente a su peso en el PIB nacional –el 18,8% frente al 14% recibido hasta el momento–.

Sin embargo, tal cuantificación no ha estado exenta de problemas. Los nacionalistas catalanes –ERC y CiU– estimaron que los presupuestos del presente ejercicio recogían una cifra muy inferior a la estipulada en el Estatut: 3.195 millones, frente a los 3.795 y 3.719 demandados, respectivamente, en esta materia. El Gobierno ha superado incluso tales previsiones, elevando la cuantía total hasta los 4.021 millones de euros.

Además, ERC solicitó al Gobierno una inversión adicional de 1.100 millones de euros que, según esta formación, no se llegaron a ejecutar el pasado año. A ello, se sumarían otros 4.300 millones para 2008. Aprovechando la actual negociación presupuestaria en curso, CiU reclamó ayer al Estado ampliar, además, los recursos destinados a la Ley de Dependencia hasta los 2.000 millones de euros, como mínimo, a través de un fondo para compensar a las Comunidades Autónomas que soportan los costes sociales más elevados, como Cataluña.

Negociación presupuestaria

Mientras, el portavoz del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, solicitó al resto de partidos catalanes, incluidos sus socios de Gobierno –ERC e ICV–, “objetividad” a la hora de estudiar los PGE para 2008. En este sentido, Iceta se mostró convencido de que CiU avalará los Presupuestos.

Y es que, el aumento sustancial de esta partida, hace que el citado acuerdo pueda ser visto con “buenos ojos” por el resto de formaciones nacionalistas, según Castells. Pero, si bien el conflicto se puede dar por zanjado en dicha comunidad, la guerra de cifras con el resto de autonomías está en ciernes. Así, Andalucía reclama en su estatuto una inversión extra en base al peso de su población en el conjunto del país –el 17,8%, frente al 16,8% que recibe–; y Baleares un esfuerzo inversor por habitante equivalente a la media de las CCAA de régimen común –casi el doble de la cifra actual–.

La veda está abierta, y el resto de CCAA demandarán la satisfacción de sus respectivas proyectos financieros. Ayer mismo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, del PSOE, tras reunirse con Solbes, aseguró que no permitirá que el Ejecutivo “reduzca” los compromisos presupuestarios alcanzados con su región por cumplir otros “acuerdos con terceros”, en referencia a Cataluña, ni que se dejen de ejecutar las obras ya iniciadas.