Uno de los problemas a los que se enfrenta Europa, tan avejentada, es la proliferación de grupos antisistema que se dedican a allanar la propiedad privada para levantar centros “okupas” con fachada “cultureta”. Según sus palabras, quieren acabar con su problema de la vivienda a costa de los especuladores inmobiliarios. La realidad demuestra que simplemente crean focos de disturbios y que en el fondo de sus reivindicaciones reposa un deje de viejo comunismo despótico y un enorme rencor anticapitalista. Este delito continuo y flagrante contra la propiedad privada es tremendamente grave en un sistema democrático y liberal como el nuestro. Peor aún es la nula reacción de los poderes ante el abuso: el no atacar el delito cuando se produce es negar la vigencia del Estado de Derecho.

Algo semejante vivimos en España en casi todos los ámbitos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a esos políticos que, una vez obtienen un cargo público, no lo dejan aunque se les pille en falta, delito o incompetencia. Ahora, según parece, los jueces tampoco quieren dejar sus puestos en el Consejo General del Poder Judicial porque los partidos políticos que mandan en España no se ponen de acuerdo para la renovación del órgano superior de la justicia.

El simple planteamiento del problema es en sí escandaloso. Que tengan que ser los partidos los que acuerden los miembros de un órgano judicial escapa a toda lógica democrática. Que encima eso sirva para que unos jueces continúen en su puesto un año después de vencido el plazo de mandato, resulta absolutamente delirante. No sólo aceptamos un mecanismo donde la justicia es un títere en manos de unas formaciones ajenas a los juzgados y tribunales, sino que su mal funcionamiento permite a sus elegidos perpetuarse en sus cargos. A costa, claro está, de la propia justicia.

Pero, como ocurre con los okupas izquierdosos, la sociedad española permite estos dislates. Tanto el presidente del Tribunal Supremo como la presidenta del Constitucional han demostrado que son obedientes. Y no necesariamente a la ley. Esto es una prueba más de las muchas que se pueden argüir para demostrar que el ejecutivo y el legislativo nacionales —como, dentro de poco, los ejecutivos autonómicos sobre su ámbito jurisdiccional— dominan el poder judicial que, en teoría, debería servir para vigilar y castigar sus desmanes. Como en España el poder político depende de dos partidos que funcionan sin democracia interna, la justicia, en la práctica —a través de unas asociaciones judiciales que no tienen vergüenza a la hora de enseñar sus respectivas dependencias—, depende de lo que digan en las sedes de Ferraz y Génova.

Si, por lo menos, esto sirviese para tener la justicia a pleno rendimiento, podría aceptarse este funcionamiento malsano, endogámico y oligárquico. Pero es que esta rivalidad sirve también para colapsar aún más un poder enflaquecido, con mala prensa y una realidad lenta e imprecisa. En España no hay seguridad jurídica. Y encima la inseguridad es lenta y obediente a los poderes fácticos. El sistema está corrompido, y la mala calidad de nuestros políticos contagia su desvergüenza y valores —o su ausencia— a todo lo que toca.

La inauguración del año judicial que tuvo lugar ayer en Madrid, con la presencia del rey, fue un espectáculo digno de la peor época del cine español. Cada cual dijo lo que debía para favorecer a los suyos. A los de arriba, a los de abajo, nunca a los ciudadanos, a los del medio. Y de la propia justicia, la adulterada por el propio sistema, poco se dijo. Y lo poco que se dijo, simplemente mostró la aceptación tácita de la corrupción del sistema: Francisco José Hernando, presidente del CGPJ y TS, reconoció en su discurso que su abandono del cargo dependía de la llegada de un necesario acuerdo parlamentario, de la intervención legislativa, que, al no llegar, justifica la perpetuación gustosa en un cargo influyente y útil para los que le colocaron ahí; Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno, aseguró que la Justicia ha funcionado mejor que nunca cuando él ha estado en su cargo y que la lucha contra el terrorismo ha sido ejemplar, impecable, maravillosa.

Ese fue el acto de apertura del año judicial. Como okupas que niegan la legalidad de la propiedad, los poderes españoles negaron tácitamente la independencia de la Justicia española que, como una casa “okupada”, ve cómo su prestigio se ve manchado por “pintadas” partidistas y sus cimientos se tambalean por el sucio juego de personas que prefieren el poder al correcto funcionamiento democrático. Como los okupas, nuestros políticos y sus secuaces sirven a sus propios intereses en contra del bienestar del sistema. Mientras la sociedad no reaccione, esto no cambiará. Y, por la experiencia, se sabe que el fenómeno “okupa” no se arregla mirando al otro lado.

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