La crisis hipotecaria hizo el milagro, de Xosé Carlos Arias en La Voz de Galicia
Al final va a resultar que la fuerte tormenta veraniega en los mercados de crédito tendrá un efecto positivo insospechado: por primera vez en toda la legislatura, el debate político parece centrarse en problemas reales de la sociedad. Que Mariano Rajoy comience el curso político hablando de las amenazas, desde su punto de vista, para el futuro de la economía española, y no del inmediato cataclismo de la desintegración de España, o de la rendición incondicional ante los terroristas, es una buena noticia. Con ello, regresaría una cierta normalidad a la vida política española, que se alejaría así del Callejón de Gato, su lugar de residencia durante los últimos años. Con alguna dosis de ingenuidad, confiemos en que dure.
Parece, por tanto, que durante los próximos meses, ya con las elecciones a la vista, se hablará bastante más de precios, productividad o salarios de lo que se esperaba hace sólo un par de meses. Se harán seductoras propuestas, más o menos creíbles, de gasto social, y no faltará quien se lance a una carrera de competencia fiscal a la baja. No faltan riesgos de demagogia, cierto, pero mejor eso que estar encerrados en el caso De Juana o algo similar.
Ya con ese horizonte en perspectiva, ha sorprendido a muchos el debate de los últimos días en el seno del propio Gobierno, sobre la conveniencia de lanzar ahora determinados programas sociales. Dejando al margen sus contenidos concretos (hay algunas propuestas, como la cobertura pública de la salud dental de los jóvenes, más defendibles que otras), la controversia resulta de interés en sí misma por dos razones. Primero, porque es una manifestación explícita y poco frecuente de una tensión profunda que tiende a existir calladamente en todo Gobierno, entre los ministerios con un fuerte componente «de gasto» y el que tiene la responsabilidad de acarrear los ingresos públicos para hacerlo posible.
Mucho más interesante es que en el fondo del debate late una de las principales contradicciones de nuestro actual patrón de crecimiento: ¿Debe salvaguardarse a toda costa la muy saludable estabilidad presupuestaria, como defiende Pedro Solbes, o por el contrario debiera afrontarse como prioridad la superación del retraso que desde hace diez años hemos acumulado en gasto social? Las dos cosas, la gran virtud y el defecto grave, son muy reales y resaltan en cualquier comparación con nuestros vecinos, por lo que está el Gobierno, estamos todos, ante un verdadero dilema. La solución radica, desde luego, en hallar un equilibrio entre ambos. Se puede hacer, sabiendo que, en esas condiciones, una cosa parece particularmente desaconsejable: caer en cualquier demagogia de reducción generalizada de impuestos.
