Escaparate malva, de Javier Morán en La Nueva España
La mostración política de la Casa Malva, que recibió dos premios incluso antes de entrar en funcionamiento, parece haber excitado la agresión opositora
Desde el año 2002, unas 2.000 mujeres víctimas de la violencia de género han sido atendidas en la red de casas de acogida del Principado y de los ayuntamientos. Habida cuenta de que no sea sencilla dicha atención, y que precisa un esfuerzo compartido entre afectadas y profesionales de este servicio, es dato destacable que durante todo este tiempo no hayan trascendido las lógicas dificultades, sino que la discreción haya sido la tónica dominante.
Sin embargo, recién entrada en funcionamiento este verano la Casa Malva de Gijón, se produjo un hecho objetivo y difundido: cuatro de sus cinco primeras moradoras la abandonaron y denunciaron restricciones de sus derechos dentro de ella.
Inmediatamente, grandes turbulencias se produjeron con el Partido Popular pidiendo investigaciones, y con la Administración socialista defendiendo el valor de la Casa Malva, cuyos cimientos parecían haberse conmovido.
Tal vez haya que encontrar una explicación a todo esto yendo a la misma naturaleza de la Casa Malva, aquello que más destacó en los meses previos a su puesta en funcionamiento. En síntesis, lo que sucedió con las nuevas instalaciones de Montevil es que fueron objeto de una intensa mostración y demostración por parte de sus promotores: el gobierno del PSOE en Gijón, Asturias y Madrid, y con los auspicios de diversas organizaciones feministas.
La inauguración de la Casa Malva, presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, fue uno de los actos más rutilantes de la pasada primavera.
Pero hay más. La Casa Malva recibió dos premios incluso antes de ponerse en funcionamiento: uno de las asociaciones vecinales y otro de la Federación de Mujeres Progresistas. Las visitas guiadas a las instalaciones se sucedieron durante semanas.
Ningún centro de salud, centro educativo, servicio de cardiología, o lo que se quiera -todo ello promovido por la Administración pública- recibe semejante tratamiento antes de ponerse al servicio de los ciudadanos.
Una de las explicaciones que se dio a este frenesí de presentaciones de la Casa Malva la ofreció la propia Fernández de la Vega el citado día de la inauguración, al decir que el trabajo con las mujeres maltratadas dejaba de ser un hecho casi clandestino y que saltaba a la luz pública.
En sí, esta afirmación ya conlleva dudas acerca de si la atención a esas mujeres era clandestina o, más bien, discreta por necesidades de intimidad o de seguridad, al tratarse de personas muchas veces expuestas a un compañero agresivo o vengativo.
Pero, aparte de estas consideraciones, más bien entendemos que la Casa Malva cayó en las redes de la propaganda, ese mecanismo tan connatural a los repúblicos y consistente en dar a conocer sus actuaciones, cosa legítima, pero que a veces cae en la impostura.
Pero no es lo mismo exhibir una autovía recién construida, o un nuevo museo, etcétera, que manejar un problema tan serio como el de la violencia de género.
Por ejemplo, el mismo día de la inauguración percibimos ya un inmenso despliegue discursivo por parte del presidente Vicente Álvarez Areces que, dada su duración, acabó con un suspiro de alivio por parte de la concurrencia. La atención que concentraba la Casa Malva se convertía en atril para un discurso programático en el que cupo de todo.
Pero dejemos la anécdota. La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, pide estos día que «no se use la Casa Malva» para la confrontación política o partidista. Sin embargo, antes de las refriegas de este momento, ya se había usado la Casa Malva; ya había sido instrumentalizada, ya había sido un escaparate tan exhibido que, pasados una pocas semanas, ha excitado la agresión de la oposición política. Probablemente hay actividades que han de prescindir del escaparate.
