A la espera de que Eugenio Trías nos explique los mecanismos de la emoción, los españoles bien nacidos, por muy plural que sea esta tierra secular e incluyente hasta de quienes buscan la forma de tunear su sentimiento de pertenencia, nos sentimos inevitablemente felices, nos alegramos y nos hemos emocionado al oír en Moscú los sones del himno nacional mientras la selección de de voleibol se proclamaba campeona de Europa, aunque no pudo ser lo del baloncesto, también frente a Rusia.

¿Llegaremos a ser testigos algún día del absurdo que impediría tocar el himno nacional o exhibir la bandera de España tras un acontecimiento deportivo de naturaleza internacional si éste se celebrara en Gerona, en Zarautz, en Reus o en Mondragón, pongamos por caso, sólo por no hurgar en el avispero de los nacionalismos catalán o vasco?

El sentimentalismo no es la mejor herramienta del analista político. Aceptado. Tómese, entonces, el dogma cívico del cumplimiento de la ley como el imperativo ineludible para el gobernante y exigible por el gobernado. Es el que están utilizando el PP y sus medios de información más afines para afear la conducta del Gobierno por mirar hacia otro lado en el asunto de las banderas, las amenazas a la alcaldesa de Lizartza y los recientes ataques a la figura del Rey en Gerona.

Que el PP y el diario El Mundo no puedan tirar la primera piedra en materia de creación de climas artificiales contra el Gobierno socialista y, en particular, contra su presidente, Rodríguez Zapatero, no rebaja en absoluto la fuerza del argumento -el cumplimiento de la ley-, aplicado a los casos referidos que, por desgracia, no son nuevos ni aislados. Y tampoco lo rebaja el hecho cierto de que durante los Gobiernos del PP también se miró hacia otro lado sin que sus medios afines hicieran una campaña sobre la necesidad de aplicar la Constitución (artículo 4), la Ley de Banderas (octubre 1981) y el Código Penal en materia de amenazas o ataques a los símbolos nacionales (incluida la figura del Rey de España).

A lo que íbamos. No hay excusa para esquivar el cumplimiento de la ley en la gestión de lo público. Véase, por ejemplo, la controversia de los campesinos manchegos con el Gobierno en relación con los 20.000 inmigrantes rumanos y búlgaros llegados para trabajar en la vendimia. Sin permiso de trabajo. Detalle menor, por lo visto, para los campesinos y, por supuesto, para esos vendimiadores de temporada. Pero no para el ministro de Trabajo, obligado a evitar situaciones ilegales en materia de inmigración (en este caso, lo suyo sería la contratación en origen).

Simplemente, el ministro, Jesús Caldera, no desea ser cómplice de una situación ilegal ni contribuir a la flojera del Estado a la hora de cumplir la ley ¿Por qué ese apagón del dogma cuando se trata de los símbolos nacionales?