DESAUTORIZACION

Rechaza el coste presupuestario y la invasión de competencias del Ministerio en las comunidades autónomas

Se niega a definir qué es casa desocupada para evitar que los consistorios suban las tasas

Cada vez más duro final de legislatura para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, que se vio ayer obligado a tomar nuevas posiciones en contra de iniciativas socialistas.

Ayer fue el turno del plan electoral del ministro de Sanidad, Bernat Soria, de garantizar una atención bucodental gratuita a los menores de entre siete y 15 años. «Es un tema que me plantea dos dificultades: una, evidentemente de tipo presupuestario y, otra, mucho más importante, que el Estado entre en competencias que son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas», ametralló Solbes.

El vicepresidente hizo estas declaraciones al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Estado y las comunidades autónomas. Junto a él se encontraba la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, antecesora de Soria en Sanidad. Esta se alineó con Solbes al asegurar que en el asunto del dentista gratuito, consideraba que «el vicepresidente está marcando el camino correcto». Y subrayó que en su etapa como ministra de Sanidad, siempre tuvo el apoyo de Hacienda «a propuestas bien planteadas». Soria no tiene apoyos en este área del Gobierno.

Solbes también se situó en contra de facilitar que las corporaciones municipales suban un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles a pisos desocupados como medida para estimular el acceso a la vivienda.

En respuesta al plan del alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteserín, el Ministerio considera que la Ley de Haciendas Locales establece que sólo se puede aplicar tal recargo tras el correspondiente reglamento y éste nunca ha sido elaborado. En Hacienda interpretan, por tanto, que no es legal gravar especialmente las casas vacías sin reglamento previo. Y éste no va a ser elaborado en un horizonte previsible. «No es nuestra primera prioridad», dijo con ironía Solbes. El Ministerio argumenta que es muy difícil definir en un reglamento qué es una vivienda vacía. Fuentes del Departamento recordaron que tampoco lo hizo el Partido Popular pese a que la reforma de la Ley de Haciendas Locales es de su etapa.

El artículo 72 establece que «tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto».

El Ayuntamiento de Sevilla considera que sí tiene potestad legal para hacerlo. «Hay interpretaciones jurídicas distintas, pero no estamos trabajando en ningún reglamento al respecto», zanjó Solbes. Por tanto, si el Ayuntamiento de Sevilla da el paso, los propietarios afectados podrían llevar el caso a los tribunales con perspectivas de éxito.

Con su posición de ayer, Solbes continúa intentando frenar el acelerador que ha puesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para conseguir votos en las próximas elecciones generales. El vicepresidente segundo confesó el pasado martes a representantes de CiU e IU que el presidente le está pidiendo que apoye la batería de medidas para fomentar el acceso a la Vivienda que impulsa la titular del Departamento, Carme Chacón, pese a que no son de su agrado. Es notorio que Solbes quiere limitar al máximo la oferta de Chacón de desgravaciones fiscales para inquilinos por considerar que puede tener el contraproducente efecto de elevar los precios. Y también está claro que el vicepresidente rechaza los planes de Vivienda de la Junta de Andalucía de financiar la compra de inmuebles a ciudadanos con hasta 3.000 euros de ingresos mensuales.

Por el contrario, el vicepresidente segundo no ha podido llevar adelante algunas de sus ideas de final de legislatura como el aumento de las tarifas de la luz que él considera imprescindible para racionalizar el consumo energético. A sus 65 años ha pedido prórroga como funcionario para continuar en el cargo hasta las elecciones generales y no da ninguna señal de querer continuar después si el PSOE obtuviera una nueva victoria electoral.

Ayer dejó para su sucesor otro reto, la reforma del modelo de financiación autonómica. «Nos hubiera gustado conseguirlo en esta legislatura», aseguró, pero afirmó que ya no veía margen de maniobra. Preguntado sobre si a falta de nuevo modelo, tendrán más ventaja las comunidades que tienen nuevos estatutos para arrancar más dinero al Estado, Solbes relativizó el problema. Sostuvo que el Estatut catalán prevé cambios a partir de 2009 y dio a entender que para entonces sí sería necesario otro modelo. No mencionó que existe una disposición en el texto catalán que reclama más inversión en infraestructuras desde 2007.

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