IMPUESTOS

Aplicará un recargo del 50% en el IBI antes de que el reglamento de la Ley de Haciendas Locales defina qué es un inmueble desocupado

La inspección municipal empezará a investigar a partir del jueves

El Ayuntamiento de Sevilla ha sido el primero en dar el paso. El consistorio que preside el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, con el apoyo de Izquierda Unida, ha anunciado que gravará con un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que estén desocupadas.

La iniciativa, que está contemplada en la Ley de Haciendas Locales, establece el 50% como gravamen máximo, aunque hasta el momento no se ha desarrollado el reglamento que define qué se entiende por vivienda desocupada. No obstante, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sevillano tiene previsto aprobar la iniciativa el jueves, con lo que se convertirá en el primer consistorio que adopte la medida, cuya ordenanza ya aprobó en el mes de diciembre.

En cuanto este proyecto reciba luz verde, explicó ayer el concejal de Hacienda y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el consistorio iniciaría los trabajos para dar de esta forma prioridad en las inspecciones municipales de cara a la detección de estas viviendas desocupadas.

Según los cálculos iniciales que maneja el Ayuntamiento, precisó el delegado municipal, en la capital hispalense hay casi 40.000 viviendas dadas de alta en el registro del IBI en las que no hay nadie empadronado.

Con esta medida, el equipo de gobierno pretende evitar, a pesar de las dificultades legales existentes, la masiva presencia de inmuebles desocupados en Sevilla, argumentó Rodríguez Gómez de Celis, quien confió en llegar en 2008 a «un número importante» de viviendas sin habitar y resaltó que el objetivo de esta medida es favorecer el mercado del alquiler.

El Ayuntamiento también pretende, agregó, colaborar en la aplicación de medidas que luchen contra la especulación de la vivienda, de forma que «no sea un negocio, sino un derecho fundamental».

En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Junta de Andalucía, también dirigida por el Partido Socialista Obrero Español, de garantizar el derecho a una vivienda digna a las unidades familiares con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, según recoge el anteproyecto de ley de la vivienda.

La recarga del impuesto, en cualquier caso, no afectaría por igual a todos los propietarios, ya que se baraja que de este gravamen queden exentos colectivos como los que estén pendientes de la resolución de una herencia o los que utilizan estos inmuebles con fines de esparcimiento.

Para la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla, Facua, esta propuesta es «positiva», siempre que se aplique de forma justificada y sin generar «indefensión» en los propietarios de las viviendas.

De momento, los usuarios están a la espera de que la delegación municipal de Presidencia y Hacienda les remita información detallada al respecto, lo que esperan que ocurra mañana, cuando ambas partes tienen previsto mantener un encuentro, apuntó el secretario general de Facua-Sevilla, Manuel Baus.

No obstante, el portavoz de los consumidores sevillanos ya advirtió ayer que, si bien la iniciativa no va a ser determinante en el fomento del alquiler de pisos vacíos, «puede considerarse correcta y un paso adelante en la búsqueda de este fin».

El colectivo de usuarios también alertó de que, aunque muchas viviendas están vacías porque se destinan exclusivamente a la especulación inmobiliaria, también hay casos «totalmente opuestos».

En este sentido, la asociación espera que los protocolos de verificación de datos que ponga en marcha el Ayuntamiento «valoren que muchos usuarios pueden estar residiendo fuera del municipio de forma coyuntural, por motivos laborales, o viviendo con familiares por motivos de salud, entre otros».

LOS PUNTOS DE LA DISCORDIA

1. No hay un Reglamento. La Ley de Haciendas Locales de 2002 permite recargar hasta un 50% del IBI a los pisos vacíos «con carácter permanente» que cumplan «las condiciones que se determinen reglamentariamente». Pero Hacienda no ha elaborado todavía el Reglamento que defina el concepto de vivienda desocupada.

2. El Gobierno se inhibe. Una resolución del Congreso de los diputados de 2005, acordada entre el PSOE y ERC, instó a Hacienda a elaborar dicho Reglamento. Pero, según el Ministerio de Economía, aún sigue estudiando el desarrollo. El departamento de Solbes no ha encontrado una regulación similar en otros países.

3. Caos y ayuntamientos. Desde 2003, 184 corporaciones (la mayoría catalanas) han aprobado ordenanzas que les permitirían aplicar ese 50%, pero no las han aplicado a la espera del Reglamento de Hacienda.

4. El caso sevillano. El Boletín Provincial de 30 de diciembre de 2006 publicó la norma propia del Ayuntamiento de Sevilla para 2007. Consideraba casa vacía a todas las viviendas, menos la habitual, el domicilio social del propietario, la ocupada por un miembro de la unidad familiar o un descendiente, y la que esté cedida a un tercero.

5. Autonomías a la caza. Cataluña pretende expropiar el usufructo de las viviendas desocupadas y estudia copiar el mo delo que debate el País Vasco de aplicar un canon de nueve euros diarios a los propietarios que no saquen el piso a alquiler.

6. Dudas constitucionales. Los expertos dicen que el modelo sevillano, o el de Cataluña y País Vasco para sus ayuntamientos, acabará en el Constitucional porque puede suceder que cada corporación, y cada autonomía, haga su propia norma y que haya más de 5.000 formas de definir qué es casa vacía.

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