La FSA deja al presidente Areces ante la disolución de la Junta dentro de un año o el gobierno en democracia orgánica con patronal y sindicatos, del Editorial en El Comentario
11/09/2007 - 10:42 h
A una pregunta formulada de la siguiente manera, sólo hay una respuesta posible: ¿puede un gobierno favorecer en el presupuesto a los gobiernos municipales de su color político? La respuesta es sí. Porque se puede y porque se hace. Que el gobierno del Principado de Asturias ha favorecido a los ayuntamientos de su color político, es un hecho que resulta demostrable en la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, a partir de los datos de la anterior legislatura, una cuestión que debería sin duda formar parte del debate público en los diferentes concejos. Que el gobierno del Principado de Asturias puede hacer lo que hizo hasta ahora también es un hecho, puesto que lo hizo y hacerlo en absoluto contraviene la legislación vigente. Muy al contrario, ésa es la razón evidente del vuelco municipal de las últimas elecciones autonómicas, salvo el caso de Oviedo, que bien merece un análisis singular.
El juicio moral es muy importante en la política de la imagen y de los gestos, pero muy poco importante en la de los hechos, es decir, en la realmente existente. La política de la imagen y de los gestos no deja de formar parte de la realidad de los hechos, pues más importante que las cuestiones de principio, son, en política, los resultados electorales, que deciden casi todo, y los resultados tienen más que ver con la imagen que con unos datos que al final se hurtan casi siempre al conocimiento general.
Una mayoría socialista, como la que hay en Asturias, como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas, faculta al gobierno para presentar en la Junta General del Principado los presupuestos que le venga en gana, pero no es menos cierto que la oposición tiene derecho a no aprobarlos, circunstancia para la que esta prevista la posibilidad de la prórroga presupuestaria, un escenario incómodo para el Gobierno, porque impide el desarrollo de proyectos no contemplados en el presupuesto prorrogado y le coloca en una difícil situación que debe ser resuelta de alguna manera.
En la anterior legislatura el ejecutivo tenía un pacto de gobierno con Izquierda Unida que le otorgaba una engorrosa mayoría absoluta, porque ese acuerdo le obligaba a ceder numerosos puestos en la administración, muy deseados por sus propios partidarios, así como a repartir prebendas y decisiones, no menos necesarias y deseadas, como es la participación en los grandes negocios de la política, como por ejemplo el reparto del suelo a través de instrumentos de "dole catole, kilo kilete" como la célebre sociedad Sogepsa.
El rechazo de la Federación Socialista Asturiana, encabezada por Javier Fernández, a la reedición del pacto con IU, en una compleja peripecia periodística que dejó a los dirigentes de la coalición de Gaspar Llamazares con cara de susto, colocó a la militancia de esta organización en una situación altamente precaria. Muchos tuvieron que irse al paro y los socialcristianos llamazaristas se vieron obligados a desalojar, muy a disgusto por cierto, las consejerías de Vivienda y Justicia, con lo que sus jugosos acuerdos con Serafín Abilio y la Confederación Asturiana de la Construcción se fueron al traste, junto con la agencia de viajes que tenían montada a cuenta de la Cooperación, el 0,7% y otras plataformas turísticas. Así las cosas, Jesús Iglesias amenazó con ayudar a que se forzase un escenario de elecciones anticipadas.
Vicente Álvarez Areces tiene que agradecer a Fernández el encontrarse en una endiablada situación que le coloca ante la necesidad de sobrevivir en unas condiciones políticas extremadamente duras, porque la política de sectarismo institucional que practicó en la anterior legislatura, que le llevaba a no dar ni agua a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular se acabó. Gracias a esa política con la que Areces reforzó al partido político que le estrangula para forzar el relevo al frente de la presidencia, de una manera "natural", el número de ayuntamientos gobernados desde la FSA se amplió sensiblemente y el PP perdió mucha fuerza municipal.
Pero queda el problema de Oviedo, que resistió eficazmente, desde el punto de vista político e institucional, porque Gabino de Lorenzo supo hacer de la necesidad virtud, y al acoso gubernamental respondió en todo momento con la estrategia del Cerco de Oviedo, que le ha dado extraordinarios réditos, al convertir la cicatería gubernamental en acicate para el sufragio, pues los ciudadanos de la capital del Principado, situados ante tal dilema, parecen privilegiar su derecho a votar a quien les da la gana, sobre el sentido práctico que predominó en muchos concejos, en los que la opción fue votar a quienes presumían que iban a tener la mayoría, para asegurarse de que había dinero para el hormigón en las calellas, para los puntos de luz y para tantas otras inversiones cotidianas que fluyen cuando hay sintonía política y escasean, cuando el enfrentamiento y el acoso se convierten en norma.
Y empezó el juego de esgrima. Areces hizo saber que para construir los accesos a Oviedo a través del proyectado túnel de General Elorza, así como para abordar la ambiciosa Losa de Santullano, resulta imprescindible contar con un presupuesto en el que se incluyan tales obras, a lo que De Lorenzo contestó que tal anuncio suponía tomar Oviedo como “rehén” de la negociación presupuestaria que Areces pretende lanzar con el apoyo de empresarios y sindicatos, mediante la convocatoria de ese órgano paralelo denominado “Mesa de Concertación”, que acostumbra a invadir las competencias del Consejo Económico y Social, y en el que se reparte mucho dinero destinado a cursos de formación, con los que se financian los consensos que sin duda pervierten el debate político al máximo (juicio moral).
A De Lorenzo le respondió la portavoz Ana Rosa Migoya, con una verdad muy tendenciosa: “para poder licitar y ejecutar una obra pública debe aparecer en los presupuestos”. Cosa muy cierta, lo que dice Migoya, pero también no es menos cierto que para decirlo, en el contexto en que se dijo, hace falta valor, porque a esas alturas de la película todo el mundo tenía claro ya de qué iba la nueva estrategia gubernamental y la respuesta era, como mínimo, previsible. Como De Lorenzo tiene peso decisorio en el PP, y como en IU están encabronados porque se han quedado sin opción a tarta, y ya anunciaron que no van a apoyar el presupuesto, el Gobierno estaría sugiriendo su disposición a apoyar las obras de Oviedo –cosa que Areces acabó planteando de manera explícita-, a cambio de un “sí” de Ovidio Sánchez a los presupuestos autonómicos, lo que a su vez hipotecaría su posición ante las próximas elecciones generales, pues salta a la vista que aprobarle los presupuestos al ejecutivo autonómico en pleno proceso electoral equivale a facilitarle mucho las cosas a los impulsores de la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
La respuesta del regidor ovetense fue contundente y todavía espera acuse de recibo: «Si no quiere o no puede conseguir acuerdos que le permitan gobernar y cumplir sus compromisos, debe disolver la Cámara». Y así está la cosa. La respuesta ha sido un elocuente silencio. De Lorenzo ha conseguido taparles la boca a Areces y a Migoya, mandándoles al traste su brillante idea que parece más un recurso desesperado que una posibilidad práctica, porque sin duda las cosas están ahora bastante peor para el ejecutivo que al principio.
Qué va a ocurrir. Es evidente que Areces tiene que inventar algo, aunque lo tiene complicado, pues todas las posibilidades deberían estar abiertas, pero la realidad no es así, porque este rifirrafe preelectoral ha vuelto a poner en valor la posición de IU y cuestiona seriamente la intención de la FSA hacia el gobierno, al haber roto el pacto que en la anterior legislatura evitaba esta situación que ahora se aparece ante todo el mundo como un dilema evidente. Si ahora la FSA cede ante IU, Areces se blindará frente a Javier Fernández, que tendría que reconocer públicamente como un error, su decisión de dejar fuera a Iglesias y compañía para abrise así su propio camino.
El Estatuto de Autonomía, que en su primera redacción no contemplaba la posibilidad de disolver la Junta General del Principado, fue modificado por la Ley Orgánica 1/1999, que incluyó en su articulado la fórmula para disolver la cámara mediante Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma, eso sí, después de que haya concluido “el primer período de sesiones”, que es precisamente en el que nos encontramos ahora.
Como es de prever que el PP no va a desarrollar una oposición frontal al proyecto presupuestario –tal y como ya anunció Ovidio Sánchez-, y que los conservadores van a dar una imagen abierta, dialogante y dispuesta a la negociación, Areces no tendrá otro remedio que apoyarse en la patronal y los sindicatos para intentar conseguir un documento que sea aprobado, porque si no, tal y como advirtió ya el alcalde de Oviedo, tendrá que enfrentarse a unas elecciones anticipadas, en las que el candidato sería ya el secretario general del FSA, Javier Fernández, del que nadie habla estos días, a pesar de ser el auténtico diseñador de la situación en la que nos encontramos.
