Algunos lectores de esta columna recordarán el dilema o “enigma de la pócima” (toxin puzzle), formulado en 1983 por un filósofo americano ya fallecido, Gregory Kavka, al que fascinaban las paradojas de la disuasión. Un personaje acaudalado y omnisciente ha preparado un brebaje que, aunque inocuo, tiene un sabor repugnante y causa pasajeros dolores a quien lo bebe.

Nos pagará hoy un millón de euros si comprueba esta noche que albergamos la sincera e inquebrantable intención de ingerirlo mañana. Pero mañana, una vez cobrado el premio, nada impedirá que nos desdigamos y rehusemos beber la pócima.

Paradójicamente, esa futura libertad nos privará del premio, porque nos impedirá tener hoy una genuina intención de tragar mañana el bebedizo. Ya en 1960, en The Strategy of Conflict, Thomas Schelling, el gran teórico de la teoría de la disuasión y posterior Premio Nobel de Economía, formuló otro dilema parecido, que surge con frecuencia en las películas policíacas y hace poco vi en la serie americana 24: un secuestrador, asustado por las posibles consecuencias de su acto, está pensando en liberar a su rehén; éste lo intuye, y promete que no le delatará si le libera; pero el secuestrador, apesadumbrado, concluye que lo más seguro será matar al rehén y huir, pues una vez libre su víctima, incluso aunque quiera, no podrá resistir la presión de la policía para que le identifique (…en otro detalle realista de esta apasionante serie, un vicepresidente conspira a espaldas de su presidente; pero me faltan por ver algunos capítulos, y todavía no sé cómo acabará esta vez la traición).

El “enigma de la pócima” se debatió en pequeños círculos de filósofos ajenos a la economía. Pero interpretemos el enigma con la siguiente clave: pensemos que el millonario omnisciente son los mercados de capitales y quienes adquieren deuda pública a largo plazo; que el premio del millón de euros es una garantía para el Gobierno de que los tipos de interés de la deuda pública se mantendrán estructuralmente bajos, lo que abaratará la financiación; y, en fin, que tragarse la desagradable pócima es subir ocasionalmente los tipos de interés a corto plazo –o, al menos, no bajarlos– cuando resulte preciso para moderar tensiones inflacionistas. Esos ligeros cambios le harán ver a un economista que el “enigma de la pócima” es una versión filosófica del dilema económico que, enunciado en 1977 por los americanos Kydland y Prescott, se conoce como “problema de la inconsistencia temporal (o dinámica)”.

Inconsistencia dinámica

El problema se da cuando a una autoridad económica, con el fin de conseguir ahora el premio de unas expectativas de inflación moderada y unos tipos de interés estructuralmente bajos, le conviene prometer hoy que mañana no le temblará el pulso cuando, para luchar contra la inflación, necesite subir los tipos de interés; pero el personaje acaudalado –esto es, los inversores y agentes económicos que tienen que juzgar hoy sobre esos buenos propósitos– concluirá que, llegado el momento de la verdad –especialmente si hay unas elecciones generales cerca o la opinión pública presiona–, las autoridades económicas se desdecirán y mantendrán una política monetaria relajada.

Y así, como consecuencia del peligro de que utilicen esa libertad futura, las autoridades económicas no recibirán hoy el premio de unos tipos de interés estructuralmente moderados. En casos extremos –pensemos en muchos países emergentes–, sus Tesoros sólo podrán financiarse a largo plazo en divisas extranjeras.

El “enigma de la pócima” o “dilema de la inconsistencia temporal” –hoy es óptimo hacer una promesa, pero mañana será óptimo incumplirla– tiene infinitas manifestaciones que no es posible analizar aquí –entre ellas, en el ámbito económico, el problema del “acuerdo obsolescente” (obsolescing bargain) de Vernon o el “juego de la confianza” (trust game)–. Schelling propuso como paradójica solución que el secuestrado, antes de ser liberado, contara a su captor algún secreto inconfesable que permitiera también al secuestrador amenazarle con una delación si la víctima, una vez liberada, le traicionaba.

Por su parte, los economistas que analizaron la versión monetaria del dilema –especialmente, Barro, Gordon y Rogoff– concluyeron que un Gobierno que quiera conseguir hoy el premio de unas expectativas de inflación moderada y unos tipos de interés estructuralmente bajos debe encomendar la política monetaria a una institución profesional que esté al margen de presiones políticas y electorales.

Esa idea, que Alemania venía aplicando con éxito desde 1948 a través del Bundesbank, fue aceptada por todos los gobiernos democráticos que, en el ya lejano 1991, negociaron el Tratado de Maastricht, cuando los tipos de interés a largo plazo en casi todos los países –incluida, desde luego, España– eran mucho más altos que en Alemania. Y como los alemanes, omniscientes, intuyeron que los sucesores de aquellos añorados estadistas que aprobaron el Tratado –Kohl, Mitterrand, González...– podrían algún día poner en tela de juicio la independencia del Banco Central Europeo (BCE), se consideró prudente por todos incluir de forma expresa un precepto, el artículo 107, que reza: “Ni el BCE ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios, ni de los gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. Las instituciones y organismos comunitarios, así como los gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del BCE y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones”.

El Tratado, por lo demás, obliga al BCE a rendir cuentas de sus decisiones ante el Parlamento Europeo –une, pues, íntimamente los conceptos de independencia y accountability– y establece mecanismos institucionales para que la Comisión Europea y los ministros de Economía y Hacienda puedan manifestar al BCE, en la confidencialidad de las reuniones del Consejo del Banco, sus opiniones sobre política monetaria.

Soberanía e incertidumbre

La experiencia reciente, especialmente tras la inestabilidad financiera surgida este verano, revela que el nuevo presidente francés, Nicolás Sarkozy, incumple con frecuencia el citado artículo 107, pues exige periódicamente al BCE, de forma pública y ostentosa, que no suba los tipos de interés. En España, por fortuna, no hemos llegado a tanto, aunque la decisión del Gobierno sobre la congelación de la tarifa eléctrica muestra que el problema de la “inconsistencia dinámica” de los gobiernos, especialmente en vísperas de elecciones, no es una entelequia teórica.

A principios de mes, el comisario europeo del ramo, Joaquín Almunia, recordó en Madrid, con gran sensatez, que poner en entredicho públicamente la independencia del BCE no sólo es contrario al Tratado, sino también contraproducente: como la mujer del César, el BCE no sólo debe ser independiente, sino que está también obligado a parecerlo.

Pero la cuestión de la independencia del BCE –y, en general, de algunos entes públicos claves– exige mucha pedagogía, como ilustra el simplismo de la frase que le oí a Joaquín Estefanía el pasado jueves, en la tertulia de un programa radiofónico, antes de saber si ese día el BCE subiría o no los tipos de interés: “Un banco central independiente es una anomalía democrática”. La frase guarda cierta relación con las dudas que en 1991 manifestó sobre el Tratado Miguel Herrero de Miñón, cuando se preguntó si la independencia del BCE y del Banco de España era compatible con el artículo 97 de la Constitución, a cuyo tenor “el Gobierno dirige la política interior y exterior” y “ejerce la función ejecutiva”, dudas que se consideraron, con razón, infundadas cuando en 1994 el Congreso aprobó la Ley de Autonomía del Banco de España.

El “enigma de la pócima”, nacido de los debates sobre la disuasión nuclear, late también en el sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas. La facultad de libre decisión que algunos constitucionalistas, intelectuales y líderes de países emergentes (pensemos en Kirchner, Chávez o Morales) ven como parte esencial de un irrenunciable derecho a la “soberanía” política, es vista como “incertidumbre” o “inseguridad jurídica” por cuantos inversores o agentes económicos deben tomar decisiones que les atarán durante años y les dejarán a expensas de eventuales cambios de criterio gubernamentales.

Por eso las democracias maduras saben que la independencia frente al Gobierno de ciertas instituciones del Estado, siempre que esté consagrada en las leyes y vaya acompañada de un deber de rendición de cuentas ante el Parlamento, es un “trágala” para las autoridades políticas que, conforme con los principios de la democracia parlamentaria, lleva premio.