Afirma que el vicepresidente de la CNMV «no ha recibido dádivas» y que no hay que investigarlo

Cuatro meses después el Gobierno sigue sin dar explicaciones sobre el grave episodio de entrega en el Palacio de la Moncloa de un dossier contra el presidente del BBVA, Francisco González.

En respuesta parlamentaria a una batería de preguntas del Partido Popular, el Ministerio de la Presidencia defiende al vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, y evita detallar -tampoco desmiente- su visita a Moncloa en enero de 2005 para recoger de manos del entonces director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, un dossier contra González. El ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, denunció los hechos el pasado 7 de mayo y el portavoz económico parlamentario del PP, Vicente Martínez Pujalte, dirigió decenas de preguntas al Gobierno que han sido despachadas por el Gobierno en tres folios.

El Gobierno se limita a asegurar que «no existen intereses empresariales confluyentes entre el entonces director de la Oficina Económica y el vicepresidente de la CNMV». Señala que Sebastián fue director general de Intermoney a las órdenes de Arenillas entre 1995 y 1996, pero que de aquella relación laboral «han pasado 11 años». Arenillas tampoco ha desmentido nunca en detalle los hechos y se ha mantenido en el cargo con la confianza de que el tiempo haría olvidar el episodio.

El Gobierno también exculpa a Arenillas de haber cenado por 1.400 euros con el dueño del fondo de inversión Vega y del hecho que éste contratara posteriormente al hermano del vicepresidente de la CNMV. El fondo fue autorizado posteriormente por Conthe.

Según la respuesta gubernamental, «el vicepresidente de la CNMV no ha aceptado ninguna dádiva» y «no hay ningún motivo para iniciar ningún tipo de investigación».

Tampoco ve objetable que Arenillas, que ocupa un importante cargo público, mantenga acciones en sociedades privadas, puesto que «su participación es inferior al límite que le obligaría a desprenderse de la misma». Por eso mismo, también considera dentro de la legalidad si esas sociedades han recibido subvenciones del Estado. Por su parte, otro ex empleado de Intermoney con Arenillas, el actual secretario de Estado de Economía, David Vegara, ostenta una participación en Tagomago Investment II Sicav, según admite el Gobierno. Se trata de un instrumento inversor con casi nula tributación que ha sido muy criticado desde la izquierda del Parlamento y por el PSOE en tiempos de la oposición. Pero la participación de Vegara en esta sociedad «no es significativa» y «ha sido objeto de las tareas ordinarias de supervisión de la CNMV en las mismas condiciones que el resto de las 3.100 Sicav inscritas».

Martínez Pujalte preguntó si el hecho de que cargos públicos participen en este tipo de instrumentos incluso con un alto porcentaje, como fue el caso de Arenillas, no vulnera el espíritu de la legislación de estas sociedades, que exige que las acciones estén muy repartidas. «En ningún caso se vulnera marco regulatorio alguno cuando se cumple la legalidad», replica el Ministerio de la Presidencia.

El Gobierno tampoco responde por qué el sucesor de Sebastián en Moncloa, David Taguas, telefoneó a consejeros de la CNMV en vísperas de reuniones clave para la batalla de Endesa. Pero sí defiende el papel de la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, acusada por Conthe de no actuar con independencia del Gobierno en su labor como consejera de la CNMV. «Los consejeros natos [Núñez lo es] mantienen en el desarrollo habitual de sus funciones contactos con otros órganos e instituciones del Estado y de otras administraciones públicas, así como con el sector privado, especialmente las asociaciones representativas de intereses, sin que esto implique merma alguna de la independencia de dicha institución reguladora».

© Mundinteractivos, S.A.