La dirección general de Seguros (DGS), dependiente del Ministerio de Economía, quiere impedir que las aseguradoras se puedan oponer a seguir renovando una póliza de enfermedad porque les resulta muy costosa. En su propuesta de bases para la reforma de la ley del Contrato de Seguro, el organismo encabezado por Ricardo Lozano señala que analizará "la posibilidad de atribuir sólo al asegurado" el derecho a oponerse a que su compañía le prorrogue su seguro de salud. Ese derecho lo tienen hasta ahora tanto asegurados como compañías de seguros y es precisamente uno de los puntos más conflictivos en la relación entre ambos, ya que los clientes se quejan de que las aseguradoras se intentan deshacer de ellos cuando ya no resultan rentables.

La propuesta de la DGS, que está siendo analizada por la patronal aseguradora (Unespa), también insiste en la necesidad de regular el uso de información genética al contratar una póliza que cubre los riesgos de invalidez o fallecimiento. En Francia, el país que pone como ejemplo la DGS, está prohibido que las aseguradoras puedan utilizar información genética para discriminar a un cliente. Además, la DGS quiere señala la necesidad de prohibir la discriminación de personas con discapacidad, como han venido solicitando repetidamente estos colectivos.

En los seguros de accidentes, la DGS también propone que los contratos incluyan un baremo con las indemnizaciones que correspondan a las categorías de invalidez cubiertas. En el documento, el organismo supervisor aborda por primera vez la regulación del nuevo seguro de dependencia, aunque a grandes rasgos.

La propuesta publicada por Seguros es un primer paso para la reforma de la ley del Contrato de Seguro, que regula el contenido y los diversos tipos de pólizas que puede contratar un consumidor. Una parte de esa propuesta será sometida a evaluación del sector asegurador y de los consumidores el próximo 20 de septiembre.