Pasqual Maragall, en un genuino acto de ultratumba política, ha expresado su apoyo a la sugerencia de una huelga fiscal en Cataluña, previamente manifestada por Jordi Pujol, ante lo que ambos consideran –y con ellos la mayoría de la clase política catalana– baja inversión del Estado.

Pero una cosa es lo que sostienen uno y otro ex presidentes de la Generalitat y otra, asaz diferente, la realidad de que el aparato autonómico catalán recibirá en el próximo ejercicio presupuestario el 18,8 por ciento de la inversión estatal. Y también, que el incremento del gasto público se situará en el 19 por ciento, donde el 27,6 viene dedicado al presupuesto de personal.

La magnitud del dispendio expresada en este gasto, donde se restauran de sus fatigas y quebrantos las tribus gobernantes en el Principado, contribuye a menguar la impresión de que esta coincidencia de pareceres y compartida identidad de criterios, expresan un acabado espectáculo de espiritismo nacionalista, toda vez que los sugerentes, Maragall y Pujol, comparten su integrada condición de cadáveres políticos con la de jubilados de oro a expensas del erario del Estado. No obsta a ello que uno haya gobernado como socialista-nacionalista y otro en nombre del nacionalismo catalán. La pela hace la síntesis sagrada y remonta las diferencias que ambos hayan podido representar en sus respectivas regidurías de la mutante autonomía catalana.

Esa escandalosa y compartida propuesta de una hipotética huelga fiscal, del tancament de caixes, como la que en 1899 hicieron comerciantes e industriales contra lo que se consideraban restrictivas asignaciones estatales para Cataluña, no es propiamente la sugerencia de una huelga, que a la postre constituye un derecho constitucional, sino un acto de sedición económica contra el normal funcionamiento del Estado. Además de un atentado contra el principio constitucional de solidaridad.

Descontado el hecho de que estas fechas de septiembre, nucleadas por la Diada, son propicias al calentamiento del fondo de barretina –que siempre fue propio del nacionalismo y ahora, con el aliento taumatúrgico de Rodríguez, lo es también del partido que fundó Pablo Iglesias–, conviene aforar qué significa este despropósito de una huelga fiscal en Cataluña mientras los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán parecen pudrirse en las dársenas del Tribunal Constitucional.

Irredentismo nacionalista

El asunto de la huelga fiscal propuesta conjuntamente por todo el catalanismo tiene una grave e incuestionable importancia relativa, pues dimensiona, cuantifica y radicaliza el discurso del irredentismo nacionalista. Y lo hace hasta extremos cuyo peligro se mide en lo que cabría llamar “retóricas de irreversibilidad” para el generalizado despropósito identitario en que se encuentra sumida aparentemente la realidad política de Cataluña.

Con una minoría gobernante cuyo soporte social se expresa, de forma significativa, en mayorías electorales de abstención y desentendimiento, tal como afloró con especial elocuencia en la consulta para refrendar el texto estatutario. Esa genuina ópera magna de una clase política cuya más significativa y verificable magnitud es la que expresa su peso presupuestario.

Desde una perspectiva más amplia, cabe observar cómo nacionalismos y socialismos de las autonomías, especialmente la de Cataluña, le están dando el puntillazo a los consensos de la transición. Pero, en todo caso, hacer de la inversión en infraestructuras el eje de la dialéctica social-nacionalista, como en Cataluña ocurre, al tiempo que el gasto consuntivo destinado a personal alcanza tan desorbitadas proporciones, lleva a la conclusión de que es el crecimiento de la infraestructura económica para la clase política lo que obsta a la atención suficiente para los gastos estatales urgidos por esa misma clase.
Sería más justo, decente y solidario que la Generalitat catalana gastara menos e invirtiera más.