La reflexión sobre los principales problemas que acucian a nuestros puertos de interés general se ha convertido, afortunadamente, en un lugar común sobre el que no han dejado de pronunciarse instituciones oficiales, asociaciones empresariales y profesionales interesados. Una buena muestra de ello lo constituye la celebración de la conferencia «Autopistas del mar y desarrollo portuario», promovida por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y la Associação Industrial de Portugal (AIP); la mesa redonda «El futuro del sistema portuario de la fachada atlántica», impulsada por la Cámara Hispano-Portuguesa de Comercio e Industria y el Círculo de Exportadores Gallegos; y, próximamente, el seminario «Fórum para el desarrollo de los puertos del espacio atlántico», organizado por la CEP y la Diputación de Pontevedra.

A distinto nivel, el actual Gobierno español está tratando de sacar adelante una reforma legal de calado amplio, como es la tramitación de una Ley General de Navegación Marítima que revise el sistema y los principios inspiradores de nuestro viejo derecho marítimo.

En el ámbito europeo, el Libro blanco sobre transportes y el Libro verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas son a su vez la expresión teórica de iniciativas de muy diverso alcance y contenido, como el programa Marco Polo, las unidades europeas de carga internacional, el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar, iniciativas todas ellas que han merecido la atención de nuestras autoridades y empresarios, en particular las dos últimas, con la creación de la Asociación para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia y la eventual intención de las autoridades marítimas de Vigo y A Coruña de optar, en competencia con las de Bilbao y Gijón, a una de las dos autopistas del mar previstas por la Unión Europea, la que enlace puertos españoles con puertos franceses.

En un contexto como este, en el que, al fin, los puertos españoles parecen cobrar la importancia que en realidad poseen, sobre todo si se tiene en cuenta que el 85% de nuestras importaciones y el 50% de nuestras exportaciones se realizan por mar, una percepción y delimitación claras de la competencia y competitividad de los puertos gallegos resulta a todas luces esencial. Hasta ahora, esa competencia y competitividad parecen haber sido objeto de una percepción y delimitación más individual que colectiva, aunque en los últimos tiempos, a imagen de lo que sucede con los puertos de otros países, como Savona, Génova y La Spezia, en Italia, por ejemplo, comienza a hablarse de coordinación portuaria o, mejor aun, de sistema portuario, con objeto de ofrecer una imagen de competencia y competitividad colectivas frente a la que presentan otros puertos europeos.

Este objetivo, sin embargo, por muy loable que sea, no es fácil de poner en práctica, dadas las circunstancias a las que todavía se enfrentan nuestros puertos. Entre ellas, una de carácter normativo, común a todos los puertos españoles, consistente en el constante cambio de la legislación vigente, pareja al periódico cambio de Gobierno, lo que dificulta la existencia de un marco jurídico estable, absolutamente necesario para el desarrollo de cualquier actividad económica; y otra de carácter estructural, más propia de nuestros puertos, como es la falta de unos accesos que son imprescindibles para desarrollar la intermodalidad de manera práctica y efectiva, en particular en los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol, cuya conexión a las redes de alta capacidad y velocidad de carretera y ferrocarril está todavía por concretar.