A pesar de que el Gobierno fijó el primer trimestre de 2007 como fecha límite para legislar sobre la actividad de los intermediarios, todavía no tiene decidida la forma jurídica de la reforma. La prioridad ahora es el alquiler para jóvenes.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha hecho del alquiler de pisos para jóvenes su principal prioridad en el corto plazo, dejando a un lado la nueva regulación del sector de la intermediación inmobiliaria que su predecesora en el cargo, María Antonia Trujillo, pretendía tener lista en el primer trimestre del presente año.

Según confirmaron fuentes del departamento ministerial, todavía no está decidida la figura jurídica que tendrá la nueva normativa, aunque se baraja la posibilidad de elaborar un reglamento, ya que la tramitación de un proyecto de ley es larga y quedan pocos meses para que concluya la legislatura. Antes del verano, el Gobierno se puso como fecha límite el mes de septiembre para que la normativa entrara en vigor tras múltiples aplazamientos, algo que no se ha producido. Ahora, la ministra estudia una nueva prórroga.

Las inmobiliarias y los agentes de la propiedad ya han manifestado a Chacón su apoyo a la nueva regulación, cuyo objetivo principal es profesionalizar la intermediación en el mercado de la vivienda, para que compradores y vendedores tengan las máximas garantías a la hora de cerrar las transacciones. Además, el Ejecutivo quiere que las agencias tengan una cobertura financiera suficiente para hacer frente a los impagos, lo que, a juicio de los expertos consultados, es un elemento clave para capear el cambio de ciclo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), unas 9.000 agencias cerraron sus puertas en 2006, cifra que está aumentando durante el presente ejercicio.

“Hay mucha competencia, se ha cuadruplicado el número de oficinas en los últimos cuatro años y ahora el mercado cae, cuando muchos no están preparados para invertir en publicidad, medios e ideas, porque no les hizo falta en los años boyantes”, señala el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Santiago Baena. Este hecho no sólo afecta a pequeñas compañías, sino que grandes firmas como Re/Max, Look&Find, o Fincas Corral se están viendo obligadas a dar marcha atrás en su proceso de expansión por falta de negocio.

Fuentes de las agencias inmobiliarias consultadas por EXPANSIÓN destacan el compromiso de la nueva ministra de intervenir en un mercado liberalizado por el PP en 2003 para introducir competencia en el sector y reducir así los ritmos el encarecimiento de las casas. Los profesionales constatan el fracaso de la medida, ya que no se plantearon unos requisitos mínimos de formación para poder abrir una agencia y se fomentó la competencia desleal. Ahora, Vivienda quiere que los vendedores puedan acreditar su valía mediante cursos formativos y con su inclusión en un registro público. En esta base de datos no podrán estar personas con antecedentes penales ni empresarios que no tengan oficinas abiertas al público.

Ambos aspectos fueron solicitados por el Consejo Rector de los Colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) durante la reunión que mantuvieron el pasado 28 de agosto con Chacón. El colectivo considera necesario que los intermediarios suscriban un seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros. Se da la paradoja de que los APIs son los únicos profesionales de la intermediación titulados sujetos a normas concretas, si bien están pendientes de la aprobación de un estatuto, sometido a estudio en el Consejo de Estado.

El resto de profesionales de la compraventa de casas, a pesar de no estar tan regulados como los APIs, coinciden en reclamar una regulación para luchar contra el intrusismo. La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (Aegi) ha decidido promover un código de buenas prácticas corporativas que incluye las bases de la nueva normativa que prepara Vivienda, según adelantó este diario el 2 de julio.

De la Vega alaba el “rigor” de la apuesta andaluza

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que es compatible el rigor económico con políticas de progreso social, entre las que destacó las de vivienda. De la Vega hizo esta afirmación, tras el Consejo de Ministros, en respuesta a la polémica surgida en torno al proyecto de ley andaluz de Derecho a la Vivienda, aprobado el pasado 4 de septiembre por el Consejo de Gobierno de esa comunidad y que provocó distintas reacciones en el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y en la ministra de Vivienda, Carme Chacón.

La vicepresidenta indicó que el Gobierno es “firme partidario” de promover iniciativas que garanticen más y mejores derechos a los ciudadanos, entre ellos el de acceder a una vivienda. “El proyecto andaluz está en esa línea, como lo está la ley catalana y lo están otras iniciativas del mismo tenor que han adoptado las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias”, afirmó.

“Es compatible claramente mantener el rigor económico y el progreso social con leyes de esta naturaleza”, añadió la vicepresidenta primera. El proyecto de ley garantiza que el esfuerzo para comprar una vivienda protegida en régimen de compra o alquiler no superará un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en el caso del alquiler y esta destinado a las personas que ganen menos de 3.100 euros al mes, es decir, a más del 90% de la población.