El alto tribunal da un balón de oxígeno a Euskadi ante la presión de otras autonomías, en espera de que Luxemburgo decida si las ventajas vascas vulneran o no la competencia.

El Tribunal Supremo ha dado un respiro a la Administración y a las empresas vascas, que en los últimos años han vivido sumidas en la incertidumbre fiscal debido a los varapalos judiciales contra la tributación empresarial en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

El alto tribunal, en una sentencia del 12 de julio que ha notificado esta semana a los interesados, falla contra la suspensión del Impuesto de Sociedades aprobado por Vizcaya en junio de 2005. Esta medida cautelar había sido dictada por el Superior de Justicia del País Vasco a finales de ese año, a petición de Castilla y León. Vizcaya recurrió en casación.

La sentencia del TS señala que el Tribunal Superior tiene “dudas” a la hora de resolver el fondo de las impugnaciones contra la fiscalidad vasca, y que por ello planteó hace doce meses una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE, que debe dictaminar si las medidas tributarias adoptadas en Euskadi –incluido un tipo más reducido– son o no contrarias a la libre competencia europea. En espera de que Luxemburgo responda a la consulta “no resulta procedente” suspender la normativa foral, dice el Supremo en relación a la regulación de 2005.

Menos amenazas

Esta decisión supone una tregua en la guerra contra la fiscalidad vasca ya que, al menos durante unos meses, congela los recursos contra las normas forales y elimina la amenaza de una nueva suspensión del tipo antes de que termine el año.

La regulación suspendida en 2005 y ahora reinstaurada fijaba un tipo del 32,5%. A finales de ese año, las Diputaciones salvaron el vacío legal con una norma que llevó el tipo al 32,6%. Este gravamen fue finalmente el que las empresas aplicaron a sus beneficios de 2005, por lo que la sentencia del TS no afecta al pago de impuestos realizado.

Actualmente, Vizcaya y Álava tienen vigente un tipo de Sociedades del 28% y Guipúzcoa proyecta fijarlo en el 30%, por debajo del 32,5% español. Los gobiernos de La Rioja y de Castilla y León, así como la patronal riojana, han recurrido la regulación actual, y han pedido también su suspensión cautelar.

Según expertos judiciales y fiscales, el Tribunal de la UE emplea entre 14 y 33 meses en resolver una cuestión prejudicial, por lo que la resolución sobre la fiscalidad vasca tardará aún unos meses. El fallo podría alargarse habida cuenta de que se han personado en la causa Italia y Reino Unido, que tendrán audiencia al igual que la Comisión Europea –muy crítica con las tesis vascas– y el Gobierno español –favorable a los intereses de Euskadi.

Ésta es la primera ocasión en que el Supremo toma cierta distancia de sus propias tesis, que a finales de 2004 le llevaron a anular los pilares del Impuesto de Sociedades vasco aduciendo que sus ventajas suponían ayudas de Estado. Esta decisión desencadenó en los últimos tres años una cascada de varapalos judiciales contra la fiscalidad de Euskadi.

El cambio obedece a las novedades procedentes de la UE. Hace doce meses, el Tribunal de Luxemburgo reconoció, en un fallo sobre el régimen fiscal de las Islas Azores, que las regiones con capacidad tributaria no vulneran la competencia europea si reducen sus impuestos, siempre que tengan autonomía institucional, procedimental y financiera.
Ahora, la Justicia europea debe decidir si el País Vasco reúne estas tres condiciones.

La sentencia del Supremo despertó ayer el optimismo de medios políticos y económicos vascos, que ven en ella una revisión de la postura mantenida hasta ahora por el propio tribunal. La Diputación de Vizcaya y la patronal Cebek coincidieron en que la primera consecuencia será que no se podrá suspender ninguna norma hasta que exista una resolución definitiva por parte de la Corte de Luxemburgo. Además, destacaron que el TS “da mucha importancia” a la sentencia del caso Azores.

También el PSE se mostró “muy esperanzado” con la “nueva doctrina apuntada por el alto tribunal”. “Si se consolida, será una buena noticia para la estabilidad fiscal de Euskadi”.