El Gobierno sospecha que la polémica desatada en torno a la intención de la selección catalana de fútbol de jugar un partido amistoso contra la de EEUU el próximo 14 de octubre en el Estadio Olímpico, no es sino una provocación, una trampa, para inducirle a enfangarse una vez más en un debate en torno a las competencias, las aspiraciones independentistas y soberanistas y los hechos diferenciales. Y no parece dispuesto a aceptarlo.

Ese fue el mensaje que lanzó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros.

La pregunta acerca del desafío político-deportivo catalán fue recurrente y la número dos del Ejecutivo se puso en guardia desde el primer momento. Apeló al «sentido común y a la razón» para trasladar la tesis de que «mezclar el deporte con la política hace un flaco favor tanto a uno como a otra».

De la Vega fue tajante al recordar el contenido de la Ley del Deporte: «La representación de España en las competiciones deportivas oficiales de carácter internacional le corresponde únicamente a la selección española».

«Esto es lo que establece la ley y el Gobierno no tienen intención de derogarla y, además», añadió, «es lo que recoge también la doctrina del Tribunal Constitucional. No hay ninguna duda sobre ello».

De la Vega recalcó que el Gobierno siempre ha defendido la idea de que la promoción del deporte a través de las selecciones autonómicas «en el ámbito que les corresponda» es positiva. La vicepresidenta puso énfasis en recordar el terreno de cada cual para insistir de nuevo en que la representación en el caso de acontecimientos deportivos internacionales corresponde únicamente a las selecciones deportivas de carácter nacional.

Aseguró -pese a las fuertes presiones que se están ejerciendo entre poderes políticos y deportivos catalanes para que el reto se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias- estar convencida de que «todo el mundo va a cumplir la ley».

«No tengo la menor duda de que todo el mundo respetará las disposiciones legales», señaló, «como ha venido sucediendo hasta ahora. No hay que adelantar acontecimientos sobre cosas que se pueden producir pero que aún no se han producido».

La vicepresidenta ni siquiera aceptó discutir la posibilidad de que un partido amistoso, como el que se plantea, pueda quedar al margen de la estricta observancia de la Ley del Deporte.

De esta forma, el Ejecutivo intenta no calentar un debate que podría reabrir nuevamente la etapa de roces con el Gobierno de Cataluña y que fácilmente arrastra a la opinión pública hacia un terreno delicado: el que confronta españolismo y catalanismo.

Los temores de Moncloa no parecen infundados. Ayer mismo, el portavoz de Deportes de CiU en el Congreso, Josep Maldonado, advertía que «vetar las aspiraciones de Cataluña» de competir internacionalmente con su selección «sólo conseguirá radicalizar los sentimientos de los catalanes».

El portavoz de CiU respondió además a la vicepresidenta asegurando que Cataluña «nunca ha mezclado política y deporte». «Lo que hace», añadió, «es sentirse herida en sus más profundos sentimientos como país». «Vetar las legítimas aspiraciones de competir internacionalmente, va contra el deseo mayoritario del pueblo catalán, y los pueblos son soberanos», añadió.

En paralelo, el presidente de CiU, Artur Mas, insistió en reclamar al presidente de la Generalitat, José Montilla, que «defienda el derecho a jugar» el partido amistoso de la selección catalana.

Por su parte, el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, anunció que el lunes pedirá formalmente la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para que explique el «veto» de la Federación Española de Fútbol al partido amistoso Cataluña-EEUU.

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