Las decisiones del Estado no son inamovibles. De hecho, las oportunidades de los ciudadanos y empresas al recurrir una decisión estatal se pueden medir: en tres de cada diez ocasiones en las que el Estado es el demandado, el juez le quita la razón, según los datos que arroja la primera Memoria de la Abogacía del Estado, presentada ayer.

En este tipo de litigios se incluyen todos los que se tramitan por vía contencioso-administrativa, es decir, las reclamaciones de carácter tributario, sanciones impuestas por órganos estatales, cuestiones de extranjería, decisiones ministeriales o asuntos de carácter medioambiental, entre otros. Este tipo de pleitos supone una de las mayores cargas de trabajo para la Abogacía del Estado, según Justicia, que en 2006 tuvo que hacer frente a más de 125.ooo litigios. Los servicios jurídicos estatales tuvieron éxito, en conjunto, en ocho de cada diez procesos que le fueron planteados en las distintas instancias judiciales.

Procesos abiertos

En total, Justicia calcula que en la actualidad el Estado cuenta con 12.000 millones de euros en juego, pendientes de la buena labor de sus abogado, cifra que incluye los 125.000 pleitos abiertos durante 2006 y los que aún se mantienen vivos desde ejercicios anteriores.

Mucho más bajas son las cifras que ingresa el Tesoro Público por efecto de la asistencia jurídica estatal: 6 millones de euros, a los que hay que sumar algo más de 3 millones de euros en concepto de costes judiciales.
La Administración Tributaria es, con mucha diferencia, la agencia estatal que mayor trabajo genera para los servicios jurídicos del Estado. En total, se abrieron en este ámbito 1.165 procesos durante el pasado año, de los cuales alrededor del 50% fueron de naturaleza mercantil-concursal.

Otra de las fuentes de trabajo de la abogacía del Estado proviene de los informes y dictámenes que les solicitan distintos órganos estatales. La memoria de 2006 registra un total de 100.000 documentos generados por este cuerpo de abogados. Entre estos informes se encuentran desde las consultas del Gobierno sobre la delimitación de competencias entre comunidades autónomas y el Estado, hasta su opinión jurídica sobre la disolución del ayuntamiento de Marbella o cuestiones sobre los depósitos del Museo del Prado. En este contexto, una de las administraciones más activas fue la tributaria, que precisó el pasado año de 7.613 informes para asesoría en distintos temas.

Por ministerios, el de Economía y Hacienda es el que solicita una mayor asistencia jurídica. La abogacía del Estado despachó un total de más de 5.500 informes para el gabinete de Pedro Solbes, de los que 1.500 fueron requeridos para la elaboración de proyectos normativos, como la Ley del IRPF o la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por contra, los menos activos han sido los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, que solicitaron sólo 230 informes a los servicios jurídicos del Estado durante el pasado año.

La abogacía del Estado también ha tenido que torear en 2006 en algunos de los casos más relevantes del curso jurídico: el juicio del 11-M, la operación Puerto-Dopaje, la opa a Endesa y ha asesorado al Gobierno en distintas fases de la ilegalización del entramado Batasuna-ETA, entre otros.

En conjunto, el número de profesionales con los que el Estado cuenta para defender sus intereses es de 334 abogados del Estado y 370 personas de apoyo. De estos equipos, casi el 50% se encuentran radicados en los servicios periféricos, que desarrollan su labor en las comunidades autónomas y provincias. Por contra, sólo 55 profesionales atienden las necesidades jurídicos de los distintos departamentos ministeriales.