La guerra del cine no ha saltado a la política. Los sectores de la industria siguen enfrentados, pero, en el arco parlamentario, ya sólo la colisión con el Estatut parece capaz de tumbar la ley

Ver a Pedro Pérez, presidente de Fapae (productores de cine), y Jorge del Corral, secretario general de Uteca (patronal de las televisiones privadas), sentados juntos en un pupitre de la comisión de Cultura del Congreso, escuchando la intervención de Luis Fernández, presidente de RTVE, en la sesión de comparecencias de la ley del Cine, era impensable hace apenas cinco meses, cuando la guerra del cine amenazaba con tumbar el proyecto de ley del Gobierno. La pax romana vista ayer no debe llamar a engaño: los distintos sectores mantienen sus posiciones - las televisiones ven improcedente que se les exija financiar la producción independiente; y los productores piden mayor compromiso en tanto que titulares de una concesión pública del espacio radioeléctrico-, pero la animosidad ha amainado.

De lo visto en 48 horas de comparecencias, más que las posiciones de exhibidores, majors,televisiones, productores, directores de animación, actores, guionistas o Academia de cine - más o menos conocidas-, llamó la atención la actitud de los grupos parlamentarios, ansiosos por sacar adelante una ley de consenso cuyo recorrido exceda el de un ciclo político. De hecho, no son los puntos calientes de la ley - cuotas de pantalla, inversión de las televisiones, desgravaciones fiscales...- los que amenazan el tránsito parlamentario del proyecto, sino una asechanza de naturaleza jurídica: su colisión con el Estatut de Catalunya. ERC ya ha anunciado una enmienda a la totalidad, mientras que los portavoces de PSOE, Antón Louro, y CiU, Jordi Vilajoana, se han conjurado para pasarle el cepillo del encuadre jurídico al proyecto remitido por el ministerio de Cultura.

El asunto no es baladí desde el punto de vista político y mucho menos simple desde el jurídico. La comisión se ha dado un mayor plazo - hasta el 18 de septiembre- para la presentación de enmiendas, doce días en los que el PSOE tratará de salir con bien del encaje de bolillos que requiere que la ley puede salir viva del Congreso sin ver severamente descafeinado su contenido.

El riesgo del conflicto competencial es muy alto, pese a que los grupos catalanes no sean mayoritarios, porque al votarse conjuntamente las enmiendas a la totalidad, si el PP presentara una suya - aduciendo los defectos de la ley, principalmente, su falta de ambición-, entre unos y otros podrían devolver el proyecto al Gobierno. No parece que vaya a ser ese el resultado, no obstante, vista la actitud de Vilajoana y de la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, los más activos diputados durante las comparecencias y los impulsores de algunas enmiendas que pueden concretarse durante los próximos días.

Una de ellas afecta al sector de los dibujos animados, que desempeñó un insólito papel protagonista en los debates de la comisión. Los parlamentarios parecen decididos a enmendar el ostracismo al que ha estado condenado el sector, animados por la pujanza internacional del cine de animación - particularmente, de la animación digital-, por la apasionada intervención ante la comisión de Antoni D¿Ocón, presidente de la patronal del sector, y por la efervescencia industrial que se ha dado en estos años, en particular en Catalunya y Galicia. Así las cosas, PP y CiU estudian la posibilidad de exigir a TVE que, además del 5% de ingresos que destina a financiar producción española, se añada un 1% específico para producción de animación. Esta posibilidad estaba en el anteproyecto, pero desapareció en la última redacción. Ayer, Luis Fernández opinó contra esta idea, y rechazó la pretensión de PP y CiU de que la televisión pública realice un esfuerzo mayor que las privadas en la medida de su compromiso con el servicio público. Puede comprometer el rigor presupuestario que ahora se exige a TVE, adujo.

También de PP y CiU es la iniciativa de promover alguna compensación a los exhibidores por la cuota de pantalla, algo que David Trueba, en nombre de los realizadores, juzgó ayer como un gran error, pues acabaría financiando indirectamente al cine norteamericano, algo así como dar árnica al dragón contra el que se quiere armar a San Jorge.