Dentro del reducido margen de maniobra que le da la más escueta de las mayorías (un solo escaño) y los limitados poderes autonómicos del Parlamento escocés, el primer ministro nacionalista, Alex Salmond, ha presentado un plan de gobierno que maximiza las diferencias con una Inglaterra cada vez más neoliberal y privatizada, en los terrenos básicos de la sanidad, la educación y el transporte, y refleja el espíritu colectivista del país frente a la ola de privatizaciones al sur de la frontera. Salmond tiene atadas las manos en lo que se refiere a la independencia y el Gobierno central le niega el control de los recursos del petróleo del mar del norte.

El new deal que Salmond ofreció ayer a los escoceses contempla medicinas gratis para los pacientes con enfermedades crónicas, matrículas universitarias gratuitas, supresión de los peajes en las autopistas, reducción de los impuestos corporativos, el aumento a 18 años de la edad mínima para comprar tabaco y la modernización del sistema judicial, dentro de un abanico de once leyes para las que necesitará el apoyo de por lo menos uno de los otros tres grandes partidos (Labour, liberal demócratas y conservadores).

"Alex Salmond es un político astuto donde los haya - dice el periodista Gareth Balshaw-, y su estrategia consiste en divide y vencerás, maximizar la rivalidad y las diferencias entre laboristas y tories para obtener apoyos puntuales que permitan sacar adelante la legislación". Es un auténtico roto, porque el Partido Nacionalista Escocés (SNP) gobierna al borde del abismo, susceptible a cualquier voto de confianza.

Las autoridades centrales no se lo van a poner fácil, a pesar de que el primer ministro británico Gordon Brown es escocés (quizás por ello pretende a veces ser más inglés que los ingleses, y demostrar que no regala nada a sus compatriotas). El Labour ha rechazado la solicitud de que el control de los recursos del petróleo y el gas del mar del Norte pasen directamente a Edimburgo.

"Semejante traspaso de competencias crearía incertidumbre en una industria que genera once millardos de libras esterlinas al año (unos diecisiete millardos de euros) y emplea a medio millón de trabajadores", ha dicho en Aberdeen el responsable de asuntos escoceses en el gobierno, David Cairos. La producción energética del país se halla en franco declive, y ha disminuido un trece por ciento respecto al año pasado, pero aun así la administración de esos recursos es una demanda tradicional de los nacionalistas.

Sin competencias fiscales, ni en política exterior, ni en defensa, la Administración independentista de Escocia no tiene más remedio que intentar marcar la diferencia en las cuestiones sociales y en la relación entre el Estado y los individuos. No puede determinar ni recaudar el impuesto sobre la renta, pero sí hacer gratis servicios por los que pagan cada vez más los ingleses (medicinas por prescripción facultativa, residencias de tercera edad, matrículas universitarias, comidas en los colegios, peajes en los puentes y carreteras, etcétera).

"Se trata de dibujar una sociedad más radical y dinámica, con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro del país", proclamó Salmond al presentar su programa legislativo.

Cumplida la promesa de poner en marcha un referéndum sobre la independencia en el año 2010, los nacionalistas se concentran por ahora en imitar su admirado modelo irlandés, reduciendo los impuestos corporativos para atraer inversión extranjera y hacer de Escocia "el mejor país pequeño del mundo".