Gobernaba Franco. Televisión Española emitió un reportaje que atacaba al dictador de Guinea Ecuatorial que reaccionó contundentemente. Como represalia, las autoridades guineanas impusieron una cuantiosa multa a los españoles allí residentes.

Éstos reclamaron contra el Gobierno español porque entendían que la televisión pública, luego el Estado, era responsable de un daño económico que no tenían que soportar. El Tribunal Supremo dictó una sentencia memorable –de 16 de noviembre de 1974–, que es cita obligada en los manuales. Fijó la doctrina de que la actuación política –en ese caso, las relaciones internacionales– estará libre de control judicial, pero esto no quita para que responda económicamente de los daños que cause a sus ciudadanos. Esta posibilidad ya estaba tanto en la ley de lo contencioso-administrativo de 1956 como en la vigente de 1998. Con democracia o sin ella, en España siempre se ha podido reclamar al Estado por esos daños.

Por supuesto que hay mucho que matizar. Por ejemplo, en ese caso se planteaba la falta de protección diplomática, si había o no relación de causalidad entre la actuación –o falta de actuación– del Gobierno español, etcétera. Después de ese caso han surgido otros parecidos con diferente resultado. Así, a los tribunales han llegado reclamaciones de empresas españolas que perdieron sus contratos como represalia de Gadafi por los derroteros de nuestra política internacional allá por los noventa; o reclamaciones de armadores de buques de pesca por los apresamientos de sus barcos y que atribuían a la defectuosa diplomacia española ante Marruecos.

Aunque la experiencia también demuestra que, a determinados niveles empresariales, pleitear, ir a los tribunales, puede ser algo hasta grosero: siempre hay modo de compensar esos daños mediante la adjudicación de golosos contratos o bien obteniendo algún que otro privilegio fiscal.

Cada caso es cada caso, con sus matices y peculiaridades, pero viene todo esto a colación por el conflicto entre Sonatrach –la empresa gasista pública argelina– y las españolas Repsol YPF y Gas Natural. Sobre el papel y sin levantar velo alguno, todo parece plantearse como una desavenencia contractual entre empresas que se dilucidará en un tribunal arbitral, pero sobre otro papel –el de los medios de comunicación– y, levantados los velos, todo parece indicar que hay un algo más que no sería otra cosa sino la política del Gobierno español en el Magreb, inclinada hacia Marruecos: unas declaraciones desafortunadas, un viaje equivocado y las consecuencias se pagan, de momento, por otros.

Los tribunales no es que tengan poco que decir al respecto, es que no pueden ni deben decir nada. Allá el Gobierno con su responsabilidad política, pero una cosa es esa responsabilidad y otra es si en ese ámbito se causan daños y perjuicios contantes y sonantes a los ciudadanos. Alguien tiene que responder y no sólo políticamente.

Reclamación al Estado
Como digo, nuestro ordenamiento prevé que se reclame al Estado por este tipo de daños. Son reclamaciones que dan lugar a pleitos complejos en los que hay que probar si realmente hay una relación de causalidad entre una actuación política y el daño causado, si el propio perjudicado tiene o no parte de responsabilidad en ese daño, etcétera, y eso al margen de cuantificarlo.

Son casos en los que, en lo jurídico, se hace realidad el principio de control plenario de la actuación de las Administraciones, pero en lo político –y en lo moral– deberían hacer ver al gobernante que lo suyo no es simplemente estar en el poder, mantenerse en él y que toda pérdida o daño se ciña a la pérdida de ese poder. Para él no será poco –es su razón de ser– pero para los ciudadanos hay daños que pueden ser aún más insoportables.

La experiencia muestra que los errores políticos pueden causar un mal cierto, y a veces irreparable, a personas concretas, daño que jamás reparará personalmente su causante sino –todo lo más y cuando proceda– ‘eso’ tan aparentemente etéreo como es el Estado.

Una bravuconada sobre si el terrorismo está en sus horas finales, ¿puede provocar la reacción etarra? y algún trágico caso, fruto de una indiscreción ministerial, no falta–; el sector del cava no creo que guarde buen recuerdo de los desvaríos de Carod, y algo parecido ocurrió con aquel no levantarse al paso de la bandera norteamericana: nunca unas posaderas pegadas al asiento han costado tantos millones de euros.

José Luis Requero. Magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial.