La argelina Sonatrach negocia con el Santander comprar el 30% de Cepsa para entrar en España, de Juan T. Delgado en El Mundo
CONTROL DE LA ENERGIA: Nuevo desembarco
El grupo estatal ha realizado un primer acercamiento al banco para conocer sus planes de venta - La empresa lleva desde 2004 intentando hacerse hueco en el negocio de los carburantes
Sonatrach ha realizado un primer acercamiento al Santander para conocer sus planes de venta de Cepsa. El grupo estatal argelino quiere confirmar de primera mano las intenciones de Emilio Botín, con el objetivo de estudiar una posible oferta sobre el 30% de la segunda petrolera española.
Esta es la participación que ostenta actualmente el banco en la compañía liderada por Carlos Pérez de Bricio. Semejante porción de capital otorga un acceso directo e inmediato a la distribución de gas y carburantes en España. Una negocio por el que Sonatrach lleva peleando desde principios de 2004.
Fuentes conocedoras de los contactos aseguran que representantes de la petrolera y el banco han protagonizado un primer acercamiento. Con este movimiento, el grupo presidido por Mohamed Meziane intentaría averiguar el precio que exige el Santander para abandonar Cepsa. Fuentes de la entidad financiera eludieron hacer comentarios sobre los posibles contactos de cara a la desinversión, ya que cualquier negociación sobre Cepsa está sujeta a cláusulas de confidencialidad. Por su parte, los portavoces de Sonatrach rehusaron dar una respuesta oficial, pese a los intentos reiterados de este diario.
Desde que colgó el cartel de se vende, la dirección del Santander ha reconocido abiertamente que lo hará al mejor postor. «Al que mejor pague», ha declarado en alguna ocasión el director financiero del grupo, José Antonio Alvarez. A precios de mercado, la participación del banco está valorada en casi 5.600 millones de euros. El primer banco de España necesita hacer caja para acometer la ambiciosa compra de ABN Amro, que acarreará una inversión de 19.900 millones. Eso sí, la entidad ha demostrado que no tiene prisa por desinvertir. No en vano, Sonatrach no es la única compañía que ha tanteado la disposición de Botín a soltar lastre en la petrolera.
Varios intentos
La operación encaja a la perfección en la estrategia del grupo argelino. Es más, la entrada en el negocio de los carburantes de la Península Ibérica es, desde hace tiempo, una de las grandes ambiciones de Sonatrach. Hace casi cuatro años, la empresa pidió permiso a la Comisión Europea para desarrollar actividades de comercialización en el mercado energético español. Los planes del grupo estatal los adelantó a este diario el propio ministro de Energía y Minas de Argelia -y ex presidente de Sonatrach-, Chakib Khelil. «Nos interesa mucho establecernos en España y no sólo en el negocio del gas. Nos gustaría estar involucrados en la distribución de productos derivados de petróleo, de gas natural o de electricidad, porque creemos en la competencia», explicaba, en enero de 2004, el máximo responsable de la política energética argelina y una de las voces más reconocidas dentro de la OPEP.
Desde aquella fecha, un reducido grupo de intermediarios con base en Madrid ha intentado introducir al grupo argelino por dos vías. Por un lado, colocando en el mercado los competitivos productos del país norteafricano a través de pequeños distribuidores independientes. Por otro, haciendo lobby para que Sonatrach pudiera comercializar directamente su gas en los hogares españoles.
La petrolera ya se ha asegurado el segundo hito -con mucho, el más complicado-. El pasado febrero, el Ministerio de Industria concedió a Sonatrach la autorización para vender gas natural en nuestro país. Y aunque, de partida, su cuota de mercado será discreta (en torno al 3%), podría ampliar drásticamente la base de clientes cuando comience a operar el nuevo gasoducto de Medgaz. Este gigantesco tubo submarino unirá las costas de Beni Saf y Almería, y permitirá inyectar en la red española de gasoductos la materia prima extraída de los yacimientos argelinos.
Oferta atractiva
Sonatrach está en condiciones de formular una oferta atractiva por el 30% de Cepsa, gracias a los millonarios ingresos obtenidos por la venta de petróleo y gas. Desde los atentados del 11-S, el petróleo ha subido sin pausa y el precio del barril cuesta hoy casi tres veces más que en la fecha de los atentados (este año ha rozado los 80 dólares). También se ha disparado la cotización del gas, por su utilización masiva en las centrales eléctricas de ciclo combinado.
La participación del Santander da una llave privilegiada para penetrar en el mercado de los carburantes a bordo de la segunda empresa del sector. Al cierre de 2006, Cepsa contaba con 1.525 estaciones de servicio y tres refinerías (en Cádiz, Huelva y Tenerife). Además, posee una red propia de distribución de butano, para competir con Repsol YPF en el negocio de la bombona.
La composición del capital de Cepsa juega a favor de Sonatrach. La empresa argelina no encontraría obstáculo alguno para intervenir en la gestión, ya que el principal accionista de la petrolera es la multinacional francesa Total. Las relaciones entre los gobiernos de Nicolas Sarkozy y Abdelaziz Buteflika son inmejorables en todos los terrenos, empezando por el energético. Un ejemplo: Francia ya es el principal importador de gas natural licuado argelino.
La única gran barrera que podría encontrar Sonatrach es la oposición del Ejecutivo español. Su condición de empresa pública siempre ha frenado los planes de la petrolera en España. Sin embargo, el panorama ha cambiado en los últimos meses para Sonatrach.
El Ministerio de Industria no sólo ha autorizado al grupo a vender gas. A finales del pasado julio, su titular, Joan Clos, dio luz verde al incremento de la participación de Sonatrach en Medgaz, anulando las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La decisión de Industria provocó malestar en el seno del organismo regulador y gran preocupación entre algunos competidores del sector energético. Algunas compañías consideran que el Ejecutivo no ha defendido los intereses españoles en el país africano ante las últimas medidas ejecutadas por Argel, que van desde el aumento de impuestos a la inversión extranjera a la mayor presencia del Estado en los proyectos.
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