POLEMICA AUDIOVISUAL

Las TV privadas quieren acceder al dinero público sin tener que coproducir con los productores independientes

Los exhibidores piden una compensación económica por mantener la cuota del 25%

Todos por la pasta (pública). Sean o no buenas segundas partes, la película de la Ley del Cine conoce una secuela en estos días en su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. La negociación para cerrar el Anteproyecto, exprimida al milímetro durante la primavera pasada, produjo un combate generalizado y cainita entre todos los sectores, y quizás la defenestración de la ya ex ministra Carmen Calvo por su dudosa gestión del casi imposible diálogo.

Los púgiles han vuelto a coger los guantes ahora en el paso del texto por sede parlamentaria, y es que los asaltos que quedan son a contrarreloj: la legislatura termina y el procedimiento es de urgencia.

La pelea central, hasta ahora, fue por dar lo menos posible a los demás: las TV consiguieron limar su obligación de invertir en cine español del 6 al 5% de sus ingresos brutos, y los exhibidores, las salas de cine, no lograron reducir, pese a una casi inédita huelga, su penitencia de proyectar cine europeo en un 25%, la dichosa cuota vigente desde el franquismo.

Ambos aludían a criterios liberalizadores y no intervencionistas para exigir una reducción de sus compromisos -es decir, a mantener sus dineros en el calcetín-, pero ahora las tornas cambian, los discursos también, y lo que ambos contendientes piden es pasta pública. A las TV se les obligaba a coproducir con los llamados productores independientes para tener acceso a subvención, y piden la eliminación de esa condición: es decir, acceso a las arcas públicas sin favorecer a los productores.

Y los exhibidores, que luchan contra una cuota establecida hace medio siglo, piden una compensación económica por su lucro cesante, que estiman de un millón de euros al año. Para liarlo más, la presidenta de la Academia de Cine, Angeles González Sinde, se desmarcó ayer pidiendo un sistema como el francés: que una porcentaje de cada entrada de toda película, extranjera o no, vaya a un fondo que nutra al cine autóctono.

Y otro lío que se dibuja en el horizonte: ERC ha anunciado una enmienda a la totalidad porque el Anteproyecto choca con el Estatut, y CiU sopesa muy seriamente unirse a la idea. Un barullo, sí. Como el camarote de los Marx, pero en sede parlamentaria. Extractemos lo sucedido ayer en el Congreso.

Sinde y la caja única.

González Sinde fue la primera en comparecer ante la comisión que tramita el Anteproyecto, y abogó por cambiar el «sistema de caja única» para que «el éxito de recaudación de una película americana revierta en nuestro cine, como en Francia o Alemania, cogiendo de cada entrada un pequeño porcentaje». La medida, en Francia, proviene de las condiciones que EEUU puso al Estado galo para aceptar el Plan Marshall: una cuota de pantalla máxima para el cine autóctono en aquel país. Los franceses dijeron «vale», pero encontramos un resquicio: quedarse con parte de cada ticket.

Apoyo a exhibición.

Sinde dijo entender «lógico» que los exhibidores pidan compensaciones por la cuota del 25%, aunque apostilló: «De todas formas, el año pasado el cine europeo llegó al 28% según datos de Ministerio, así que eso hay que tenerlo en cuenta también». A limitar el doblaje para favorecer el cine propio, Sinde se opone: «En Portugal se hace, pero sería demasiado duro, la gente de la calle no lo entendería».

La importancia de lo público.

Sinde, que quiso llevar una salomónica paz al sector y dibujó un futuro positivo -«en 1993 tuvimos 23 premios internacionales; en 2003, 260»-, destacó la importancia de que las TV «se comprometan en defender y promover el cine español», y especialmente en el caso de las cadenas públicas, «aunque no pueden ser un cajón de sastre donde dejemos nuestros trastos». Y terminó: «La inversión privada es fundamental, pero el cine, un arte que nos interesa a todos, no podría existir sin la pública».

La visión de las TV.

Jorge del Corral, de las televisiones privadas, empezó duro: «El cine es sólo una parte, y no la más importante, del sector audiovisual». Y entró al meollo: las cadenas tienen recurrida ante los tribunales la obligación de invertir el 5% de sus ingresos en cine español, por lo que «no podíamos aceptar en la negociación nada que nos vincule ante una futura sentencia». Así que desveló que, en las negociaciones de primavera, las TV aceptaron mantener dicha cifra «siempre que el marco no cambiara, pero cambió». Se les impuso la obligación de coproducir para acceder a las subvenciones, «y nos parece injusto».

Cultura e Industria.

Del Corral aseguró que las televisiones apoyan que dinero público sostenga «la parte cultural» de lo que es el cine español -«las escuelas, la formación, donde precisamente hay poco dinero estatal»-, pero pidió liberalización total para «la parte industrial». Y puso un ejemplo: «El Estado protegió el desarrollo de la energía eólica durante años, y cuando vio el mercado maduro dejó de intervenir en el sector. En el cine podría hacerse lo mismo».

El cabreo de los exhibidores.

Los dueños de las salas dicen ser los paganinis de esta ley: «No se nos ha escuchado prácticamente en nada». Así, solicitan compensaciones por mantener la cuota del 25% -quienes se oponen argumentan que por qué ahora y no antes: la norma rige desde hace medio siglo-, y piden también algo más complicado: tener seis meses para explotar ellos solitos cada película, antes de que pase a DVD y al medio que a buen seguro va a terminar rompiendo el mercado de la distribución: internet. Las salas piden también que la ley imponga un tope de pago por taquilla a los distribuidores, que hoy actúan en monopolio, de un 48%.

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