En el periódico LA NUEVA ESPAÑA del día 26 de julio se publicó un artículo titulado El Consejo Social no ha conseguido fondo alguno para la Universidad en 22 años que me ha dejado realmente sorprendido y malhumorado por la inutilidad de algunas normativas que impiden los impulsos creativos en cualquier organización pública.

En España es extraño pensar que cuando el Estado dicta una norma lo hace para el bien de nuestras instituciones y de los españoles. Lo primero que aparece en todos nosotros es la sospecha de que la nueva directiva, sobre todo si conduce a la formación de algún tipo de organización, se ha dictado para beneficiar a unos pocos, para que tal o cual institución no se desmadre o para vigilar más de cerca a tal o cual persona, grupo o estamento. Y, como la sospecha se ha asimilado a lo largo de mucha de nuestra historia, es algo que ya tenemos incluido en nuestra conciencia. Entonces se concluye que es desde la conciencia así formada desde donde se debe analizar cualquier actividad que se realice desde una institución. Y este análisis se hace siempre desde la sospecha.

Por tanto, pensar que el Consejo Social de la Universidad es un organismo que debe hacer de mediador, muy dialéctico y educado, entre la Universidad y el entorno empresarial, es sospechoso. Es mejor, entonces, pensar en las maneras en cómo se puede reprimir a una institución que ya tiene mucho poder y que realmente no hace nada que no tenga que hacer por obligación. Aquí se junta ese alejamiento de las cosas que no se entienden, o que se entienden poco, que tenemos los españoles y, como consecuencia, el distanciamiento de instituciones tan importantes para el entorno como es una Universidad.

Y más aún, como no se busca el lado positivo de los órganos de una institución como la Universidad (que, según se piensa, debe hacer lo que tiene que hacer y nada más), no se comprende que el Consejo Social de la Universidad deba ser presidido por una persona que posea el perfil más complejo posible para realizar una labor muy seria y profunda en la Universidad y su entorno asturiano. Es decir, que sea el mérito de esa persona el que sostenga su elección, y no otro tipo de consideraciones.

El presidente debe fiscalizar a la Universidad de acuerdo con la Gerencia, pero también tiene que dar a conocer la institución al mundo exterior, implicándose en esa tercera vía que la Universidad debe practicar a comienzos del siglo XXI, que es, además de la docencia y la investigación, la de la implicación con su medio natural, es decir, con Asturias.

Si recabamos información sobre otros consejos sociales u órganos equivalentes en otras universidades extranjeras, podemos decir que son responsables de hacer las recomendaciones necesarias a la Academia para obtener las mejoras estrategias políticas y económicas para llevar a cabo los objetivos a corto, medio y largo plazo de la Universidad.

Las palabras que más se utilizan dentro de las funciones del Consejo Social en el extranjero es la de aconsejar y recomendar lo necesario para la implementación de las estrategias y objetivos cara al exterior y a la mejora de las posibilidades económicas de la Universidad. Es decir, además de fiscalizar y supervisar la financiación y las cuentas de la institución, asunto al que también se dedican los consejos sociales de las universidades extranjeras, hacen una gran labor hacia fuera, hacia el contexto más inmediato y más internacional, basada en lo siguiente:

El Consejo Social busca financiación en su entorno con el propósito de invertirla en la institución y en sus estudiantes. Si empezamos por los estudiantes, el Consejo Social desarrolla estrategias subsidiarias que apoyan a las entendidas como estrategias fundamentales de la Universidad. Esto se puede realizar a través de una propaganda muy meditada que se asiente en una información y comunicación que hace aumentar el conocimiento sobre la Universidad de que se trate. Es decir, la Universidad de Oviedo anunciada con calidad y excelencia en el mundo latinoamericano, europeo y oriental, para facilitar la llegada de nuevos alumnos extranjeros. Esto supone dinero, intercambio cultural, posible mejora en la docencia e investigación, etcétera.

Si hablamos de los profesores, el Consejo Social de muchas universidades extranjeras se dirige al Gobierno de la región para apoyar la idea de una mejora por objetivos de los sueldos de los profesores y del personal de la Administración y servicios. En muchos casos, estas mejoras se realizan a través de compañías que aseguran de una forma muy barata las casas, coches y demás posesiones familiares de los docentes y administradores. Esto se hace a cambio de seguros sobre la propia Universidad, su biblioteca, laboratorios, etcétera. En otros casos, aparecen ayudas para la adquisición de viviendas para los empleados de la Universidad y los estudiantes, después de un acuerdo entre constructoras y servicios de ingeniería que puede ofrecer la Universidad. Y, en algunos casos, la creación de pequeñas empresas, apoyadas por grandes firmas, en el parque tecnológico construido por la propia Universidad y en su entorno inmediato.

Si hablamos de departamentos y facultades o escuelas, el Consejo Social de muchas universidades extranjeras procura seguir en contacto con antiguos alumnos que pueden hacer donaciones a la institución. Informa a las facultades la posibilidad de nuevas adquisiciones y de los compromisos que se van haciendo con empresas y entidades de su región. Así, por ejemplo, la Universidad de la Ciudad de Dublín, en Irlanda, posee una cátedra de Lenguas Modernas que se denomina Shell Group, pues está pagada por la compañía de gas y petróleo del mismo nombre. Por ello, el Consejo Social, en su importante contacto con el mundo empresarial de la región, puede recomendar y aconsejar la promoción de una carrera que ya existe o de otras que tendrán que existir dentro de la Universidad, en algunos casos, hasta apoyadas por empresas de la propia región. Ejemplos serían una cátedra de alemán de la Thyssen-Krupp Norte, una cátedra de Lengua y Cultura China de los Alsa o un Laboratorio de las Humanidades de DuPont en el Principado de Asturias.

Y a nivel de la Universidad, procurando una buena relación internacional con empresas que pudiesen invertir en la Universidad de Oviedo y con otras instituciones internacionales que llegasen a acuerdos concretos para elaborar productos vendibles a corto y medio plazo. Establecer un acuerdo con una universidad o una empresa es muy bueno, pero desarrollarlo en proyectos concretos es mejor aún, y eso podría llevarlo a cabo el Consejo Social dentro de una estrategia de internacionalización de la institución universitaria.

Por eso, el nuevo presidente del Consejo Social debería ser una persona que conozca por dentro la Universidad y que sepa cómo relacionarla con el mundo empresarial, al menos el de su entorno. Es el que debería llevar a cabo la labor de mediador de la investigación aplicada con la empresa, la financiación y los problemas económicos entre la sociedad y la Universidad. Después, tendría que pensar que la fiscalización de la Universidad, como de cualquiera otra institución del Estado, es necesaria, pero no es la prioridad del Consejo Social. La prioridad del Consejo Social y de su presidencia es la de comprometerse en la colaboración regional, nacional e internacional de la Universidad con el mundo de la empresa, para unirse en estrategias comunes que desarrollen los objetivos de las dos partes plasmados en proyectos pensados para el bien de toda la comunidad.

José Luis Caramés Lage es profesor titular de la Universidad de Oviedo