CRISIS PETROLERA

El apoyo de Zapatero a Marruecos en el problema del Sáhara ha provocado un endurecimiento de las relaciones

Buteflika amenaza con subir los impuestos

Hasta hace poco, las empresas españolas que invierten en Argelia se quejaban de la absoluta falta de reciprocidad entre los dos países. Lejos de solventarse el problema, la mayoría asegura hoy que el Gobierno de Abdelaziz Buteflika está tomando medidas para frenar su expansión en el país norteafricano. Y lo peor, a ojos de los empresarios, es que ni Moncloa ni el Ministerio de Industria han movido un dedo en favor de los intereses nacionales en la zona.

En los últimos meses, según denuncian diversas fuentes del sector energético, Argel ha endurecido las condiciones para operar en el país, miembro de la OPEP desde 1969. El Gobierno argelino trabaja en una nueva normativa para endurecer los impuestos y reforzar la participación del Estado en todos los proyectos acometidos por compañías extranjeras en el negocio de la energía. Al mismo tiempo, el grupo estatal Sonatrach ha logrado imponerse como primer accionista individual en Medgaz, la sociedad constituida con capital hispano argelino para desarrollar el nuevo gasoducto que conectará las costas de ambos países.

Observadores internacionales y empresarios no albergan ninguna duda de que las últimas afrentas de Buteflika responden al giro del Ejecutivo español en la cuestión saharaui. Las estrechas relaciones cultivadas durante las dos legislaturas anteriores -que favorecieron el incremento de las inversiones en el país norteafricano- perdieron fuelle en el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero bendijo la solución marroquí al conflicto del Sáhara.

La primera -y más clara- represalia contra el acercamiento de Moncloa a Rabat tuvo lugar el pasado mes de marzo. Argel adelantó entonces su intención de encarecer un 20% el precio del gas con destino a España. Los planes de Buteflika dejaron estupefacto al Gobierno español, no sólo por la cuantía de la subida, sino porque el anuncio se producía en vísperas de la visita oficial de los Reyes a la capital del país.

El presidente argelino destapaba así sus cartas. Y emprendía una serie de movimientos que, según fuentes del sector energético, están afectando a los intereses españoles en la zona. El último planteamiento del Gobierno de Argel consiste en aumentar la influencia de Sonatrach en las operaciones desarrolladas por grupos extranjeros, fundamentalmente en los negocios gasista y petrolero.

Las multinacionales ya están obligadas por ley a dar cabida en sus proyectos a la empresa estatal. Con la nueva normativa, Buteflika pretende que Sonatrach figure siempre como accionista mayoritario. Para ello, creará sociedades mixtas, cuyo capital se repartirán de manera desigual los empresarios y el Estado. Otra de las medidas planteadas consiste en la aplicación de retenciones superiores en algunos casos al 50% del valor de la producción de hidrocarburos, cantidad que iría a parar a las arcas del Gobierno por la vía impositiva.

La filosofía de la reforma legal encierra algunos paralelismos con la legislación aplicada en Venezuela por Hugo Chávez y podría afectar a las compañías foráneas que operan en el país, entre ellas, las españolas Cepsa, Repsol YPF y Gas Natural.

El giro normativo ha causado tremendo malestar entre los inversores españoles; sobre todo, por la falta de reacción del ministro de Industria, Joan Clos. Es más, algunos afectados no encuentran explicación a la actitud del Ministerio, que acaba de permitir a Sonatrach la ejecución de una maniobra idéntica en terreno español. La compañía estatal, presidida por Mohamed Meziane, ha logrado hacerse con la mayor participación individual en Medgaz.

El millonario proyecto, que unirá con un cable submarino Beni Saf y Almería, nació como una aventura bilateral, promovida por Cepsa y Sonatrach, y a la que se fueron sumando otros socios españoles (Endesa, Iberdrola) y extranjeros (BP, Total). Este año, las dos últimas multinacionales confirmaron su salida del capital. Y Sonatrach aprovechó la coyuntura para adquirir un 16% de la sociedad. Sumando este paquete accionarial el grupo argelino lograba la mayor participación accionarial en Medgaz (36%), muy por encima del 20% que poseen Cepsa e Iberdrola y del 12% que controla Endesa.

La operación, liderada en todo momento por el ministro de Energía y Minas de Argelia, Chakib Khelil, no sólo generó un conflicto entre los socios, sino que forzó a la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) a tomar medidas para recortar los poderes de Sonatrach. La CNE, en cambio, tuvo que dar posteriormente marcha atrás.

Indignación en el seno de la CNE

Las presiones argelinas obligaron al organismo presidido por Maite Costa a autorizar el aumento de la participación de Sonatrach en el proyecto Medgaz, pero se reservó un derecho de veto que le permitía revocar la autorización si Argelia ponía en peligro el suministro de gas en España. Y es que Argel no sólo se negó a aceptar las condiciones sino que amenazó con boicotear el proyecto si la CNE no daba marcha atrás. Las advertencias de Khelil inquietaron al Ministerio de Industria, consciente de que las importaciones de gas argelino suponen nada menos que un tercio del total en España. Cumplir la amenaza tampoco hubiera resultado difícil para Argelia. Bastaría con licuar parte del gas apalabrado para circular por el gasoducto (si la materia prima dejara el país por barco, los dueños del tubo se quedarían sin negocio). Eso, en el mejor de los casos; en el peor, podría desviar directamente el gas hacia otros países.

Las palabras del veterano ministro de Energía surtieron efecto. A finales de julio, Industria anuló las condiciones de la CNE. La decisión de Clos sorprendió a los socios de Medgaz y bastante disgusto en el seno del organismo regulador, teniendo en cuenta que el Ministerio llegó a tachar de «ilegales» y «desproporcionadas» las recomendaciones de Maite Costa y el resto de consejeros.

Otra de las cesiones que algunas empresas consideran inexplicable es la autorización a Sonatrach para comercializar gas en España. Hasta ahora, el carácter estatal de la compañía había frenado su entrada en el mercado español. El desembarco permitirá a Sonatrach vender gas con ventaja sobre el resto de rivales, gracias a su condición de país productor.

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