El parque de viviendas de alquiler en España es el 11% del total. Esa cifra se eleva al 38% en la Unión Europea. Las causas que motivan esta diferencia son complejas y diversas. Así, existe una concepción patrimonialista incentivada que da lugar a un curioso e ineficiente país de propietarios. Los incentivos provienen de las desgravaciones fiscales, que favorecen más la compra que el alquiler, así como por una legislación deficiente sobre arrendamientos urbanos. El resultado final de todo ello es la existencia de una oferta no profesionalizada de viviendas de alquiler, desajustadas y de calidad escasa, de limitaciones diversas para garantizar la continuidad del contrato, de fianzas y avales elevados o de dificultades para realizar un desahucio rápido cuando el inquilino no paga. Por otro lado, están las razones que derivan del urbanismo insostenible, de los bajos tipos de interés y de la expansión del mercado hipotecario.

Pero este desequilibrio en el régimen de tenencia de la vivienda provoca consecuencias económicas, ambientales y sociales importantes que deben ser conocidas. Porque daña la movilidad de los trabajadores y los necesarios ajustes en el mercado laboral, porque provoca la emancipación tardía de los hijos, porque afecta al medio ambiente y a la racionalidad económica, porque condena a las familias a un endeudamiento asfixiante y porque concentra la riqueza en un único activo en contra de los principios de prudencia y diversificación. Favorecer la convergencia con las cifras europeas parece, pues, un objetivo sensato, aunque la tarea no resulte fácil.

En efecto, una encuesta reciente muestra cómo los jóvenes españoles, impregnados de la cultura inmobiliaria que respiran, prefieren la propiedad al alquiler, defendiendo a su vez que las ayudas públicas se canalicen en esa dirección. Además, siempre habrá el señor Solbes de turno y sus resistencias para aumentar los beneficios fiscales sobre la vivienda en el IRPF. Porque desgravar el alquiler puede suponer reducciones en los beneficios fiscales de la compra, y eso genera conflicto.

Por otro lado, conviene observar la capacidad y experiencia urbanística de los municipios, el acierto de la legislación que regula las viviendas protegidas, así como una desigual distribución de competencias entre las distintas Administraciones. Y ya sabemos cuán difícil es diseñar políticas comunes, fortalecer la coherencia, la coordinación y la lealtad institucional.

En todo caso, el desafío político es evidente. Un desafío que sólo Gobiernos inteligentes y audaces asumen. Ampliar y profesionalizar el mercado de la vivienda de alquiler, favoreciendo el acceso a personas y familias con rentas bajas, es hoy una necesidad y también una responsabilidad.