La división interna en el regulador facilita que sus dictámenes sean anulados cuando son recurridos ante el Gobierno.

Al ser interrogada sobre el apagón de Barcelona del pasado mes de julio, Maite Costa, presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se destapó con una sorprendente asociación de ideas. “Hoy es un buen día para explicar por qué la CNE pone condiciones a los expedientes”, dijo Costa.

La máxima representante del regulador energético descargaba así su frustración ante los continuos revolcones que los dictámenes de la CNE sufren cuando son recurridos por las partes afectadas ante el Ministerio de Industria. Diversas resoluciones de la CNE en el curso de las ofertas públicas de adquisición (opas) sobre Endesa han quedado en papel mojado, así como el intento del organismo de limitar el peso de la empresa argelina Sonatrach en el gasoducto Medgaz.

Básicamente, el Ministerio de Industria ha eliminado el derecho de veto que la CNE se quería reservar para controlar decisiones de los dueños de las empresas energéticas que pudiesen afectar al “interés general”. La Comisión impone esa condición amparándose en una de sus funciones, que le permite vetar o condicionar operaciones de adquisición si pueden afectar al suministro energético a la población.

El consejo que preside Maite Costa teme que compañías extranjeras como la alemana E.ON o la italiana Enel (que pujan por Endesa) y la citada Sonatrach primen el abastecimiento a sus mercados antes que el español.

Pero el Gobierno, en ocasiones presionado por la Comisión Europea, ha diluido drásticamente los poderes que quería la CNE. El último revés a Costa y sus colegas se produjo anteayer, cuando Industria revocó las condiciones impuestas a Enel para adquirir el 24,99% de Endesa. Lo mismo hará el departamento que dirige Joan Clos con las limitaciones a la opa en curso de Enel y Acciona para controlar el 100% de la mayor eléctrica española, recurridas por los oferentes.

Industria considera que la legislación no permite que la CNE asuma un derecho de veto sobre decisiones ya tomadas por una empresa. Sólo puede efectuar un control previo, en los expedientes que realiza para aprobar las adquisiciones o inversiones.

Este desencuentro ha sorprendido a quienes esperaban un total alineamiento de la CNE con el Gobierno socialista, después de que en junio de 2004, el entonces ministro de Industria, José Montilla, nombrara presidenta del organismo a Maite Costa (persona próxima al PSC), en sustitución de Pedro Meroño. En ese momento, cinco de los nueve miembros del consejo de la CNE parecían próximos al Gobierno, frente a cuatro cercanos al PP. Esa sintonía se percibió en la opa de Gas Natural sobre Endesa, aprobada por CNE y Gobierno.

Pero las posteriores opas de E.ON y Enel sobre Endesa hicieron aflorar una profunda división entre los miembros pro-Gobierno de la CNE. Maite Costa ha tenido que realizar complicados equilibrios en búsqueda de la mayoría en el consejo, lo que puede haber erosionado el fundamento legal de las resoluciones, facilitando el éxito de los recursos.

Tal es la frustración de la CNE, que sus miembros pidieron al Parlamento (sin éxito) que cambiara la Ley para impedir que sus decisiones puedan ser recurridas ante Industria. Como pequeño consuelo, el Gobierno ha dado a la CNE la potestad de proponer las tarifas de gas y electricidad. Pero la Comisión teme que Industria le atice nuevos varapalos en los expedientes tarifarios.