Cadena perpetua, de Federico Quevedo en El Confidencial
Nunca he entendido muy bien por qué la izquierda ha tenido siempre una cierta debilidad hacia los derechos de los delincuentes, incluso desatendiendo, a veces de manera clamorosa, los de las víctimas. Me explico, porque quiero reflexionar sobre la propuesta de Sarkozy de castrar a los deliencuentes sexuales, especialmente a los pederastas, pero creo que esa reflexión debe ir más allá de la mera propuesta y, en el caso español, nos debería llevar a replantearnos nuestro sistema penal tal cual se estructura hoy en día. La afirmación del inicio tiene una explicación: en la Transición, la izquierda consiguió imponer una visión de nuestro sistema penal fundamentada en la reinserción del delincuente, una visión que en numerosas ocasiones les ha llevado, como decía, a situarse más cerca de quien comete el delito que de la víctima del mismo. Eso hizo que nuestro sistema penal limitara el tiempo de permanencia en prisión a 30 años como máximo –ahora 40 en casos de terrorismo, gracias al PP-, normalmente menos gracias a la estructura de reducción de penas y beneficios penitenciarios, dándose en nuemerosas ocasiones la circunstancia de la reincidencia, por no hablar de las muchas veces que un delincuente aprovecha un beneficio penitenciario para cometer un delito.
Esa ha sido, precisamente, la circunstancia que ha generado este debate. Un pederasta condenado por ese delito, un ser absolutamente despreciable, aprovechó un beneficio penitenciario, producto de la generosidad de la propia sociedad, para violar a un niño. Se trata, sin duda, de uno de los crímenes más execrables que puedan cometerse. Cualquier delito cuya víctima sea un niño merece todo nuestro desprecio y el mayor de los rechazos. La sociedad está, sin duda, mucho más cocienciada hoy en día hacia este tipo de delitos, alertada por casos como el de Yeremi o el de Madelaine, pero sin duda ese no es un elemento suficiente de prevención.
Lo cierto es que este tipo de delincuencia debería tener una presencia mucho mayor en nuestro código penal, y hay que replantearse, de nuevo, si nuestro actual sistema es suficientemente efectivo a la hora de combatir este tipo de delitos. Y, francamente, mi opinión es que en absoluto. El delincuente sexual no es reinsertable. Pero eso no significa que la solución sea, como propone Sarkozy, la castración. Aplicar ese tipo de condena es caer en la trampa de la Ley del Talión que se aplica en los países fundamentalistas: si a un violador lo castramos, ¿por qué no le cortamos la mano a un ladrón? Una idea así promete convertirse en una espiral imparable de castigos físicos a delitos diversos, hasta llegar al peor de todos, la mayor muestra de una justicia injusta: la pena de muerte.
Se que me dirán que es, sin duda, más cruel el delito sexual contra un niño que la propia pena de muerte, y comparto esa opinión. Pero no está en nuestra mano, o no debería estar, decidir sobre la vida de las personas, ni tampoco sobre su integridad física. Sin embargo, sí tenemos como seres sociales una prerrogativa a la que deberíamos acudir sin contemplaciones: la de aislar al delincuente sin posibilidad alguna de que vuelva a convivir en sociedad. Es evidente que un sujeto como el que ha violado a ese niño en Francia, o el que ha violado y matado a otra niña en Canarias, no puede ni debe compartir los mismos derechos y deberes que el resto de la sociedad, que las personas normales que sufrimos su violencia.
Es necesario, por tanto, replantearse nuestro sistema penal y recuperar figuras como la de la cadena perpetua o el cumplimiento íntegro de penas para determinados delitos, no solo sexuales, sino también de terrorismo o de violencia indiscriminada hacia la sociedad. Han pasado los tiempos en los que las cárceles se llenabas de ladrones que, en la mayoría de los casos, robaban por necesidad o para mantener su dependencia hacia las drogas y que, por lo tanto, podían ser sujetos de la reinserción. Probablemente, en aquellos primeros años de la Transición tendría lógica un sistema penal aperturista como respuesta a otro represivo del que salía el país. Pero han pasado treinta años y es hora de abrir debates que hace tiempo parecían imposibles, y que la izquierda se niega a poner sobre la mesa.
Hay una razón para ello: la no aceptación del error, es decir, el no querer reconocer que un sistema fundamentado en la reinserción es un fracaso. Y hay otra razón de mayor calado: el relativismo moral que acompaña a la izquierda en casi todos sus actos. Pero la sociedad, sin embargo, está preparada para aceptar un sistema penal más duro, en el que a los delitos como los que estamos analizando les correspondan penas proporcionales. Francamente, creo que la propuesta de Sarkozy es fruto de la coyuntura y no obedece a una reflexión seria sobre el sistema penal que los países occidentales deben otorgarse para hacer frente a delitos tan execrables.
Realmente la castración sólo tendría sentido como medida preventiva pero, ¿con qué derecho se la podríamos aplicar a alguien que no haya cometido ningún delito pero del que sospechemos que podría cometerlo? Estas son las derivadas de medidas similares, y no plantear el debate de manera sosegada puede conducir a una justicia preventiva de terribles consecuencias. Por eso, la única opción que nos queda como seres sociales que somos es apartar de nuestra convivencia a quienes no son capaces de asimilar que es necesario cumplir unas determinadas normas para vivir en sociedad. Y, si es necesario, apartarlos para siempre. Este si es un debate que debería convertirse en asunto prioritario y que, de cara a las elecciones generales, los partidos deberían poner sobre la mesa.
