Achacar la gran gravitación de los partidos políticos a la juventud de la democracia española es uno de esos errores que son de apariencia leve y luego acaban por ser más que nocivos. Los partidos políticos son necesarios, pero no excluyentes. A veces la partitocracia incluso contribuye a la erosión del bien común. Pierde su significado toda noción de los intereses generales. La primacía de los partidos políticos ante el conjunto de la sociedad civil se convierte en una transfusión impropia de poderes a una suerte de Estado corporativista, que pasa a ser todo lo contrario del Estado garante. El Estado -como un eco de las cesantías del siglo XIX galdosiano- se transforma en agencia electoral y sus recursos resultan ser los despojos que un nuevo caciquismo se reparte fraccionando el bien común. Parte de ese riesgo corresponde a la tergiversación de un Estado de las autonomías que al ser interpretado de forma particularista también afecta a la unidad de mercado y fragmenta las nociones básicas de igualdad de seguridad jurídica.
Pero ni la descentralización, ni la globalización ni procesos como la integración europea anulan de un plumazo la realidad de las naciones-Estado. Es en el ámbito de la soberanía nacional que pervive el sistema democrático y sus modos de representación. No existe un 'demos' europeo ni mucho menos mundial: solo existen 'demos' nacionales ante los cuales deben rendir cuentas los representantes electos. Las naciones y no otros agentes son los módulos para la construcción de sistemas de orden internacional. Son formas de identidad de gran calado. Por eso la ciudadanía valora la existencia de partidos políticos que asuman la voluntad de representación en todo el territorio nacional. Así fue en España, al menos hasta que el PSOE de Rodríguez Zapatero optó por aliarse con Esquerra Republicana y apostar por otro modelo de Estado.
En tiempos recientes, los nacionalismos se nutren en gran parte del pensamiento comunitarista -ideado en sus orígenes para proteger al individuo de la intemperie individualista- porque propugna que la pertenencia hegemónica en el individuo sea la propia comunidad, sea en sentido étnico, cultural o lingüístico. En su vertiente más radical, pretenden determinar en gran manera las opciones identitarias de los ciudadanos. No parece que, a pesar de todo, puedan determinarla por completo. Eso será así en la medida en que no se esté más allá de las fronteras del fanatismo, a consecuencia de una inmersión en la irracionalidad y el dogma. Sociedades cerradas, sociedades abiertas: el determinismo y la intransigencia son la línea divisoria. Según ese comunitarismo, a cada individuo solo le correspondería 'una' identidad y esa identidad le determina totalmente y le circunscribe fijamente a su comunidad.
Frente a los atavismos de la partitocracia o del determinismo, es la idea meritocrática lo que culmina, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y ante la ley, una evolución del sistema democrático: a los mejores -en virtud no del privilegio sino del mérito- les corresponden las mejores posiciones, para dar lo mejor de si a la sociedad, para devolver a la sociedad lo que un sistema educativo abierto ha hecho posible. Eso debiera ser aún más así en una sociedad postcalitalista en la que el patrimonio más cualitativo es el conocimiento. Como vestigio del socialismo, la inercia igualitaria incide en la idea de que la meritocracia no es más que otra clase privilegiada. Si el 'homo videns' pudiera retrotraer a los riesgos de una democracia de masas sería precisamente por la carencia de meritocracia.

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