El peso de la inversión de los entes territoriales en carreteras se estancó en un 62% del total de las Administraciones Públicas durante el pasado año. En 2004, el porcentaje de los fondos regionales en la red viaria fue del 73%.

Aunque las infraestructuras son el caballo de batalla de los Gobiernos regionales a la hora de solicitar fondos al Estado en la negociación presupuestaria, la apuesta autonómica queda en entredicho al analizar las inversiones realizadas en la red viaria nacional por los entes territoriales.

Según las cifras del Ministerio de Fomento, el peso de la inversión autonómica en carreteras respecto al total del dinero inyectado en este tipo de infraestructuras se ha estancado en una tasa del 62% en los dos últimos años, pese al crecimiento de la población en más de un millón de habitantes y del PIB, a ritmos del 4% anual. Respecto a 2004, los entes territoriales han reducido su apuesta inversora, al cerrar ese año con un peso del 73% respecto al total destinado por las Administraciones Públicas a la red viaria.

Así sucede, por ejemplo, en Cataluña. La ministra Magdalena Álvarez aseguró el martes en el Congreso, que se trata de la región "con mayor dotación presupuestaria en 2007 y con mayor inversión ejecutada en esta legislatura", más de 7.850 millones de euros. Por el contrario, según las cifras de la patronal Seopan, el peso de la inversión inducida por la Administración catalana –el 3% de su PIB entre 2003 y 2006– es de los menores de España, al nivel de Cantabria o La Rioja. El mayor esfuerzo se ha realizado en Aragón, donde la inversión inducida llega al 4,4% de su PIB, seguido de Baleares (4,1%), Castilla-La Mancha (3,9%) o Madrid (3,7%); precisamente, algunas de las CCAA en las que menos ha crecido la inversión estatal.

No obstante, los entes territoriales siguen siendo los protagonistas en este ámbito, ya que destinaron 7.394 millones de euros en 2006, frente a los 4.379 millones del Estado, y en los últimos cuatro años, el gasto conjunto en infraestructuras de las CCAA ha sido ligeramente superior al de la Administración central, ya que ésta ha dedicado el 1,6% del PIB nacional a estas partidas, mientras que los entes regionales han invertido el 1,7%.

Pero la tendencia decreciente en su inversión se contradice con el alza de los recursos recibidos del Estado. Hasta 2001, sólo percibían el 15% del IRPF, mientras que ahora obtienen el 33% de este tributo, el 35% del IVA y el 40% de Impuestos Especiales.

La batalla entre las CCAA por los fondos estatales se centra en el método de cálculo. Cataluña reclama un reparto en base a su peso en el PIB (18%); Andalucía, por población (17,8%); mientras Baleares exige que la inversión per cápita en las Islas equivalga a la media nacional.