Ha vuelto a la cárcel Andrés Mayo Fernández, el llamado violador del chándal, como presunto autor de ocho delitos sexuales cometidos cinco años después de que fuese puesto en libertad condicional, tras doce años de reclusión, gracias a los beneficios penitenciarios derivados de su trabajo en un taller de la cárcel. Este violador condenado fue calificado, en su momento, de reinsertable.Por otro lado, a finales de julio, la Audiencia de Barcelona rechazó la aplicación de la doctrina Parot a José Rodríguez Salvador, conocido como el violador de la Vall d´Hebron,extremo que había pedido la fiscalía con el fin de evitar su salida de prisión el próximo mes de septiembre, tras cumplir dieciséis años de cárcel. La Audiencia insiste en que debe aplicar la ley al margen de otras consideraciones, pero los informes penitenciarios alertan del alto riesgo de que Rodríguez reincida. Se trata de noticias que causan una lógica alarma social y que nos enfrentan a los límites del Estado de derecho, rozando el absurdo.

Nadie sabe qué hacer con este problema. Si no hay un cambio profundo y radical del ordenamiento penal en este sentido -y ello no está previsto-, lo único que puede hacerse - vienen a decir jueces, policías y legisladores- es confiar en la suerte, lo cual sonará a chiste negro a las víctimas de estos delincuentes. Porque, además, las administraciones públicas tampoco pueden justificar, Constitución en mano, que se ordene una vigilancia especial "preventiva" sobre el violador de la Vall d´Hebron,una vez salga de la cárcel. Él será, porque éstas son las reglas que nos hemos dado, "un ciudadano más". A pesar de que dicho individuo tardó apenas diez días en reincidir cuando salió de prisión por vez primera en agosto de 1990.

La portavoz de una asociación gallega, a la vista de la nueva detención de Mayo Fernández, ha declarado que "un violador que lo hace una vez violará nuevamente". Este determinismo, por mucho que tenga base empírica, no puede ser asumido por el Estado democrático, pues tendría derivaciones incontrolables y nos desplazaría hacia el riesgo de injusticia estructural. Se aplica al violador los mismos supuestos reformadores que a otros delincuentes, incluidos la mayoría de los terroristas, lo cual también es polémico. Donde todos vemos a un violador, la ley ve a un delincuente, sin más. ¿Cómo defender, entonces, a la sociedad de ciertas amenazas? Esta colisión de intereses no es fácil de resolver, pero es irresponsable dejar la respuesta en manos sólo del azar y del cálculo de probabilidades. Mientras, para avanzar un poco, hagamos la pregunta fundamental: ¿quién es el débil en esta historia? Está bien claro.