La Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre ha revelado que la tasa de paro ha bajado al 7,95% y que la economía española ha seguido creando empleo intensamente durante los últimos doce meses con 674.200 nuevos puestos de trabajo. Para encontrar un índice similar hay que remontarse a los albores de la democracia, cuando nos disponíamos a negociar los pactos de la Moncloa en el otoño de 1977. Obviamente todas las circunstancias de aquella coyuntura y de ésta son radicalmente diferentes, pero el telón de fondo de entonces no se quiso ver y el de ahora es ineludible desvelarlo por encima del triunfalismo de unos y del alarmismo de otros.

El desempleo rozaba el ocho por ciento hace treinta años no porque España estuviese creciendo más que la media comunitaria como lo hace actualmente sino todo lo contrario, iba camino de la recesión con todos los desajustes acumulados desde la etapa final del franquismo, que no quiso afrontar ninguno de ellos tratando inútilmente de prolongar su supervivencia política con las menores complicaciones posibles. La inflación superaba el 26% aquel año de las primeras elecciones democráticas y el paro, aunque cuantitativamente bajo, era clamorosamente estructural en un país de economía cerrada, con más de la tercera parte de su población activa en la agricultura y una industria renqueante entre la obsolescencia de sus sectores más maduros y el atraso tecnológico de todos. Sin embargo, el gobierno del momento, empezando por su vicepresidente económico, Fuentes Quintana, optó por la ortodoxia de una dura política monetaria dirigida a combatir la inflación, pero menospreciando el problema del paro como si fuese una mera inconveniencia coyuntural terminó por desbocarlo hasta rebasar el 21% en menos de tres años. No se quiso escuchar ni menos aún negociar un plan nacional contra el paro y la crisis que propuso Comisiones Obreras, que combinaba medidas de contención salarial con alternativas industriales y políticas fiscales estimuladoras de proyectos innovadores. En lugar de eso reiteraron la receta monetarista y paradójicamente tardaron un decenio en reducir la inflación a menos de dos dígitos, y limitarse a buscar la competitividad de nuestra economía por la vía de precios y salarios bajos aún después de incorporarnos a las comunidades europeas no ha evitado que mantuviésemos la tasa de paro más elevada de toda el área hasta hace bien poco tiempo, añadiéndole la mayor precariedad laboral con la que aún nos distinguimos.

Las cifras de empleo y de paro actuales no son un mal augurio como antaño sino un aliento para afrontar los retos que todavía tenemos por delante porque vienen de un atrás reciente en el que los gobernantes prefirieron estancarse en la propagandística "España va bien". Pero estos buenos datos están envueltos en la polémica suscitada a raíz del informe de la OCDE en el que se destaca la pérdida de peso relativo de las remuneraciones del trabajo en la distribución de la renta nacional. Que el salario medio haya descendido un 4% en los últimos diez años no quiere decir que "todos los salarios en España hayan perdido poder adquisitivo desde que gobierna Zapatero", como falsamente ha interpretado el PP. De hecho JAVIER AGUILAR ha ocurrido lo contrario, pues desde 1995 hasta el 2003 (siete de los diez años estudiados fueron gobernados por el PP) los salarios se movieron a la zaga del IPC, mientras que es en los últimos tres años cuando se van recuperando paulatinamente hasta sobrepasarlo en el 2007. Con más rigor, el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, utilizando la remuneración media por hora, llega a la conclusión de que ha superado ligeramente el IPC en este mismo ejercicio.

También es justo reconocer que en esta legislatura se han mejorado los salarios que dependen directamente del Gobierno, empleados públicos y salario mínimo, que las prestaciones sociales se han robustecido y más que lo harán con la nueva ley de Dependencia o que la reforma fiscal que acaba de entrar en vigor permitirá exonerar del impuesto sobre la renta a dos millones de contribuyentes con rentas bajas. Todo ello redunda en una redistribución social más justa, pero no ha evitado que la participación de los salarios en el PIB haya caído 5,6 puntos en el periodo analizado por la OCDE y en consecuencia no puede ocultarse que las desigualdades siguen siendo considerables. Seguramente es el corolario de un modelo de desarrollo que todos sabemos agotado y que debe tomarse más en serio cambiarlo aunque nos vaya deparando buenos indicadores de crecimiento y creación de empleo. Para acometer la tarea, la vía más perniciosa y estéril es la de enzarzarse entre la imputación de culpas y la defensa de lo que cada cual haya hecho hasta el momento. Más útil y saludable es propiciar la corresponsabilidad de todos en la búsqueda de soluciones con la vista puesta en el futuro. Las administraciones pueden y deberán hacer mayores esfuerzos en la mejora de la productividad fomentando la I+ D+ i y la educación a todos los niveles. Los interlocutores sociales también pueden repensar las inercias contractuales para, por ejemplo, ampliar la cobertura de negociación colectiva, que ha bajado siete puntos porcentuales en los últimos cinco años, justamente cuando se incrementaba fuertemente la población activa asalariada con inmigración, jóvenes y mujeres. Estos colectivos son los que reciben menores salarios aunque hagan jornadas interminables con prolongaciones que nadie regula, ni cuentan en los cómputos ni tampoco se las pagan. Así baja la media de la retribución del trabajo globalmente considerado aunque en los convenios colectivos se registren leves mejoras del poder de compra o que en sectores como la hostelería o el comercio al por mayor, considerados en principio de baja productividad, se incremente la productividad a base de jornales bajos y peores condiciones de trabajo hasta superar la media nacional o la productividad de la industria, según informa el Instituto Nacional de Estadística.

Quebrar la política de moderación salarial seguida desde mediados de los años noventa sería una temeridad, pero sin combatir la sobreexplotación seguirán ensanchándose las desigualdades sociales, se enquistará la precariedad laboral y despilfarraremos el principal ingrediente para ganar el futuro: el talento de los jóvenes que se van incorporando al mundo laboral.

A. GUTIÉRREZ VEGARA, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso.