Hace un año, el 9 de agosto del 2006, entró en vigor el nuevo Estatut d´Autonomia de Catalunya. Es el momento de hacer balance de este primer año, aun cuando hace falta tener en cuenta que el desarrollo del Estatut no se empezó a realizar hasta diciembre del 2006, una vez se constituyó el nuevo Govern, tras las elecciones al Parlament del 1 de noviembre. Un balance que se puede sintetizar en tres ideas centrales: el despliegue del Estatut se está efectuando con normalidad y celeridad: el principal adversario del Estatut, el PP, se ha quedado sin política autonómica; y, última idea, el conjunto del catalanismo tiene un programa claro y compartido por los próximos años: el desarrollo del Estatut con todas sus potencialidades.

Pese a todos los males augurios, el Estatut se está aplicando con normalidad. Como la historia del Estatut anterior nos demuestra, el desarrollo completo del Estatut puede necesitar de varias legislaturas. A fecha de hoy unos cincuenta artículos del Estatut o se han desarrollado o están en proceso de desarrollo. En algunos casos, el Estatut da un mandato claro para constituir nuevos organismos como la Agència Tributària de Catalunya o para reformar las existentes como el Consejo de Garanties Estatutàries; y en otros da cobijo estatutario a nuevas políticas como la recuperación de la memoria democrática o refuerza nuestro marco competencial, por ejemplo en ordenación y la gestión del litoral o en educación, materia en la que una futura ley de educación de Catalunya precisará la ampliación de nuestras competencias.

Tenemos once ponencias abiertas por negociar transferencias con el Estado, en materias tan importantes como los servicios ferroviarios de cercanías, la inspección de trabajo o la de inmigración. Asimismo, otras ponencias ya han cerrado un acuerdo, en cuestiones como el hospital Clínic, pendiente de su definitivo traspaso desde hace más de veinte años, las autorizaciones del litoral o la declaración de utilidad pública de asociaciones. Con respecto a las leyes del Estado que deben ser reformadas, se ha aprobado la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que hace posible la participación de las comunidades autónomas en la elección de sus miembros y se está tramitando en el Congreso la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Nada es fácil, y menos modificar la distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat. Pero en caso alguno se puede decir que el despliegue del Estatut esté bloqueado.

Se trabaja a buen ritmo y los espacios de relación bilateral con el Estado se han constituido y funcionan: la comisión bilateral Generalitat-Estado, la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales y la comisión de infraestructuras. El Govern ha sido exigente y ha puesto las principales cuestiones sobre la mesa de negociación con el Estado: desde las inversiones en infraestructuras hasta la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pasando por los numerosos mecanismos de participación, cooperación y colaboración que prevé el Estatut. El Govern tiene una política clara de despliegue del Estatut y la está aplicando con celeridad y rigor.

Quien se opuso de una forma más radical y vulgar a la reforma de los estatutos, el PP, se ha quedado sin política. Como ha quedado demostrado, un gran número de los mismos preceptos del Estatut que el PP rechazó por inconstitucionales los ha aprobado en otros estatutos, sobre todo en el andaluz, pero también en los de Baleares y Aragón. El Govern está convencido de la constitucionalidad del Estatut. Si la sentencia fuera desfavorable, Catalunya tendría un grave problema, pero también el conjunto de comunidades que han aprobado nuevos estatutos y, en definitiva, el mismo modelo autonómico por no ser posible la mejora del autogobierno en el marco de la actual Constitución.

Tercera idea. El despliegue del Estatut con la máxima ambición es el programa básico del conjunto del catalanismo para los próximos años. En el último periodo se está instalando en determinados sectores, algunos muy notables, la idea de que el esfuerzo por aprobar el Estatut no valió la pena; que lo que hemos perdido o podemos perder, en términos de prestigio, es más que lo que hemos ganado. Otros sectores dan por fracasada la vía de la reforma autonómica y proponen una vía de ruptura soberanista. En definitiva, un clima negativo que ahora se está mezclando con la situación de las infraestructuras, los desastres de Renfe o del suministro eléctrico en Barcelona, para dar una imagen de un país sin perspectivas.

La aprobación del nuevo Estatut era una necesidad para el autogobierno de Catalunya y no sólo una opción política del Govern o de determinadas fuerzas políticas. Hace tiempo que hacemos un diagnóstico compartido por mucha gente: el progreso de Catalunya tiene el riesgo de quebrarse por carencia de inversiones, pero también de planificación y de las políticas adecuadas por preparar un futuro que ya está aquí. El nuevo Estatut, con la aplicación de los nuevos criterios en financiación e inversiones, y el programa modernizador y progresista de la Entesa, son la respuesta a este diagnóstico: ley de servicios sociales, ley de la vivienda, ley de barrios, mejora del sistema educativo, plan de la energía y movilidad sostenible. Es imprescindible que Catalunya tenga más y mejores competencias y más recursos para afrontar retos como la integración de la inmigración, la mejora de las infraestructuras, la modernización del servicio ferroviario.

El Estatut no lo soluciona todo, pero nos ofrece un nuevo marco jurídico que da más legitimidad y fuerza a nuestras aspiraciones y, a la vez, crea espacios de negociación con el Gobierno del Estado, como las tres comisiones bilaterales. El catalanismo, un movimiento amplio y transversal que con diferentes proyectos políticos aspira al reconocimiento de los derechos nacionales de Catalunya, tiene un programa: desplegar un Estatut que todavía tiene un largo camino por recorrer. La utilidad y legitimidad del Estatut, más allá del referéndum que lo ratificó, está en función de que permita aprobar leyes y desarrollar políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente. De esto se trata.

JOAN SAURA, conseller de Interior, Relacions Institucionals i Participació, y presidente de ICV.