Un año después del nuevo Estatut, de José Montilla en El Periódico
UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA EL FUTURO DE CATALUNYA
Hoy se cumple un año desde que el nuevo Estatut de Catalunya entró en vigor, aunque no se empezó a desplegar hasta diciembre, con el inicio de la nueva legislatura. Un momento propicio para reflexionar serenamente sobre algunas de las razones y consecuencias de una reclamación ampliamente compartida por la sociedad catalana. Reclamación convertida hoy en ley, fruto del pacto político entre los representantes legítimos del pueblo catalán y los del conjunto del pueblo español, del que los catalanes formamos parte.
Cuando nos referimos a lo que se pretendía -y se consiguió- con el Estatut aprobado en referendo en junio del 2006 y en vigor a principios de agosto, decimos que debía suponer un reconocimiento más explícito de nuestra personalidad nacional, mayores competencias para decidir y actuar sobre nuestro autogobierno y una mejor financiación para hacer frente a los retos que los catalanes en conjunto y Catalunya como país tenemos ante nosotros.
Durante buena parte del proceso de discusión y tramitación del Estatut, aquellos que se oponían a él (dentro y fuera del ámbito político) emprendieron una campaña sumamente crítica contra la clase política, que acabó haciéndose extensiva al conjunto de la sociedad catalana. A menudo se concentraba (y se sigue centrando) dicha crítica bajo la acusación de que todo era consecuencia de una obsesión identitaria y que, por lo tanto, no solo constituía supuestamente un riesgo para la unidad de España sino que se alejaba de forma evidente de las necesidades reales del país y del conjunto de la ciudadanía.
TAMBIÉN AQUÍ se han oído voces que criticaban ante los ciudadanos el procedimiento y el resultado del proceso de reforma ("Catalunya no se ha gustado", han dicho), olvidando la razón profunda que motivó que el Parlament impulsara la redacción del nuevo Estatut. Una crítica que, a pesar de ser perfectamente legítima, creo que pretende poner el énfasis en el pesimismo y huye del balance real: era necesario aumentar la capacidad de autogobierno y mejorar la financiación para poder afrontar las deficiencias y los retos que acechan a Catalunya desde hace mucho tiempo.
Tal como se ha puesto dramáticamente en evidencia últimamente, había razones -muchas- que justificaban lo que se reclamaba desde Catalunya. Razones para defender lo que desde Catalunya se defendía. Muy especialmente en materia de inversión en infraestructuras y de financiación.
Muchos de los adversarios del Estatut se rasgaron las vestiduras porque se incluía, como disposición adicional del nuevo texto estatutario, la obligación que tomaba el Estado de invertir en Catalunya, a través de la ley de presupuestos y durante siete años, un importe equivalente a la aportación que Catalunya realiza al conjunto del PIB español.
Esta era una disposición excepcional que respondía a una situación también excepcional y que suponía el reconocimiento de la discriminación de que Catalunya había sido objeto durante muchos años, en cuanto a inversiones se refiere. Asimismo, al incluir dicha disposición en una ley orgánica que pertenece al bloque constitucional, se elevaba al rango máximo el compromiso de invertir de forma razonable y sostenida en Catalunya, para recuperar en el mínimo plazo posible un ritmo inversor que nuestro país necesita para afrontar debidamente su realidad presente y futura.
A LO LARGO de los últimos meses han tenido lugar intensos debates en la sociedad catalana como consecuencia de problemas que tienen que ver, muchos de ellos, con esta disposición del Estatut, pero también con las competencias que este recoge: la gestión del transporte ferroviario de cercanías, la mejora de las infraestructuras, la gestión del litoral, la concesión de becas de estudios, la inspección de trabajo o la mejora de nuestro sistema escolar son solo algunos ejemplos de lo que el nuevo Estatut hace y hará posible. Y era por todo ello que merecían la pena el compromiso tomado y el esfuerzo realizado.
El Estatut era necesario. Hoy está más claro que nunca. Y va a ser una gran herramienta para gobernar Catalunya en los próximos años, si hacemos las cosas bien. Las instituciones del país y la sociedad catalana, en su conjunto, deben estar convencidas de que el Estatut es un buen instrumento para conseguir mejorar el autogobierno y para obtener también los recursos que lo hagan posible. Y para exigir el cumplimiento de lo que en él se prevé. Nadie dijo que con el nuevo Estatut todo iba a ser fácil. Ni que los problemas se resolverían de hoy para mañana. Pero sin Estatut las cosas no se hubieran resuelto antes, ni hubieran sido más fáciles, ni siquiera posibles muchas de ellas.
Por ello hoy, un año después de haber entrado en vigor, hay que combatir el desencanto. Debemos estar convencidos de que los hechos --algunos de ellos concretados en forma de problemas que afectan a miles de ciudadanos-- no hacen más que avalar la necesidad y oportunidad de lo que se reclamaba.
Los problemas que hoy debemos afrontar no los provocan únicamente episodios fortuitos fruto del azar, sino que son la consecuencia de años de abandono en la inversión y el mantenimiento de algunos servicios básicos para nuestro país.
Y es cierto que el Estatut constituye también una respuesta estructural a estos problemas, que permitirá reducir los desequilibrios actuales, en competencias, financiación e infraestructuras, para evitar situaciones análogas en el futuro.
El Govern de la Generalitat y el Gobierno de España estamos comprometidos a fondo con el mandato estatutario: desarrollar el texto en lo referente a las competencias y programar --y ejecutar-- inversiones en Catalunya, también según lo previsto en el Estatut.
EL BALANCE de este primer año de Estatut es positivo, aunque a todos nos gustaría que fuera mejor. Se han puesto en marcha las comisiones bilaterales entre Estado y Generalitat para negociar los traspasos y se han acordado ya algunos de ellos. El Parlament de Catalunya ha puesto en marcha las iniciativas legislativas que el Estatut fijaba. La negociación del sistema de financiación va a centrar muy pronto la agenda política. Y el incremento de las inversiones se verá plenamente recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Catalunya ha hecho sus deberes en este primer año de nuevo Estatut.
No debería ser cuestión de optimismo o pesimismo, aunque lo avanzado en pocos meses invite más bien al optimismo. No es tampoco una cuestión de mayor sensibilidad ni de más simpatía. Es una cuestión de justicia. De exigir el cumplimiento del acuerdo. Y quiero afirmar una vez más que lo que Catalunya reclama no lo solicita en detrimento de nadie. Hoy cometería una ofensa quien siguiera sosteniendo esta acusación que nunca antes ha tenido ningún fundamento.
Lo que Catalunya demanda y exige es justo. Lo decíamos hace dos años. Lo decíamos hace un año. Hoy lo afirmamos con más contundencia que nunca.
La ciudadanía de Catalunya debe percibir que estos compromisos se van tornando realidades. Este será el mejor argumento para defender con orgullo la legitimidad del Estatut que entró en vigor hace un año. Esta es la principal exigencia que, como presidente, me impongo ante los ciudadanos de Catalunya.
José Montilla. Presidente de la Generalitat.
