ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA ESTATUTARIA
El Estatut cumple hoy un año de su entrada en vigor. Y es casi como un niño de su edad: está a punto de caminar pero con no pocos riesgos de pegarse algún mamporro. El desarrollo del texto estatutario vive pendiente de dos elementos esenciales: los presupuestos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el 2008 y los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco autonomías, sobre los cuales debe pronunciarse el Tribunal Constitucional, probablemente después de las elecciones generales, previstas para marzo. Un fallo adverso podría causar un terremoto político de consecuencias imprevisibles.
En relación con las cuentas del Estado para el 2008, de las que se vislumbrarán los rasgos principales después del verano, la incógnita a resolver no es menor: se trata de conocer si los presupuestos cumplen con la disposición adicional tercera del Estatut y otorgan a Catalunya el 18,8% -porcentaje equivalente a la aportación catalana al PIB español- del presupuesto destinado a inversión en infraestructuras. Un objetivo que el Ejecutivo central debe cumplir durante siete años y cuya primera concreción el año pasado fue puesta en cuestión tanto por el tripartito catalán como por CiU, hasta el punto de que son conocidas las discrepancias entre el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el conseller de Economia, Antoni Castells.
LA DISCREPANCIA; EL CÁLCULO
La polémica se debe a la falta de precisión sobre la metodología que hay que emplear para calcular el 18,8% de inversión del Estatut. Hasta ahora, para el Gobierno central, este porcentaje solo incluye las inversiones de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Para la parte catalana, el porcentaje debe calcularse sobre toda la inversión territorializable, es decir toda la prevista para ser ejecutada en las autonomías, independientemente del ministerio al que corresponda hacerlo.
La diferencia no es baladí: entre una y otra visión hay una diferencia aproximada de 1.000 millones de euros, la cantidad que el Ejecutivo catalán considera que debe recibir de más respecto a las inversiones previstas en Catalunya en las cuentas del 2007. Según el tripartito, la aportación estatal del año pasado tan solo alcanza el 13,5%.
Estas discrepancias, sumadas a los problemas que han vivido las infraestructuras catalanas en los últimos meses han generado intranquilidad en la sociedad catalana. Quizá por ello el Gobierno ha adelantado algunas decisiones de peso. De entrada, Zapatero anunció en el debate del estado de la nación que el traspaso a Catalunya del servicio de Cercanías -con la financiación necesaria para que no sea un lastre- se producirá el 1 de enero, así como su predisposición a romper el corsé inversor del que no se movía Solbes. Pese a los obstáculos, el Estatut ha echado a andar, a buen ritmo para unos, demasiado lento para otros, y con un sinfín de trámites muy complejos ya que para su completo desarrollo se precisa adecuar un elevado número de leyes estatales, aprobar o modificar otras autonómicas y concretar un amplio paquete de traspasos (véase gráfico adjunto )
Para mover todo este engranaje han empezado a funcionar tres comisiones: la bilateral Estado-Generalitat, la mixta de asuntos económicos y la de infraestructuras. La bilateral se constituyó el pasado 26 de febrero y se ha reunido ya tres veces. El 17 de julio concretó uno de los objetivos clave de la negociación, el traspaso de Cercanías.
AEROPUERTOS Y EL CLÍNIC
También en ese encuentro se fijó que después del verano se abordará el traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y se acordó que la discusión incluya el más anhelado, el de El Prat, sobre el cual el Estado debe concretar su propuesta de modelo de gestión, y el grado de participación de la Generalitat antes de las elecciones generales.
La bilateral sirvió además para que Catalunya viera cumplida una reclamación histórica. El Gobierno oficializó la entrega a la Generalitat de la gestión del Hospital Clínic, de cuyo centro se comprometió a pagar la deuda que arrastra.

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