Los contribuyentes catalanes y gallegos muestran el porcentaje más alto de ciudadanos que marcan la casilla de “fines sociales”. Por contra, los extremeños son los menos solidarios.

Los catalanes fueron, junto a los gallegos, los contribuyentes que más se animaron a marcar la casilla de “otros fines sociales” en sus correspondientes declaraciones sobre la renta con el 46,48% y el 35,84%, respectivamente, según se desprende de la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta parlamentaria de CiU sobre la asignación tributaria del IRPF correspondiente al ejercicio 2005. Según estos datos, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Baleares ocupó el tercer puesto de la clasificación autonómica, con el 34,6% de ciudadanos que optaron por destinar parte de sus tributos a la financiación de diversos proyectos de obra social –la casilla de la Iglesia no está incluida en esta opción, pues tiene la suya propia–.

Por el contrario, tan sólo el 24,6% de los extremeños marcó la citada casilla, seguida de Castilla-La Mancha, que apenas alcanzó el 24,8% de contribuyentes concienciados tributariamente con la actividad que desempeñan, entre otros, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en materia de asistencia social, así como las organizaciones ecologistas, gracias a un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 4 de mayo. En 2006, Hacienda recaudó por este concepto un total de 127,2 millones de euros, casi 12 millones más que en 2005, debido en parte a la decisión del Ejecutivo de elevar del 0,52% al 0,7% la cuota del IRPF destinada a “fines sociales”.

Sin embargo, dicho incremento no se refleja en el número de contribuyentes dispuestos a ceder parte de sus ingresos a tales objetivos. Y es que, desde el ejercicio fiscal de 2003 al de 2005 –último dato conocido–, el porcentaje de españoles que han marcado dicha casilla ha pasado del 32,4% al 33,8%. Es decir, apenas un incremento del 1,4% de contribuyentes. En la presente campaña, correspondiente a 2006, la Agencia Tributaria calculó casi 18 millones de declarantes, una cifra récord. De modo que el Gobierno –por boca de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega– tan sólo ha convencido a 252.000 contribuyentes nuevos para que marquen la casilla de las ONG, frente a la posibilidad de destinar ese 0,7% del IRPF a la Iglesia.