EL ENCAJE DE CATALUNYA EN ESPAÑA

Parece que, entre presiones de unos y otros, el Tribunal Constitucional se está tomando su tiempo para dictaminar sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos al nuevo Estatut. Mientras tanto, el Parlamento catalán va aprobando leyes encaminadas a materializar algunas de sus previsiones. Una de ellas, en concreto la referida a la creación de la Agència Tributària catalana, ha vuelto a abrir el debate sobre dicho Estatut y ha vuelto a conjurar el anticatalanismo.

No cabe duda de que, dejando de lado los tiempos marcados por el Estatut para la puesta en marcha de sus previsiones, este debate se produce en un escenario concreto que hay que tener en cuenta. Por un lado está la lucha por la ortodoxia en los partidos estrictamente nacionalistas, ERC y CIU. Este tipo de debates internos no pocas veces conllevan algún tipo de radicalización.

POR OTRO, ya todo lo que se hace y dice en la política española está referido a las próximas elecciones generales. Tanto el posicionamiento interno dentro de las distintas manifestaciones del nacionalismo catalán como el horizonte de las elecciones generales condicionan el debate sobre el cumplimiento, sobre el cómo del cumplimiento y sobre el cuándo del cumplimiento del nuevo Estatut catalán. Y también condicionan el debate sobre el catalanismo y el anticatalanismo.

Los estatutos de autonomía forman parte del corpus constitucional. En la medida en la que lo hacen afectan, por supuesto, a la nacionalidad o región correspondiente. Pero también afectan al todo. No se trata simplemente del trazado de una carretera determinada. Si se prevén formas de financiación de una autonomía, si se establecen topes mínimos exigibles de inversión pública, si se afecta al ejercicio de competencias del conjunto, no cabe duda de que la aprobación y la materialización del nuevo Estatut de Catalunya no afecta única y exclusivamente a los ciudadanos catalanes. También lo hace al resto de ciudadanos españoles.

Por esa razón es necesaria la aprobación del Congreso. Por eso es posible el recurso ante el Tribunal Constitucional. Por eso será del todo firme cuando exista la sentencia correspondiente de quien, en el Estado de derecho que es España, tiene adjudicada, en exclusiva, esa competencia y esa responsabilidad. Y no existe contradicción, aunque algunos la quieran construir, entre la legitimidad del refrendo por parte de los ciudadanos catalanes y la legalidad sujeta al dictamen definitivo del Constitucional. Como tampoco hay contradicción entre la obligación de ir dando cumplimiento a las previsiones estatutarias y la posibilidad de que algunos elementos de dicho Estatut puedan ser considerados no constitucionales, o sometidos a una lectura e interpretación restrictiva. Si se anuló la posibilidad del recurso previo, hay que asumir la situación resultante. En otro caso se estaría hurtando, a quienes están capacitados para ello, un derecho básico en el funcionamiento de la democracia.

LA MAYORÍA de los partidos representados en el Parlamento catalán han aprobado el Estatut. Menos de la mitad de los ciudadanos catalanes fueron a votarlo en referendo. La mayoría de los que fueron lo aprobaron, como lo aprobó una mayoría suficiente en el Congreso. Pero España no sería una democracia si no se pudiera ser crítico con algunos elementos del nuevo Estatut. Y lo deberían comprender especialmente quienes defienden con más fuerza que nadie que en ausencia de violencia todo es defendible, quienes afirman, por ejemplo, que Nafarroa Bai y Aralar son partidos perfectamente democráticos, aunque no acepten, en cuestiones sustantivas, la Constitución española.

Tildar cualquier posición crítica respecto del Estatut de anticatalanismo implica querer prohibir la crítica democrática. Máxime si el Estatuto catalán, como parte importante del corpus constitucional español, afecta al conjunto del Estado. Personalmente, no tengo problemas con que Catalunya cuente con una agencia tributaria propia. Ni siquiera con que dicha agencia sea única, más allá del consorcio con la estatal: que recaudara todos los impuestos en Catalunya. Pero para ello sería necesario que hubiera un Senado al estilo alemán; sería necesario que la legislación fiscal, en todos sus aspectos -menos en aquellos en los que Bruselas tenga la última palabra- fuera decidida por órganos que representan al conjunto del Estado: en condición igualitaria en el Congreso, en condición de pluralidad territorial en el Senado. Pero por todos.

EN DEFINITIVA, y recurriendo a la metáfora tan empleada para hablar de lo que el catalanismo quiere, si se trata de que los catalanes estén cómodos en España, habrá que encontrar una forma de comodidad que no revierta en incomodidad para el resto de españoles. Más de un político catalán ha afirmado que no piden la luna. No es ese el problema. La cuestión no está en lo que se pide, sino en lo que se da: lo que se pide está claro, cifrado en cantidades, porcentajes y competencias, más blindajes jurí-
dicos. Pero lo que se da parece que no pasa de una nebulosa sentimental, de declaraciones de amor, de convicciones de que lo que es bueno para Catalunya lo es para España, pero sin articulación jurídica alguna cohesionante del conjunto.

Joseba Arregi. Presidente de la asociación ciudadana Aldaketa (Cambio para Euskadi).