Reggio

TRIBUNA LIBRE

O guerra de religiones. En cualquier caso, estamos hablando de uno de los ejes fundamentales de la democracia moderna. Por eso tiene razón el presidente del Gobierno cuando afirma que la fe no puede estar por encima de las leyes, contestando a quienes plantean la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También tienen razón los obispos cuando replican que ninguna ideología puede estar por encima de las leyes. No se trata de eliminar la religión de la vida pública, sino de eliminar las religiones, sea cual sea el disfraz.

Es preciso tratar de rescatar el meollo de fondo en los debates políticos como el que afecta a esta asignatura en cuestión. En este sentido, es bueno recordar que para Marx la crítica ideológica no se centra en acusar de mentira a la ideología que se critica, sino en desenmascarar los intereses particulares que cubren un núcleo de verdad a rescatar en los planteamientos criticados.

Es demasiado fácil decir que lo que pone en peligro la aconfesionalidad del Estado es sólo una fe declarada y organizada institucionalmente como iglesia. La fe católica, la fe cristiana, cualquier organización religiosa, pueden caer en la tentación de ser el único fundamento moral de la legislación del Estado. Si así fuera, sería necesario ser católico, protestante, musulmán, judío o budista para poder ser sujeto de derechos y libertades. Inaceptable.

Pero tampoco implica la aconfesionalidad del Estado la obligación de ser ateo, la obligación de renuncia a algún tipo de fe. La pregunta a la que nos lleva el debate de la nueva asignatura es doble, y merece ser debatida en profundidad y con mucho respeto por parte de todos: si la aconfesionalidad del Estado implica libertad respecto a todo tipo de fe, incluidas las ideologías omnicomprensivas; ¿los valores constitucionales y las leyes concretas derivadas de la actividad legislativa que están libres de todo contexto ideológico, pueden estarlo? Si la cultura moderna se construye sobre la destrucción radical de toda tradición, y, en consecuencia, de todos los valores con alguna referencia a alguna tradición, y sobre la exclusividad de la razón natural que en la breve historia de la modernidad se divide en la neutralidad valorativa de las ciencias naturales y en la relatividad radical de las ciencias sociales, ¿en qué se fundamentan los valores ciudadanos a transmitir en la educación?

Podemos hacer como si las preguntas no existieran, como si la positividad del derecho a partir de Kelsen no dejara cuestiones pendientes -el garantismo reclamado a la doctrina constitucional respecto de determinados valores, la universalidad de los derechos humanos y su fundamento-, como si en el pensamiento actual -a pesar de profesores como Philippe Petit- no se debatiera muy seriamente sobre la legitimidad de la modernidad o sobre la perviviencia de elementos religiosos camuflados en la cultura secularizada, como si no se preguntara lo mejor de nuestra cultura sobre la verdad y el valor, y su misma posibilidad, en condiciones de contingencia radical. Pero cerrar los ojos no conduce a buen puerto.

Claro que el Estado puede plantear la Educación para la Ciudadanía. Tiene incluso la obligación. Educar sobre los valores constitucionales, que incluyen el derecho a no asumir como verdad última ninguna de las leyes concretas que aprueban los parlamentos, y la obligación de atenerse a lo que indican dichas leyes para hacer posible la convivencia. Si no existiera el derecho, se negaría la libertad de conciencia. Si no se asumiera la obligación, se negaría la convivencia democrática. Pero lo que posibilita la convivencia no es la verdad. Lo que posibilita la convivencia es el respeto a las normas y a las reglas. No un contenido concreto. El verdadero valor constitucional es que en democracia no hay verdades últimas, que la democracia consiste en haber dado con un sistema que regula y posibilita la convivencia porque no impone ninguna verdad como obligatoria para poder ser ciudadano.

La democracia no niega la verdad, ni puede instaurar el relativismo como valor exclusivo. Lo que niega es que ella misma, sus procedimientos y sus instituciones puedan llegar a definir la verdad. La aconfesionalidad del Estado no quiere decir nada más que esto, pero quiere decir todo esto: ninguna de las leyes aprobadas en democracia son verdad, y ningún ciudadano pierde la libertad de discrepar de ellas para poder ser sujeto de derechos. Siempre que las acate.

Sería bueno que este debate sirviera para limitar a quienes, desde una fe concreta, pretenden condicionar del todo el espacio público; para limitar a quienes creen que, por no ser religiosa su postura, nada tiene que ver con la fe y no está sometida a las exigencias de aconfesionalidad. Pero, sobre todo, para recordar que la traducción actual de libertad de conciencia significa libertad de identidad, libertad de sentimientos de pertenencia, e incluso de lengua. Y aquí acechan peligros que muchos no quieren ver.

Joseba Arregi es doctor en Teología y Sociología y fue parlamentario del PNV y consejero de Cultura del Gobierno Vasco.

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