Reggio

Nos encontramos en un momento político interesante, no tanto por todo el ruido generado alrededor de ETA y de las cosas que el nacionalismo español esconde tras su violencia, como por la guerra de discursos que se está produciendo entre Josu Jon Imaz y sus aliados del PSE-PSOE y el sector malo malísimo del PNV que, según los medios de comunicación (españoles), lideraría Joseba Egibar, y entre cuyos cabecillas se encontraría también el Lehendakari Juan José Ibarretxe.

Josu Jon Imaz, desde el día que se hizo cargo de la presidencia del PNV, ha implantado un nuevo discurso que viene a decir que el futuro de Euskadi será transversal o no será. Básicamente, es una idea con la que estoy de acuerdo, si lo que queremos es una situación política estable a largo plazo. El problema es que, dada la actual relación política entre Euskal Herria y España, esa transversalidad da por sobreentendida una igualdad de derechos políticos entre aquellos vascos que se sienten nacionales vascos y aquellos que se sienten nacionales españoles. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Veamos por qué.

El pasado martes, en la celebración de una efemérides de su partido, Imaz concretó un tanto su visión al proponer la consecución de un acuerdo político sobre autogobierno entre vascos, de carácter forzosamente transversal y con los más amplios apoyos posibles, que luego sería obligatoriamente aceptado por las Cortes españolas sin tocarle un punto ni una coma. Aunque a estas palabras se apresuró a dar cumplida respuesta desde Madrid el señor López Garrido en términos previsibles, el PSE, por boca del señor Ares, se apresuraba a su vez a compartir las palabras de Imaz aportando su “amén”.

Pero, contradicciones socialistas aparte (algo a lo que ya estamos sobradamente acostumbrados), ¿qué demonios significa realmente la propuesta de acuerdo del señor Imaz?

Desde un punto de vista superficialmente, nominalmente democrático, la propuesta resulta muy bonita. ¿Quién no estaría de acuerdo, en principio, con que los vascos nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros y luego España se limitara a aceptar lo que hubiéramos decidido?

Sin embargo, las cosas no son tan simples.

Es obvio que las Cortes españolas, con la actual Constitución, y con la interpretación rabiosamente nacionalista y sectaria que de ella han impuesto el PSOE y el PP, no están en absoluto obligadas a aceptar sin rechistar una decisión política adoptada en una comunidad autónoma. Por tanto, cuando el señor Imaz dice lo que dice al respecto, no está haciendo otra cosa que jugar con las palabras para esconder la realidad de los hechos. ¿Cuáles son esos hechos?

Respondámonos con otra pregunta: ante una propuesta como la del señor Imaz, ¿por qué el PSE-PSOE se ha apresurado a decir “amén”? Pues por la sencilla razón de que lo que esconden las palabras de Imaz es una propuesta de acuerdo político entre los partidos vascos abertzales y el PSE-PSOE sobre el autogobierno, que luego este último se comprometería a aprobar, o al menos a votar a favor, tal cual se firme en Euskadi, en las Cortes españolas.

Si el señor Imaz se atreve a asegurar que ese acuerdo conseguido en Euskadi luego sería aceptado sin retoques por las Cortes españolas, es porque, uno, confía en que los socialistas cumplirán lo que le han prometido, y dos, presupone que con el apoyo del PSOE el acuerdo pasará satisfactoriamente el filtro de las instituciones españolas.

Pero debemos preguntarnos, ¿qué puede llevar al PSOE, que es un partido ferozmente nacionalista, a aceptar un compromiso de esta naturaleza? Pues sencillamente, la garantía de que el acuerdo que salga de las instituciones vascas sea del absoluto agrado de la Ejecutiva Federal de dicho partido. Creo que a partir de aquí, los que tengan un sentimiento de identidad nacional vasco deberían empezar a mosquearse.

¿Cómo puede el PSE-PSOE tener la seguridad de que ese hipotético acuerdo conseguido en Euskadi sería del agrado de su Ejecutiva Federal? La respuesta la tenemos en las palabras de Imaz: el acuerdo habrá de ser forzosamente transversal y tener los más amplios apoyos. Obviamente, esto significa, como ya han destacado otros analistas, otorgar al PSOE derecho de veto: si el acuerdo no recoge absolutamente sus condiciones, ese acuerdo jamás llegará a ver la luz, y por tanto jamás llegará a las Cortes españolas.

Alguien podría decir que, ante la búsqueda de ese acuerdo, las fuerzas abertzales también tienen el mismo derecho de veto, porque si el contenido no es de su agrado, pueden abortarlo. Claro, aquí está la clave: ¿qué ocurre si no se alcanza un acuerdo? Pues que las cosas se quedan como están hoy, es decir, con un estatus para la Comunidad Autónoma Vasca y para Navarra plenamente acorde con los intereses del nacionalismo español. Así ya se puede ir a una negociación, ¿verdad?.

Al señor Imaz, supuesto promotor de esta iniciativa, creo que cabe hacerle una pregunta desde las posiciones abertzales: ¿tiene condiciones previas la negociación de ese hipotético acuerdo? Dado que el PSOE va a tener, de facto, derecho de veto sobre él, creo que es importante saber si además el PSOE ha establecido límites infranqueables a priori. Porque entonces la tan cacareada propuesta de acuerdo entre vascos no sería otra cosa que una gigantesca tomadura de pelo para los abertzales.

¿Estará la soberanía entre las cuestiones a discutir, siquiera implícitamente? ¿Y la de los símbolos nacionales? ¿Y la de los cambios constitucionales para que incluya los acuerdos alcanzados? Hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha establecido límites intocables a cualquier negociación: la existencia de una única nación española, la soberanía nacional residente en Madrid, los símbolos identitarios (como las selecciones deportivas oficiales) o la intocabilidad de la Constitución, por citar las más llamativas.

Por lo tanto, los que defienden esta iniciativa, que supuestamente pondría fin al dichoso contencioso político entre Euskal Herria y España, deberían aclararnos qué clase de acuerdo pueden esperar los ciudadanos vascos –vizcainos, alaveses, gipuzcoanos y navarros- que no se sienten españoles, si a los socialistas se les otorga derecho exclusivo de veto y además se les acepta la imposición previa de los límites de la discusión. ¿Otro Estatuto de Gernika? Para eso no hacía falta montar todo este tinglado. Al fin y al cabo, el vigente estatuto ya recoge la “nacionalidad” vasca, aunque no sirva para nada; el reconocimiento de unos “derechos históricos” de los territorios forales, que tampoco se traduce en nada concreto; la posibilidad de crear un órgano conjunto entre Nafarroa y la CAV, o incluso la posibilidad de formar una única comunidad autónoma entre los cuatro territorios forales. ¿Qué incluiría ese nuevo supuesto acuerdo, si las cuestiones clave, las que suponen el meollo de la cuestión, son precisamente las que los partidos españoles jamás van a permitir que sean puestas en cuestión?

Como escribía Ramón Zallo hace unas fechas, tenemos que elegir entre normalizar la situación o ser normalizados. Y esa es una elección sobre la que no tienen que tener dudas los abertzales, y especialmente, hoy, el PNV.