TRIBUNA

El gran desafío de América latina es dotar a los Estados de instrumentos y capacidades para construir ciudadanía e igualdad allí donde hoy domina la exclusión y la pobreza.

La política y la democracia nunca tuvieron un desafío semejante: el contexto actual en el que las democracias latinoamericanas deben afianzarse y echar raíces constituye una novedad histórica sin precedentes. Mientras la secuencia cronológica por la que atravesaban las sociedades era desarrollo, riqueza, crecimiento, libertades y, finalmente, práctica democrática, en nuestra región la democracia debe construirse en condiciones de alta pobreza y alta desigualdad.

El triángulo democracia-pobreza-desigualdad es un elemento nuevo en la historia del mundo. Ser ricos y democráticos es completamente diferente a ser pobres, desiguales y democráticos. La naturaleza de los desafíos institucionales, políticos y económico-sociales es otra y la conquista de la legitimidad democrática deviene mucho más compleja.

La democracia tiene como condición necesaria las elecciones libres y transparentes; sin ellas, no habría ejercicio democrático. Sin embargo, la democracia va más allá de la existencia de elecciones libres y transparentes. La sustentabilidad democrática —es decir, la prolongación en el tiempo de la democracia y su capacidad para autoregenerarse— estará determinada por la legitimidad democrática.

Siendo que el objetivo de la democracia es la transformación de los derechos nominales escritos en nuestras constituciones, en nuestras leyes y en cientos de otras normas que pertenecen a los ordenamientos positivos, en la vida cotidiana, la legitimidad de la democracia aumentará en la medida en que ésta pueda producir mejoras concretas en la calidad de vida de las latinoamericanas y latinoamericanos.

En este sentido, algunas de las conclusiones del Informe "La democracia en América latina" producido por el PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tuve el honor de dirigir en 2004 reflejaron los desencantos de una mayoría de los ciudadanos de 18 países de la región. Este paso entre el derecho nominal y la realidad es la construcción de ciudadanía, entendida como el derecho vivido por los hombres y por las mujeres de nuestros pueblos.

Por lo tanto, la democracia no es solamente un sistema para elegir quién gobierna, sino un sistema para organizar la sociedad de tal manera que los derechos se conviertan en realidades. Que mi derecho a un trabajo decente, como sostiene la OIT, se traduzca en una realidad de un trabajo decente y que mi derecho a la integridad física se corporice en la realidad de mi integridad física.

¿Por qué la democracia es el mejor sistema para organizar a la sociedad con el objetivo de construir ciudadanía?

No sólo porque hasta ahora no se ha inventado un sistema mejor, y esto no constituye una afirmación axiomática, sino porque la democracia tiene como objeto básico organizar el poder en la sociedad. Si no hubiera quien organice el poder en la sociedad, es difícil imaginar que los más débiles pudieran gozar de sus derechos, o que las minorías fueran tratadas con los mismos derechos por las mayorías.

Entonces, si tenemos que construir ciudadanía en situaciones de alta desigualdad (América latina posee un coeficiente Gini de 0,51 contra uno de 0,46 para Africa, es decir que es más desigual que esta última) y de extrema pobreza ( el 40% de las poblaciones, en la mayoría de los casos, está por debajo de la línea de pobreza), es imprescindible resolver un desafío que es, a mi juicio, el nudo central de la agenda política latinoamericana: el Estado es necesario para las nuevas democracias de nuestra región.

En el pasado tuvimos un Estado que absorbió las capacidades individuales obturándolas. Omnipresente, un señor detrás de un escritorio decidía, entre otras cosas, desde el precio de la cebolla hasta dónde había que realizar inversiones estratégicas. Ese Estado, que eliminaba la creatividad que conlleva la libertad económica, se agotó y nos agobió. Luego vinieron las grandes reformas de los 80, y sobre todo, de los 90, impuestas, en muchos casos, a través de metodologías no democráticas. Sin embargo, tiramos el agua de la bañera con el niño adentro y nos quedamos sin Estado; esto es, nos quedamos sin poder para democratizar, para construir ciudadanía.

¿Cómo se hace para organizar el poder si las mayorías eligen un poder que no tiene poder en el Estado? ¿Qué sucede cuando el gobierno que ocupa un Estado que no tiene poder no puede organizar "el poder" en una sociedad? Este debate no está suficientemente elaborado y mucho menos están resueltos sus interrogantes.

¿O alguien podría creer que el narcotráfico en América latina es una consecuencia del exceso de Estado? ¿O podemos afirmar que Latinoamérica tiene la tasa de homicidios dolosos más alta del mundo porque sobra Estado? ¿Los problemas migratorios que experimentan muchos de nuestros países se producen porque sobra o falta Estado? ¿Las inseguridades cotidianas son consecuencia del exceso o de la falta de Estado? Incluso, y aunque suene un tanto desafiante y provocador, ¿nuestras imperfecciones de mercado son muestras de la "falta de Estado" o de su excesiva presencia?

El voto es un instrumento que tiene que ser lo más perfecto posible para alcanzar el poder y desde el poder transformar nuestras sociedades y hacer que los derechos se conviertan en realidad. Sin embargo, para alcanzar el poder tiene que haber poder público, tiene que haber Estado. No el Estado del pasado, que nos agobió, sino el Estado que precisamos para una democracia de ciudadanos. Organizar las condiciones para que la democracia sea creadora de ciudadanía es, a mi juicio, el desafío más urgente de nuestra América latina. Cuando la democracia transforma en realidad los derechos nominales, nos acercamos a la democracia de bienestar.

Dante Caputo. SECRETARIO DE ASUNTOS POLITICOS DE LA OEA.

http://www.clarin.com/diario/2007/08/01/opinion/o-02901.htm

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