EL CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO EN ESPAÑA

A raíz del 30° aniversario de la transición de la dictadura a la democracia en España se ha reproducido en muchos medios de información la interpretación dominante de aquel periodo que asume que el advenimiento de la democracia fue resultado del liderazgo del Rey, el cual, con el apoyo de las élites políticas, empresariales, financieras y eclesiásticas, desarrolló su proyecto democrático, que había mantenido oculto durante la dictadura y que pudo realizar tras la muerte del dictador. Tal versión ha sido incluso reproducida por algunas voces de izquierda que han visto al monarca y a su Gobierno, liderado por Adolfo Suárez, como las piezas clave en el establecimiento de la democracia.

Ni que decir tiene que tal explicación tiene distintas versiones, pero en todas ellas se presenta la transición como un proceso liderado por el Rey, sin que la población tuviera gran protagonismo, recordándosenos que el dictador murió en la cama, frase que quiere comunicar el mensaje de que la población pacificada durante 40 años de dictadura no mostró resistencia al régimen dictatorial. Según tal explicación, solo unos pocos resistentes se habían opuesto activamente a él.

LA REALIDAD, sin embargo, fue muy distinta. La evidencia -existente en varios documentos, incluido el libro El final de la dictadura, de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio- muestra que las fuerzas de la nomenclatura franquista llamadas reformistas no tenían un proyecto democrático al principio de la transición. La misma evidencia muestra a grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, que se opusieron activamente a la dictadura y al dominio conservador del proceso de transición, habiendo sido esta presión popular la que fue determinante para el establecimiento de la democracia.

En realidad, detrás de cada uno de los movimientos de la monarquía y de la nomenclatura del Estado franquista hacia un proyecto democrático había grandes movilizaciones obreras. Lejos de la imagen de pasividad que se transmite, España fue el país de Europa con mayor agitación social durante aquel periodo, habiendo tenido lugar las mayores protestas obreras conocidas en la Europa occidental desde la segunda guerra mundial. Tal como señalan Sartorius y Sabio, en 1976, año decisivo en la transición, hubo 1.438 días de huelga por cada 1.000 trabajadores (la media en la Comunidad Europea era de 390 días), y en los sectores industriales tal cifra alcanzó 2.085 días (cuando el promedio de la CEE era de 595), situación que se repitió en 1977.

Tal agitación social se había manifestado con gran intensidad a partir de 1973, y alcanzó su cenit en 1976, cuando un alarmado Ministerio de Gobernación (consciente de que en los primeros nueve meses de aquel año habían existido ya 17.731 huelgas con 150 millones de horas de trabajo perdidas) alertó del "gran peligro que representaba tal movilización para la continuación del orden institucional", lo cual quería decir la continuación de la Monarquía. Los documentos del Ministerio de Gobernación señalan claramente el gran temor que existía en los círculos gobernantes sobre las movilizaciones obreras. Fueron tales movilizaciones las que motivaron que el Monarca despidiera a Carlos Arias Navarro, el cual había mostrado su imposibilidad de controlar tales movilizaciones a pesar de haber sido el suyo uno de los gobiernos más represivos en los últimos 10 años de la dictadura.

Torturas y detenciones fueron práctica común de aquel Gobierno, con varios obreros asesinados en la defensa de sus derechos laborales. El 60% de los procedimientos llevados a cabo por el enormemente represivo Tribunal de Orden Público en sus 13 años de existencia se realizaron durante el Gobierno de Arias Navarro (más de 12.000 casos). La imposibilidad de recuperar la normalidad, consecuencia de la gran resistencia popular, hizo que el primer Gobierno de la Monarquía aprobara en Consejo de Ministros la propuesta de Arias de militarizar a todos los empleados de Correos, Telégrafos, Telefónica, ferrocarriles, agua, gas y electricidad, es decir, la infraestructura del Estado, que se veía en peligro.

ANTE LA imposibilidad de recuperar la normalidad y estabilidad social del país, el monarca sustituyó a Arias por Suárez, que recibió las instrucciones reales de que explorara con partidos de la oposición, entonces en la ilegalidad, la posibilidad de incorporarlos al proceso de reforma, excluyendo a aquellos sectores que habían sido más activos en la resistencia, incluyendo el Partido Comunista. Su intento era establecer una democracia limitada, que intentaba marginar a amplios sectores de la clase trabajadora, tal como ha reconocido Herrero de Miñón, uno de los colaboradores de Suárez (El Siglo 2-8 Junio del 2007).

De nuevo, fue la presión popular la que forzó tal cambio y el Partido Comunista fue aprobado (aun cuando la ley aprobada por Suárez discriminaba y continúa discriminando a aquella fuerza política). A la imagen tan extendida de que Franco murió en la cama, utilizada por aquellos que desean dar protagonismo al Rey y a la nomenclatura franquista y reformista en el proceso de transición hay que enfatizar que, tal como señalan Sartorius y Sabio: "Si bien el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle".

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra