Las estadísticas dicen que España es la octava potencia económica del mundo. Pero aquí nadie pestañea ni se estremece. Como si estuviésemos ya familiarizados con el disfrute de esta clasificación privilegiada. También se dice que la economía gallega es fuerte, competitiva, internacionalizada, con procesos de convergencia acelerados y con unas cuentas autonómicas saneadas y solventes. Pero, Galicia, ¡ay!, tiene una demografía deteriorada y un territorio desordenado, precisando además diseñar un mapa municipal acorde con los tiempos, derrotar la cultura de la subvención, construir universidades potentes ligadas a la realidad, atraer inversión extranjera, desarrollar la igualdad de oportunidades, fortalecer los valores y las instituciones democráticas o proteger la naturaleza y el medio ambiente, por citar sólo algunas prioridades que son de general conocimiento y aceptación.

Somos la octava potencia del mundo, pero nuestros municipios tienen financiación tercermundista. Una agonía estructural que no soporta ya el silencio. Las causas que explican esa anemia presupuestaria son conocidas, lo que permite identificar responsabilidades y diseñar correcciones eficientes. Esas causas son, básicamente, tres: esfuerzo fiscal reducido, gestión tributaria deficiente y presencia de subvenciones múltiples que refuerzan las dos prácticas anteriores. Los responsables del esfuerzo fiscal y de la gestión tributaria son los municipios; los responsables de las subvenciones son la comunidad autónoma y, en menor medida, las diputaciones. Si las subvenciones buscan la reproducción política (el municipio reducido a agente electoral), las consecuencias son lamentables: inhibición fiscal, presupuesto raquítico, desigualdad, clientelismo, opacidad, picaresca, interiorización de valores y comportamientos no democráticos.

Pero las subvenciones también pueden utilizarse para que los municipios potencien su responsabilidad fiscal y desarrollen comportamientos de utilidad social contrastada. Por ejemplo, incentivando procesos individualizados y voluntarios de convergencia y normalización tributaria; impulsando la creación de entidades supramunicipales (mancomunidades, consorcios, etcétera), si así lo exige la gestión racional de los recursos; premiando la rendición de cuentas; fortaleciendo el urbanismo, la profesionalidad y los servicios de asistencia a municipios, etcétera.

O, dicho en otros términos, si somos una potencia y todo va estupendo, deberíamos evitar comportamientos indeseados mediante la cooperación institucional incentivada. Y todo ello, naturalmente, con transparencia exquisita, donde la evaluación periódica de objetivos, resultados y costes permita corregir las desviaciones y asignar mejor los recursos públicos.