Como un abrigo de visón en Sevilla, o un frigorífico en Siberia, nadie acierta a decir para qué sirve el valedor do pobo. La teoría -la que figura en la ley- también la sé yo. Pero la verdadera realidad ni siquiera queda clara cuando un valedor, juez de carrera, hace su discurso de toma de posesión. Mi impresión, tan sincera como discutible, es que los valedores do pobo son la cosa más parecida a lo que llaman en Forcarei un alma en pena, que deambula por los caminos, y toma presencia en ciertas encrucijadas, con el simple ánimo de colarse -como decían las letanías- por las janua coeli. Y, metido ya en confesiones, no quiero ocultarles mi sospecha de que entre las causas que han relegado esta figura a su actual estado vegetativo está el craso error, iniciado por Fraga y continuado por el bipartito, de cubrir el cargo con jueces jubilados o excedentes, en una apuesta acomplejada y sin sentido político que induce a pensar que, además de no saber para qué sirve un valedor do pobo, tampoco tenemos muy claro para qué sirve un juez.

Teniendo en cuenta que el valedor do pobo no tiene que hacer justicia, ni gobernar, ni convertirse en la última instancia o en el recurso administrativo que ya no cabe, sino vigilar por el buen funcionamiento de las Administraciones, sería bueno que alguien se diese cuenta de que la Administración que peor funciona en España, la más ineficiente y la menos vigilada, es la Administración de Justicia. Y por eso resulta muy difícil evitar que los vicios togados, tan poco ejemplares en su dedicación y en sus resultados, se trasladen -¡venga folios, venga informes, venga solemnidad!- a una casa que está pensada para políticos que viven en la calle y ganan en ella sus méritos y trayectorias.

Quede claro que nada de esto tiene que ver, por ahora, con Benigno López, a quien no conozco ni quiero juzgar. Pero no deja de tener cierta gracia que entre sus prioridades figure el control de la Xunta, que ni se retrasa durante años ni da conferencias en horas de trabajo, en vez de figurar la Administración de Justicia, que tiene en Galicia uno de sus puntos más negros. Tampoco me deja buen sabor de boca el conectar la unanimidad con la legitimidad -a estas alturas ya deberíamos saber ciertas cosas-, o la independencia, que le es propia a todo funcionario y autoridad pública en el ejercicio de su competencia y jerarquía, con la específica independencia de los jueces, cuya incorrecta interpretación está en la base de su aterradora ineficiencia administrativa.

Por eso me veo obligado a reconocer que la toma de posesión del valedor do pobo no me ilusiona nada. Aunque -y aquí está el busilis- tampoco me preocupa lo más mínimo.