OBSERVATORIO

Dos preguntas simples sobre el macroapagón, a la californiana, de Barcelona.

Primera. ¿Quién es el culpable? Sólo pueden ser dos: REE y/ o Endesa. Estas dos empresas gozan de la concesión de un servicio público y lo que ha quedado de manifiesto es que no han cumplido con su obligación básica que es garantizar el suministro eléctrico, que es esencial. ¿Por falta de inversión? A la vista del estado general de la red, que se ha puesto de manifiesto como consecuencia del apagón, sin duda no puede ser otra la causa principal, sea cual sea el desencadenante. De hecho, según los últimos datos, las inversiones en nuevas subestaciones (39 comprometidas) apenas han llegado a la mitad de lo comprometido. Mientras, las empresas no sólo han seguido ganando dinero, han repartido dividendos extraordinarios.

Segunda. ¿Cuál es la responsabilidad de las administraciones? Deben supervisor el sistema y verificar que se cumplen las condiciones para aseguarar el servicio de calidad. Debían haberlo hecho de forma extrema tras los últimos apagones. ¿Lo han hecho?. Ha la vista de lo sucedido, no. También hay vacíos legales. Las comunidades autónomas, competentes sobre la distribución eléctrica, hasta hace prácticamente unos días (el 4 de julio) no tenían acceso a información sobre las inversiones realizadas. Y a los efectos de este último apagón, ya no la tendrán. Pero es que, además, no disponen de instrumentos para imponer sus decisiones a las grandes empresas. Como máximo, aspiran a dictar sanciones que serán firmes años después, tras los correspondientes litigios, por importes mucho menores a los impuestos inicialmente y, en cualqueir caso, ridículos en comparación con los rendimientos obtenidos por las empresas al incumplir las normativas.

Estaría bien saber qué opinarían quienes han cargado contra las administraciones, y contra Catalunya en general, si se aplicase el artículo 65 de la ley del sector eléctrico: "La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para operar en el mercado por un período máximo de un año. La revocación o suspensión de las autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente para otorgarlas". Ley aprobada por el ministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, y mantenida por el PSOE.

A las autoridades corresponde responder si creen que es este el caso teniendo en cuenta que en Catalunya se han padecido ocho grandes apagones en 15 años. Nadie quiere ver las cosas en esos téminos. Pero, ¿cuál es la opinión sobre la idea de reforzar los poderes y los instrumentos de autoridad a administraciones y reguladores?.