EL REVÉS DE LA TRAMA

Dice ahora el fiscal general Conde-Pumpido que hay que actualizar las medidas cautelares que se aplican a los medios de comunicación. ¡Ah! ¿Pero no lo sabía antes? ¿Ha tenido que suscitar el secuestro judicial de una revista para darse cuenta? El episodio de la medida adoptada contra El jueves ha sido un auténtico desastre, suficiente para poner en duda la capacitación de sus autores... o sus designios.

El secuestro de un medio de comunicación, figura constitucional encomendada al juez y sustraída a la autoridad administrativa, que era quien la aplicaba en el franquismo, es una medida extrema diseñada para evitar la difusión de un contenido presuntamente delictivo. Ha sido un recurso excepcional desde 1978 y de eficacia desigual.

Por ejemplo, un juez provincial secuestró parte de la edición de las memorias de Julio Feo, secretario de la Presidencia con Felipe González, pero la mayoría de los libros se había vendido ya. En otra ocasión, el juez prohibió la emisión del programa de televisión La máquina de la verdad a instancias de Ana García Obregón, que reclamó protección para los derechos personales de un hijo, y los contenidos juzgados atentatorios no se difundieron.

Con el secuestro de El jueves, Conde-Pumpido y el juez Del Olmo, que lo ordenó, han causado exactamente lo contrario de lo que pretende una medida cautelar, pues en cuestión de minutos la viñeta perseguida dio la vuelta al mundo en los soportes supersónicos de internet. Asombra que estos dos funcionarios de la cúpula judicial desconocieran cómo funcionan hoy los medios, pese a que el magistrado ordenaba, según se ha dicho desde la revista, destruir «los moldes» de la impresión, que son unos artilugios industriales que hoy ya sólo se encuentran en los museos. En todo caso, si fiscal y juez estaban decididos a conseguir la finalidad esencial del secuestro, o sea, que el objeto de la medida no fuera conocido, no se entiende que no actuaran de inmediato contra las reproducciones en internet.

Se habrían dado cuenta de que su capacidad de intervención chocaría con inconvenientes insalvables, pues muchas de las webs que se han ocupado del asunto están domiciliadas fuera de España, pero al menos habrían mostrado su voluntad de cumplir los objetivos de un secuestro. Su secuestro ha sido como una parodia burlesca de un acto judicial, desbordado por circunstancias previsibles y no previstas.

Pero quedan las consecuencias, o sea, las víctimas, que no son otras que los Príncipes, tan burdamente caricaturizados y expuestos a todo el mundo, y la Familia Real en general. Mucha gente piensa hoy que esto ha sido una lesión a la libertad de expresión para tributar un privilegio a la Corona. Basta escuchar las conversaciones en los bares, algunas de ellas teñidas de sorprendente irritación. Pocos saben, porque no se ha insistido en ello, que la Corona es ajena al secuestro, que no ha movido un dedo para que se actuara contra la revista, y pocos intuyen que la Familia Real prefiere soportar viñetas a ser objeto de polémica. Pero el daño está hecho y hay que ver algunas cosas que ahora se dicen por la red y en las barras aprovechando que el asunto está de moda.¿Fiscal y juez querían hacer un favor a la Corona? Siempre que se habla de acciones en torno a la realeza se recuerda aquella frase de Bertrán du Guesclin mientras colaboraba con don Enrique de Trastamara para asesinar a Pedro I 'El Cruel': «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Falta saber quien es el señor de la presente historia. Los lectores, que no son tontos, se imaginan algunas posibilidades.

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